Floreal Avellaneda tenía quince años en abril de 1976, cuando lo secuestraron junto con su mamá, Iris. El cuerpo del “Negrito”, como todos conocían al pibe que militaba en la Federación Juvenil Comunista (FJC), apareció al mes en la costa uruguaya con signos de haber sufrido torturas aberrantes. El juicio por lo que pasaron Iris y el “Negrito” se hizo en 2009, fue el primero de la megacausa de Campo de Mayo, pero dos de los secuestradores aún hoy --doce años después-- no tienen una sentencia firme. Después de retener ocho años la causa, la Corte Suprema devolvió recién días atrás el expediente a la Cámara Federal de Casación en lo que aparece como una dilación sin límite.

En 2009, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de San Martín condenó a todos los acusados por el secuestro, las torturas y el homicidio del “Negrito” Avellaneda. Sin embargo, las penas fueron bajas para los dos militares que habían participado del secuestro, Raúl Harsich y César Fragni, quienes recibieron únicamente ocho años de prisión, y para Alberto Ángel Aneto, el jefe de turno de la comisaría de Villa Martelli, adonde fueron llevados madre e hijo antes de ser trasladados al centro clandestino conocido como “el Campito”, en la guarnición de Campo de Mayo.

Las sentencias bajas fueron apeladas y, en 2012, la Sala II de la Cámara de Casación ordenó al TOF de San Martín revisarlas, teniendo en cuenta que Harsich y Fragni no podían ser absueltos por las torturas que sufrieron Iris y el Negrito, ya que ellos no podían desconocer para qué los estaban llevando. Esa decisión del máximo tribunal penal fue recurrida por las defensas y, desde 2013, estuvo en la Corte Suprema hasta que el 12 de agosto pasado, los cinco supremos contestaron en dos párrafos que no era una sentencia definitiva y rechazaron el recurso.

Recién esta semana volvió el expediente a los tribunales de Comodoro Py, donde tiene asiento la Cámara de Casación. El presidente de la Sala II, Alejandro Slokar, reclamaba la causa desde hace meses porque el tribunal penal aún no revisó las nuevas penas que les dictaron a Harsich, Fragni y Aneto en 2013. Entre una cosa y la otra, pasaron más de ocho años en un caso tristemente emblemático.

“Yo estoy amargada, pero la voy a seguir peleando”, le dijo a Página/12 Iris Avellaneda tras conocerse que el expediente volvió a la Casación. “Los sobrevivientes queremos justicia. Esta gente no puede estar suelta: los genocidas tienen que estar en la cárcel”, remarcó la mujer que declaró en nueve oportunidades ante la Justicia por el calvario que pasaron ella y su hijo adolescente.

La calesita judicial con el caso del “Negrito” Avellaneda también fue repudiada por José Schulman, referente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH). “Creo que este gesto muestra la continuidad de la impunidad que el Poder Judicial les garantiza a los genocidas en la Argentina. Esto exige, de una vez por todas, avanzar con la reforma judicial porque es el Poder Judicial en su conjunto el que está comprometido con el lawfare y la impunidad”.

Slokar, como presidente de la Sala II, informó en las últimas horas la integración del tribunal para que las partes estén al tanto y anunció que se fijará audiencia en breve para avanzar “sin más demoras” al examen de las nuevas penas que el TOF dictó en 2013. De no haber recusaciones, serán Slokar, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci quienes deberán revisar ese fallo.  “Vamos a ir a la audiencia para defender la sentencia”, dijo el abogado de la LADH, Pedro Dinani.

“Yo le pido a la Casación y a la Corte que hagan lo que tienen que hacer”, completó Iris que, a más de 45 años del horror, sigue reclamando justicia.