La ampliación de una denuncia de la Oficina Anticorrupción (OA) basada en el análisis del famoso fideicomiso ciego de Mauricio Macri, revela que el expresidente sería la verdadera persona detrás de una empresa llamada Latin Bio, cuyos beneficiaros en los papeles son su esposa Juliana Awada y Alejandro Jaime Braun Peña, vinculado a Socma y primo del exjefe de gabinete, Marcos Peña. La clave es conocer para qué se usó esa sociedad: según la investigación de la OA fue el canal para que Macri se hiciera "autoenvíos" de dinero por 54 millones de pesos, una maniobra característica de lavado de activos, a través de varios pagos desde 2017, el primero de los cuales fue en efectivo. La hipótesis del organismo es que se trata de plata proveniente de evasión tributaria a la que se consigna como si fueran dividendos para darle apariencia de licitud. También señala como posible estrategia de blanqueo la adquisición de 13 departamentos y 15 cocheras en el edificio Molina Ciudad a través del "Fideicomiso Inmobiliario Caminito" que el mismo Macri eximió de impuestos y que hoy cuestan 333,93 por ciento más caros.  Pidió que investiguen, además de la justicia, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 

Una de las frases más rutilantes de Macri de los últimos días parece una autodescripción: "En Argentina para ganar plata hay que evadir impuestos". La OA, que dirige Félix Crous, ya había hecho una presentación judicial --que tomaba como punto de partida información de la Inspección General de Justicia-- donde revelaba el cobro de los 54 millones, que no estaban declarados. Sembraba allí las primeras sospechas de lavado y evasión. 

Aquella primera denuncia, que quedó en manos de la jueza María Servini, también advertía sobre la omisión del expresidente de consignar en 2015 la totalidad de las acciones de una empresa llamada Agro G (Agropecuaria Guayquiraró): decía que tenía el 14,70 por ciento de las acciones pero en realidad su participación triplicaba esa cantidad con el 44,16 por ciento. Lo que no había incluido era la declaración de de 5.064.938 acciones de tipo "preferidas", por un monto equivalente en pesos, que tenía desde 2013. El organismo detectó ahora que los mismos datos fueron excluidos en la declaración jurada del año anterior, 2014, lo que indicaría un modus operandi destinado a ocultar otros movimientos. Pero las acciones en cuestión aparecían transferidas al Fideicomiso Ciego, esa figura inexistente que Macri inauguró como fachada para decir que así transparentaba su patrimonio mientras gobernaba.  

Lavado y evasión

Agro G es una empresa agropecuaria. El hecho de que Macri tuviera acciones "preferidas" y además las ocultara, no es menor. Ese tipo particular de acciones, por su carácter preferencial, le permitían acceder a dividendos de otras empresas en las que Agro G tenía participación. Una de ellas es Latin Bio, compañía de biocombustibles, donde participa con el 29,75 por ciento del capital. Uno de los datos novedosos es que una resolución de la IGJ señala que sus "beneficiarios" finales son Awada, titular del 20,25 por ciento del capital social y Braun Peña, titular del 21,15 por ciento. 

El dictamen de la OA recuerda el papel de Braun Peña como "gestor de negocios en la compra de un campo de 20.000 hectáreas en la provincia de Salta a favor de Yuto SA, una sociedad vinculada a Socma Americana SA, Sideco Americana SA, Avián Líneas Aéres SA, Chery Socma Argentina, todas del Grupo Macri". Braun Peña es un hilo conductor entre numerosos negocios que se advierten en una red de empresas vinculados a la familia Macri, como informó este diario. Para sumar comparaciones que mostrarían un comportamiento coherente, la OA señala que "una maniobra muy similar a la aquí relatada, es decir la utilización de sociedades controladas por Gianfranco y/o Mauricio Macri para girar dinero espurio en forma directa a alguno de ellos, fue detectada en la quiebra de Correo Argentino S.A". Allí la fiscala Gabriela Boquín, al denunciar vaciamiento identificó a la empresa Flortal SA, por ejemplo, como una de las accionistas de Logística Avanzada, usada para desviar dinero que llegó a Gianfranco. 

Los 54 millones de pesos que recibió Macri son dividendos que Latin Bio transfirió a Agro G con dos características: el primero se consigna en un cheque  por 10.160.400 pesos que se termina abonando en efectivo; en otras cuatro ocasiones (la última en agosto de 2019) la autotrasferencia es con cheques por 7.699.725 pesos, 25. 860.107 pesos, y 10.566.592 de pesos. En ningún caso está consignado el pago del impuestos a los créditos y débitos bancarios. De aquí viene uno de los planteos por posible evasión. 

Parte de las dudas de la OA sobre lavado y evasión se basan en : "El pago en efectivo al Fideicomiso Ciego de Administración de los de $10.160.400 por parte de Agro G S.A", "la transferencia de los $54.286.824 con las particularidades descriptas y sin que existan constancias de pago del impuesto a los créditos y los débitos", "la inversión de prácticamente la totalidad de dicha cantidad en títulos públicos por parte del Fideicomiso Ciego de Administración que terminaron depositados en la cuenta comitente de Mauricio Macri" y la tolerancia de éste a una deuda millonaria de Agro G para con él durante seis años que debía crecer por la inflación pero permanecía intacta e impaga. El manejo de efectivo y los préstamos ficticios son característicos para ocultar el origen de fondos, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

"Queda robustecida la hipótesis" que la OA presentó en su primera denuncia, según la cual "el único hombre hombre detrás de Latin Bio S.A. sería Mauricio Macri, de modo que la remisión de los $54.286.824, podría resultar un autogiro de dinero que intentara otorgarle apariencia de licitud a una suma de origen espurio", dice el dictamen. Un elemento de sospecha adicional es que Macri rescindió con seis meses de anticipación el contrato del Fideicomiso Ciego, con lo que recuperó la administración que en teoría había cedido. Lo hizo apenas un día después de dejar la presidencia. 

Fideicomiso Caminito 

Macri puso dentro del Fideicomiso Ciego trucho sus derechos en el Fideicomiso Inmobiliario Caminito. Pagó 2 millones de dólares para comprar propiedades: 13 departamentos y 15 cocheras (2328, 68 metros cubiertos, 275,72 semicubiertos y 155,12 descubiertos)  en el Edificio Ciudad Molina, el nombre que adoptó el emprendimiento Caminito. Pagó 898,39 dólares el metro cuadrado. En la actualidad las propiedades en ese edificio se ofrecen a 3000 dólares el metro cuadrado. La diferencia es 333,93 por ciento. 

Un detalle relevante: en septiembre de 2011 Macri como jefe de gobierno porteño envió a la Legislatura un proyecto de exención del pago de Alumbrado Barrido y Limpieza y otros impuestos por diez años como régimen de promoción de actividades artísticas cuando se instalaba el "Distrito de las Artes" dentro de un polígono del barrio de Barracas. Además, los desarrolladores podrían computar el 25 % de lo invertido como pago a cuenta de Ingresos Brutos por las actividades desarrolladas en la Ciudad de Buenos Aires. La norma se aprobó y la reglamentación fue firmada por el propio Macri el 26 de junio de 2013. Solo 24 días después adhirió al Fideicomiso Caminito. 

"No podría descartarse que la exorbitante diferencia de valores entre el precio de adquisición del metro cuadrado y su valor actual que favoreció a Mauricio Macri, en realidad encubriera el aporte de una suma de dinero espuria abonada como contraprestación de las exenciones impositivas concedidas, que el propio Macri impulsó desde la jefatura de gobierno en favor de los desarrolladores del Edificio Molina Ciudad, y que él mismo reglamentó pocos días antes de adherir al Fideicomiso Caminito que lo construyó", sostiene la Oficina Anticorrupción. Recuerda también que la OCDE tiene dicho que “durante largo tiempo el sector inmobiliario ha sido la opción preferida de los delincuentes para ocultar losfondos ilícitos, y la manipulación de los precios de los inmuebles es un método habitual para trasladar ilegalmente el producto del delito entre las partes de una operación..." 

Ahora resta que completen la investigación y el análisis la UIF, la AFIP y la jueza Servini.