Una médica salteña fue detenida por haber practicado una Interrupción Legal del Embarazo (ILE). La mujer, MLR, fue liberada unas horas después pero sigue sujeta a una causa judicial. MLR es la única médica que no adhiere a la objeción de conciencia en el hospital de Tartagal. Fue denunciante de irregularidades y acciones abusivas de un médico que se niega a practicar interrupciones legales y voluntarias de embarazos (ILE e IVE) en el sector público, pero en el sector privado haría abortos a cambio de sexo o dinero, según se señaló en denuncias administrativas. El arresto se produjo mientras en Salta avanza un pedido de incostitucionalidad de la ley del aborto pese a que el recurso no cumple con los requisitos legales.

MLR fue detenida el viernes por la mañana, a raíz de la denuncia de una tía de la joven gestante; se la imputó formalmente y por la tarde, tras una jornada de movilizaciones públicas de organizaciones que defienden los derechos las mujeres, se dispuso su libertad. 

Santiago Payo, gerente del Hospital “Juan Domingo Perón”, de Tartagal , respaldó a la médica que intervino en la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a una joven de 21 años que solicitó acceder a ese derecho.

Payo afirmó que en este caso se actuó "como le corresponde actuar a una institución del Estado, respetando la ley que se cumplió tal como debe cumplirse”, insistió. Sostuvo que las actuaciones quedaron asentadas en la historia clínica y que con "los informes psicológicos" en el hospital entendieron que "estaba en riesgo la salud integral de la paciente. Y al hablar de la salud integral hay que remitirse a las definiciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud)”, aclaró.

Asimismo, desmintió informaciones publicadas por algunos medios de comunicación. Con respecto a la afirmación de que la joven habría sido obligada a abortar respondió: “Todo el tiempo, desde que se la internó, la chica estuvo sola en la habitación. En total libertad como cada una de nuestras pacientes. Y podía irse si así lo decidía. Es más. Estuvo el tío más temprano y terminaron mal”, contó.

Al ser consultado sobre el motivo por el que se detuvo solo a la médica que practicó el aborto, si fue un equipo de salud el que decidió la ILE, respondió que “mediáticamente todos los reflectores apuntaron a la doctora como autora de todo y eso es algo que no debió hacerse”. A su entender, “se debería haber investigado más antes de restringir su libertad”. En este punto destacó que la joven (que no es denunciante en la causa) ni siquiera declaró hasta el momento en la causa penal. “Yo le tengo que dar mi apoyo total a la doctora”, concluyó. 

Día de protestas 

La médica estuvo detenida entre las 10 y las 17 (aunque su libertad se dispuso antes, su salida se demoró por las formalidades del procedimiento penal) y quedó imputada por el fiscal penal de Tartagal Gonzalo Ariel Vega. Aunque ni bien se la detuvo se temió que fuera a permanecer más tiempo en esa condición, tras la reacción de organizaciones de mujeres de Tartagal, la ciudad de Salta y el país, el juez de Garantías N° 2 de Tartagal, Héctor Fernando Mariscal Astigueta, que antes había ordenado la detención, dispuso su libertad, luego de que el fiscal no solicitara la continuidad de la prisión preventiva. 

Entre otras reacciones, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, la Asamblea Feminista, la Mesa de Derechos Humanos de Salta, y la Delegación Salta del Inadi salieron a repudiar a los funcionarios varones del Ministerio Público Fiscal (MPF) y el Poder Judicial de Salta que intervienen en este proceso. 

Estas reacciones, y la nacionalización de la noticia parecen haber sido factores determinantes en la liberación de la profesional.

La médica fue acusada de haber continuado con el aborto pese a que la joven se “habría arrepentido”, indicó en potencial el Ministerio Público Fiscal, que sostuvo que la prueba del "cambio de idea" de la joven es lo que escribió un agente de salud en la historia clínica. 

MLR es la única médica que no adhiere a la objeción de conciencia en el hospital de Tartagal. Fue denunciante de irregularidades y acciones abusivas de un médico que se niega a practicar ILE e IVE en el sector público, pero en el sector privado haría abortos a cambio de sexo o dinero, según se señaló en denuncias administrativas. 

Por eso las organizaciones de mujeres interpretan que detrás de la denuncia a la médica se esconde la intención de impedir que continúe posibilitando el acceso al derecho a la interrumpción de embarazos, y también una suerte de venganza por sus denuncias anteriores. 

Libertad sin más

“Me ganó de mano”, dijo a Salta/12 el abogado de la médica, Cristian Villagrán, al referirse a la decisión del juez Mariscal Astigueta, que tras la audiencia de imputación --en la que la médica se abstuvo de declarar--, dispuso la libertad de la profesional.

El magistrado había accedido un día antes al pedido del fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gonzalo Vega, para detenerla. Tras imputarla por la presunta comisión del delito de aborto, contemplado en el artículo 85 inciso 2 del Código Penal, el fiscal no solicitó la continuidad de prisión. Ante eso, el juez dispuso medidas sustitutivas y decidió liberar a la médica. 

Villagrán contó que había presentado un escrito solicitando la libertad de su clienta, pero nunca le fue contestado. “Hay muchos elementos para pedir su sobreseimiento”, afirmó el letrado.  

Entre el jury y la falta de formación

El abogado de los denunciantes, Rambert Ríos, afirmó que solicitará un jury contra el fiscal Vega y la fiscala de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez. 

Los denunciantes alegan que no se trató de un aborto consentido. En este punto, según declaraciones del tío de la joven a medios de Tartagal, un médico de apellido Vidal (del mismo hospital) lo llamó para avisarle que su sobrina se disponía a interrumpir su embarazo. Surge de ese relato, incluso, que la chica le había mentido y para justificar su salida le había dicho que iba a realizar unos trámites.

La joven iba a prestar declaración testimonial ayer en la causa penal pero el abogado de su familia pidió una prórroga. Al ser consultado sobre este pedido, Ríos contestó que se debió a que “está de duelo” por lo acontecido y necesita estar en mejores condiciones para declarar.

“Esto pone a las claras que no están formados y desconocen las leyes vigentes”, dijo por su parte la integrante del Instituto de Género del Colegio de Abogados y referente del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) en Salta, Gabriela Gaspar. A su entender, “es muy objetable la actuación del MPF porque tomó una actitud parcializada en relación a la vigencia de un nuevo ordenamiento jurídico respecto a la ILE”. 

También mostró preocupación por el papel de los medios que difundieron este hecho, y en muchos casos publicaron el nombre de la joven, “generando una revictimización de quien hizo valer su derecho a la ILE, y que además terminaron desinformando”. 

Por otra parte, Gaspar criticó a la concejala de Salvador Mazza (pueblo del departamento San Martín, del que es cabecera Tartagal) Claudia Subelza por haber hecho público no solo los datos de la profesional sino también la identidad de la joven. “Se han vulnerado otros derechos y hay que poner el foco en que quienes incumplieron acá fueron otros y no la médica que realizó una práctica legal”, sostuvo al señalar que se violó la intimidad y confidencialidad de la paciente.

Asimismo, llamó a la reflexión a las personas que actúan en medios de difusión ante el amarillismo que tiñó los relatos publicados. También apuntó contra quienes “ejercen un poder legislativo y plantean el debate desde la subjetividad y arbitrariedad, y no desde la ley”. Para Gaspar, esto muestra a las claras una total falta de perspectiva de género y la necesidad de capacitar en el marco de la Ley Micaela.

"Al lado de los más vulnerables"

“Mi hija se recibió de médica hace unos 10 años. Ella es medalla de honor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires”, comenzó su relato el padre de MLR, al hablar con Salta/12.

Ayer por la tarde, un poco más tranquilo por la liberación de su hija pero no menos enojado con la justicia, contó cómo fueron los inicios de la profesional. “Entrar a las residencias de los hospitales nacionales es muy difícil. Y ella entró al Posadas. Fue cuando estaba allí que hizo una rotación por Santa Victoria Este (uno de los municipios más pobres del país, ubicado en el límite tripartito). Todo el mundo se enamoró de mi hija. Cuando volvió a Buenos Aires le ofrecieron ser la jefa de Residentes pero ella decidió volverse a Tartagal porque prefería estar del lado de la gente más vulnerable”, contó en tono de orgullo.

El hombre afirmó que su hija siempre fue “una militante social”, y la consideró una mujer de “mucha entereza”. Respecto a la situación en Salta, opinó que su hija “ahora tiene que ir más que nunca (al hospital de Tartagal), cosa que a mí me duele mucho. Le voy a sugerir que se quede ahí hasta las últimas consecuencias porque si se va, es darle la razón a esos tipos”.

Aún dolido por la imagen de su hija en un video saliendo esposada y con escolta policial, se refirió a la actuación del Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial de Salta. “No podemos estar en manos de un puñado de atorrantes para manejar las cosas como se les canta. Eso es algo feudal. Imagínese la inseguridad jurídica entonces ante cualquier profesional que tenga que intervenir en una interrupción de embarazos”, manifestó. Dijo que con este tipo de actuaciones judiciales se pone en riesgo además el derecho de niñas, adolescentes y mujeres.

“Estos tipos que son antiderechos, terraplanistas, antivacunas… en fin son antitodo, son todos iguales. Creen que la sentencia judicial de un juez puede ir contra una ley que fue votada”, agregó. “Mi hija es víctima de este tipo de caprichos por querer imponer una actitud moral. No les importa decir cualquier cosa. Apuestan a la posverdad. Miento y con eso cometo el delito de prevaricato”, añadió sobre las actuaciones por las que su hija fue detenida y ahora quedó imputada.

“Una vez que salga de mi bronca veré cómo seguimos”, añadió. Y es que además de ser el padre de MLR, es abogado hace 37 años y docente de Derecho Público en la Facultad de Economía de la UBA.