“Siento que estoy viva porque el agresor no quiso llegar a más. Me encontré con una Justicia inoperante. Él ya me demostró que puede abrir la cerradura de mi casa cuando se le dé la gana. Me gustaría tener el botón antipánico para poder dormir. Hace semanas que de día construyo para terminar las paredes de mi casa y de noche estoy en vigilia con el machete en una mano y el celular en la otra”, cuenta a Página 12 Sandra López Ferreyra. Vive en Villa Yacanto, en el Valle de Calamuchita, provincia de Córdoba. Tiene 50 años y se separó hace cuatro meses de una pareja, luego de que él, Matías Renna, de 35 años, empezara a tener conductas violentas hacia ella. “Creí que con la separación terminaría el vínculo pero no me deja en paz”, dice, con angustia. Ya lo denunció seis veces y no consiguió todavía que le otorguen un botón antipánico para sentirse protegida. Su caso muestra la fragilidad de un sistema que da respuestas a medias y puede dejar a las mujeres expuestas a una escalada de violencia con riesgo para sus vidas. En junio Sandra fue incorporada al Programa “Acompañar”, para víctimas de violencia por razones de género, y con el subsidio que empezó a cobrar decidió comprarse una cámara de seguridad; la instaló en un poste frente a su precaria casilla y paga el servicio de wi-fi para poder monitorearla desde el celular. Su ex se instaló en una carpa a unos veinte pasos de su vivienda y por las noches suele apuntar con las luces de su camioneta hacia donde ella vive. “Todavía no tengo agua. Acarreo unos baldes que me dan los vecinos, cada día. Tampoco tengo baño pero tengo cámara y wi-fi. Necesito un botón antipánico para estar viva”, dice Sandra.

En su vida se mudó muchas veces: vivió en varios barrios porteños, en la localidad de Derqui, en Pilar, y en distintas localidades cordobesas. A Villa Yacanto llegó junto a su ex, cuando decidieron convivir. Es profesora de danza, masajista e instructora de yoga, pero en el último año cuidó a una señora mayor --que falleció recientemente--, y ahora está desempleada. Pero la falta de empleo no es su principal problema: teme por su vida. Denunció que Renna la hostiga a través del celular y merodea alrededor de casa, una vivienda precaria que Sandra empezó a construirse cuando se separó y se quedó sin techo. El hombre forzó la cerradura de la puerta. El terreno en el que vive Sandra está a unos dos kilómetros y medio de la plaza principal y del edificio municipal, en una zona rural, sin vecinos en la misma manzana. Sandra vive con cuatro perros.

Yacanto (que no es la localidad homónica de Traslasierra, con la que se la suelen confundir) está cerca de Santa Rosa de Calamuchita --a unos 28 kilómetros por una ruta pavimentada-- y también de Villa General Belgrano --unos 40 kilómetros por un camino de ripio--. De la capital provincial está a 130 kilómetros. El hombre no tiene trabajo fijo.

“Estuve en una relación siete meses, de los cuales convivimos cinco. Me separé tres veces y la última fue definitiva por el nivel de violencia que recibía. Al separarme no hice ninguna denuncia, porque creí que con la separación se terminaba el vínculo. Pero no fue así”, cuenta Sandra. Ella decidió cortar la relación, cuando después de una discusión encontró un cachorrito de 15 días que estaban cuidando con el cuello quebrado y muerto. “Me dice: ¡Qué lástima! Justo era el que te querías quedar vos”.

La primera denuncia contra Renna la hizo el 25 de mayo en la comisaría local, acompañada por integrantes de Mujeres Organizadas de Yacanto, una colectiva feminista local. “En la policía me dicen que ellos iban a decidir si era exposición o denuncia. Y ahí me doy cuenta de que empieza la segunda etapa de violencia, cuando la policía ignora mi situación, primero negándose a tomar la denuncia y luego, cuando la justicia la relativiza”, dice. Y cuenta que no le dieron ni la constancia de la denuncia. “No sabía si me la habían tomado. Me decían que la jueza iba a evaluar si dictaba alguna orden de restricción”, agrega. “Debe querer volver a verla por eso se quiere quedar con sus cosas”, le llegaron a decir en la delegación policial cuando ella planteó que le estaba reteniendo objetos de su pertenencia. Una asistente social del municipio de Yacanto la acompañó a retirar sus cosas de la casa donde convivió con Renna.

Al día siguiente de la primera denuncia, el 26 de mayo, Sandra se acercó al Punto Mujer, de Villa General Belgrano, un espacio propuesto por el Ministerio de la Mujer de la provincia, en articulación con el municipio, para dar acompañamiento, contención y asesoramiento a mujeres en situaciones de violencia de género. Allí, dice, le tomaron sus datos y dos días después, la jueza de Paz, María Elena Peñaloza, que interviene en la zona, dictó una medida de restricción de contacto al agresor.

“Al salir de la comisaría después de recibir la notificación, mi ex empieza un nuevo ciclo de hostigamiento: me manda un mensaje para avisarme que había firmado, en tono irónico, agradeciéndome 'el regalito'. Apenas se había notificado y ya estaba violando la restricción. Supuestamente no podía contactarme ni por mensajes de WhatsApp ni por redes sociales. Tampoco acercarse a mi vivienda, trabajo o lugares que frecuento”, advierte Sandra.

La mujer cuenta que siguió sufriendo hostigamiento a través de mensajes de WhatsApp e incluso Renna se le acercó en la calle, pero ella no lo denunció en ese momento porque “por desconocimiento pensé que él podía ir preso directamente y me dio lástima”. Seguía creyendo que al no obtener ninguna respuesta de su parte a sus planteos, la violencia verbal iba a terminar. Se equivocaba.

Pasaron dos meses y sus conductas agresivas no cesaron, dice. Incluso, “lo empecé a ver todos los días al lado de mi casa, trayendo cosas a un terreno pegado al mío. 'En 14 días me vengo a vivir acá', me grita. Como no pudo construir se instaló en una carpa. Ahí me doy cuenta de que tengo que denunciarlo para que esto termine porque ya a ese altura no sabía hasta dónde iba a llegar y si mi vida corría peligro”, dice Sandra.

Hizo la segunda denuncia en la delegación policial de Yacanto a principios de julio, cuando Renna le avisó de su mudanza. Delante de ella consultaron a la jueza de Paz vía WhatsApp. “La oficial que me atendió me hace escuchar: la jueza dice que el agresor no está violando la restricción si no me habla. Me dicen que él puede estar en la vía pública en la puerta de mi casa”, cuenta Sandra. “Está a unos veinte pasos de mi vivienda y para la jueza eso es normal”, cuestiona. En esa oportunidad tampoco le dieron constancia de su denuncia.

El 8 de agosto la mujer hizo la tercera denuncia en el destacamento de Yacanto: esta vez relató que le había roto la cadena de un perro que no debía estar suelto en su ausencia por seguridad de las y los vecinos. “Me tajea la lona que hacía de pared en mi casa. Me intenta forzar la cerradura. Ya pienso que es inútil denunciar en Yacanto. Cuando quiero ampliar la denuncia y contar lo anterior que dejé pasar, me lo niegan, entonces voy a la comisaría de Santa Rosa de Calamuchita, a 20 kilómetros de mi casa. Ahí también me niegan la ampliación de la denuncia, diciendo que vaya a los Tribunales de Río Tercero, muy lejos de mi casa: tenía miedo de dejarla sola, para ese momento ya había cometido más delitos dentro de mi propiedad”, dice.

Sandra consiguió que una pareja vecina la lleve en auto a Río Tercero, que queda a 90 kilómetros por ruta desde Yacanto: el 12 de agosto hizo la cuarta denuncia contra Renna en la fiscalía de turno N° 1 de Instrucción 2 y pidió una restricción perimetral “ya que la jueza de Paz de Yacanto entiende que el agresor viola la restricción de contacto recién cuando viola la propiedad privada. En esa ampliación de denuncia cuento los nuevos hechos y pido que se encuadren en la Ley 26.485 de protección contra la violencia de género. Y se dicte una perimetral con metros específicos. Me dicen que me van a contestar. Todavía no tuve novedades”, lamenta.

El 23 de agosto vuelve a los tribunales de Río Tercero y hace la quinta presentación en la Fiscalía de turno 2 y vuelve a pedir la restricción perimetral y un botón antipánico. Sandra denuncia que Renna “se puso en la esquina de mi casa con las luces prendidas de su camioneta y apuntando a la pared de lona que me quedaba --porque ya había levantado tres paredes--. Y le tiraba piedras a la cámara de seguridad. Tengo la filmación”.

Recién el sábado 28 de agosto, dice, la policía local obligó a Renna a alejarse de su casa. Pero a la medianoche se volvió a estacionar a pocos metros con su camioneta con las luces prendidas. Por ese hecho, Sandra hizo el domingo 29 de agosto la sexta denuncia, otra vez en el destacamento policial de Villa Yacanto.

Un subsidio para comprar una cámara de seguridad

Cuando fue al Punto Mujer de Villa General Belgrano, a Sandra la derivaron para que se incorpore al Programa “Acompañar” --cuya existencia Sandra desconocía igual que la Línea 144--. Pero se confundieron de localidad y en lugar de contactarla con la jurisdicción correspondiente a su domicilio lo hicieron con Yacanto, pero de Traslasierra, otra región cordobesa, que dista a unas cuatro horas en auto. De todas formas, le hicieron el ingreso al “Acompañar” en junio y un mes después empezó a cobrar el subsidio de 25 mil pesos (por seis meses). Pero no recibió otro “acompañamiento”.

Con ese dinero decidió comprarse una cámara de seguridad e instalarla en un poste, apuntando a su casa. También contrató wi-fi para poder monitorearla desde el celular. “Todavía no tengo agua. Acarreo unos baldes cada día de los vecinos que me dan. No tengo baño pero tengo cámara y wi-fi por ausencia de una simple perimetral explicitando los metros que no se debe acercar, así la policía no me dice que tiene derecho a estar en la calle frente a mi casa, y también necesito un botón antipánico para estar viva”, dice Sandra.

Desde el 12 de agosto, ante la inacción judicial, Sandra se comunicó con el dispositivo de Acceso a la Justicia (ATAJO) del Ministerio Público Fiscal, donde tienen registrado todo su tortuoso periplo en busca de protección. La intervención de ATAJO consiguió que la restricción perimetral se imponga por 100 metros. Se lo informaron desde ATAJO el 3 de setiembre. Pero el agresor todavía no fue notificado.

Mientras tanto, el cuerpo de Sandra empezó a dar señales: tiene taquicardias, rigidez muscular, siente claustrofobia. “Me recomendaron que fuera a una psicóloga del Centro de Integración Comunitaria del municipio, pero me atiende apenas media hora por semana y habla la mayor parte del tiempo ella: yo necesito que me escuchen, necesito hablar sobre lo que me está pasando”, dice. “Cargando bolsas de cemento y de arena durante cuatro meses para levantar las paredes de mi casa nunca tuve rigidez muscular pero estoy así por la tensión que tengo por no poder descansar de noche. De día construyo y de noche estoy en vigilia con el machete en una mano y el celular en la otra”.