El ex diputado provincial peronista Darío Scataglini fue imputado ayer por el delito de tráfico de influencias e incumplimiento de deberes de funcionario público, en el marco de la causa que investiga el juego clandestino en torno del capitalista Leonardo Peiti. Durante la audiencia quedó desplegada la forma en que un grupo de personas en torno de Peiti, trabajaba afanosamente para lograr habilitar una empresa de juego online con máquinas en cada una de las agencias de loterías oficiales, cuando no tenian siquiera habilitación para operar en suelo santafesino. Y hasta pergeñaron cómo cambiar la titularidad de la empresa para que no quede ligada a Peiti, cuyo nombre ya estaba incluido en las crónicas judiciales. Toda una madeja de cruces de llamadas y reuniones donde el senador Armando Traferri exhibía una importante centralidad. Tan importante resultó la audiencia para el el futuro del legislador que su propio abogado Oscar Romera, se sentó detrás del defensor de Scataglini, Daniel Terani, para seguir de cerca las respuestas y alternativas judiciales. Al concluir la audiencia, la jueza Eleonora Verón le impuso libertad con restricciones, y ordenó constituir una fianza con una propiedad en la que vive, cotizada en 41 millones de pesos, donde fue justamente detenido el último jueves.

Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery le atribuyeron a Scataglini haber realizado negociaciones para que se le otorgara a la empresa Wildar Gaming SRL, que tiene como titular a Peiti, la explotación de máquinas para apuestas online (lo que se llama Virtual Lotery Terminal) en salas habilitadas por la Lotería de Santa Fe. Las negociaciones se realizaron mientras Scataglini era asesor parlamentario en la Cámara de Diputados con el fin de que se beneficiaran Peiti y el senador Traferri. Al final de la audiencia,  la jueza dispuso la prohibición a Scataglini de mantener contacto con ambos, ya que entendió que no habia posibilidad de atentar o conspirar contra la investigación. La fiscalía había requerido prisión preventiva por 90 días.

Scataglini llegó a esta instancia tras ser detenido el pasado jueves en su domicilio de la ciudad de Santa Fe. La defensa de Scataglini, ejercida por Terani, solicitó que se suspendiera la audiencia, dado que su cliente no podía entender los motivos que habían fundamentado para privarlo de libertad. “Dio información falsa en la Fiscalía”, sostuvo Edery, en el marco de un caso en que desde posiciones institucionales se realizó una gestión a medida de una empresa para hacer negocios desde la capacidad de movilizar resortes del Estado provincial.

El fiscal Edery recordó: "Nos topamos con Scataglini al escuchar los teléfonos de Peiti. Su secretaria recibió un mensaje de Scataglini y lo que nos llamó la atención es que lo hacía en nombre del senador Traferri. Nos pareció sugestivo que llamara un senador a una persona que tenía emprendimientos de juego clandestino. No teníamos muy en claro el rol de Scataglini. Por eso primero lo llamamos como testigo. Pero después vimos que su declaración no tenía consistencia con las evidencias de la causa. Por eso está sentado aquí en audiencia”, argumentó Edery. También se probó en la audiencia que en julio de 2019 hubo una reunión en San Lorenzo donde participaron Peiti acompañado por su abogado José Fernández Chemes, Scataglini y Traferri a fin de gestionar que se instalaran las máquinas VLT a favor de Peiti.

Esa reunión se hizo el 11 de marzo de 2020, en la oficina de Traferri en  San Lorenzo. El propósito era que cada uno de los que estuvieron allí desplegaran acciones específicas para que el Ministerio de Economía de la provincia suscribiera un convenio para habilitar estas máquinas de la empresa de Peiti bajo el paraguas de Lotería.

Los fiscales mostraron que Scataglini, en su puesto en la función pública, tuvo intercambios telefónicos con el abogado Fernández Chemes para que el negocio se concrete, lo que se halló corroborado en el teléfono secuestrado al letrado. El 11 de marzo el impacto de antenas da que todos los señalados se reunieron en la oficina de Traferri. Doce días después Fernández Chemes presentó por correo electrónico en la Lotería de Santa Fe una pedido como apoderado de la firma de Peiti para firmar un convenio como el que se acordó en la reunión del 11 de marzo de 2020. Una semana después Fernández Chemes avisó que se había presentado la solicitud. El senador Traferri, afirmaron los fiscales, estaba al tanto de todo, y había recomendado la gestión.

Frente a las dificultades para el otorgamiento de esa contratación en virtud de causas penales iniciadas contra Peiti que ya eran públicas, el 4 de septiembre de 2020 se simula la transferencia de las cuotas sociales de Peiti de las empresas Wildar Gaming SRL en favor de Chemes, en cumplimiento de la recomendación que según los fiscales hizo Traferri y con el objetivo de que eso facilitara el acuerdo del contrato. “Esto no tiene que ver con la buena imagen de la administración. La intención era acercarse a un solo prestador de este servicio. Acá está el interés ilegítimo”, sostuvo el fiscal Schiappa Pietra. 

“Lo que está sucediendo es que el propio senador está involucrado directamente. Y lo convoca a Scataglini porque es una persona que conoce esta temática. Y convoca también al abogado de Peiti. Esto es el famoso lobby empresarial. Lo que no podemos admitir es esto: es jugar para un sector para poder beneficiarlo. Este mensaje trasunta una manifestación de interés de consolidar una contratación claramente ilegal contra las leyes de ética pública y contra el contenido del Código Penal”, subrayó Schiappa Pietra.