Desde Santa Fe

El Ministerio Público de la Acusación pidió a la Cámara Penal que anule el fallo del juez Pablo Osvaldo Busaniche que archivó la causa por el vaciamiento del exBanco Provincial de Santa Fe porque el magistrado “tiene un interés personal” en el destino del expediente, atento a que su padre, el empresario y expresidente de Colón, Dante Busaniche ya fallecido, “era uno de los principales 30 deudores del Banco que más perjuicio le causaron” a la entidad. Busaniche conocía esta situación, por lo tanto, “debió apartarse” del proceso y no firmar una sentencia que “conlleva un gravamen a la administración de justicia” en un caso en el que “tiene interés personal, atento a ser el hijo de un beneficiado directo de las políticas de los directores del Banco en el período 1983-1990” y “el heredero forzoso de ese patrimonio”, denunció el MPA. Esta semana, la fiscal Mariela Jiménez, jefa de la unidad de Delitos Complejos, volvió a advertir sobre la “gravedad institucional” del hecho. “Todos tenemos derecho a saber qué pasó con el Banco de nuestra provincia y si existe alguna responsabilidad penal, avanzar en esa investigación”.

“Hablamos de un vaciamiento del Banco por más de 500 millones de dólares”, dijo Jiménez. Y explicó que la “modalidad delictiva” del período bajo la lupa, entre 1983 y 1990, era otorgar “préstamos de altísimo riesgo, de muy difícil –cuando no imposible– recuperación y sin justificativos razonables” que beneficiaron a “deudores Vip”, como los llamó. Y en paralelo, “una transferencia de recursos del Banco al gobierno de la provincia, que fue considerada el ‘golpe de gracia’ a la entidad”, que se privatizó a principios de los ’90.

El fallo de Busaniche ya tuvo otra consecuencia esta semana. El jueves y viernes, estaban previstas las audiencias para que la Fiscalía de Estado y la Asociación Bancaria de Santa Fe pudieran constituirse como parte querellantes en el proceso, pero la Oficina de Gestión Judicial de Tribunales las suspendió.

Jiménez impugnó el archivo de la causa por considerar que Busaniche no actuó como juez imparcial. Le planteó cinco “agravios” por “vicios y errores” que “lesionan el debido proceso”, pero el primero fue la falta de “imparcialidad” del magistrado.

La fiscal reveló que el titular de la empresa Piedras Blancas SRL, Dante Osvaldo Busaniche -entre otros accionistas del mismo apellido-, era el “padre del juez” que cerró el expediente del Banco y “uno de los 30 principales deudores que más perjuicio le causaron” a la institución, “Por este motivo”, el juez “debió apartarse” del proceso y no archivar una causa que “conlleva un gravamen a la administración de justicia” y en la que “tiene interés personal, atento ser el hijo de un beneficiado directo de las políticas de los directores del Banco en el período 1983-1990 que se investigan y además, el heredero forzoso de ese patrimonio”.

“El hecho de que el juez no se haya inhibido de intervenir en este caso –agregó Jimenez- no hace más que sumar desconfianza al ciudadano común de nuestra provincia” y refuerza “la idea de una hipotética vinculación entre el entramado judicial y el poder político y económico”, que “en esta causa ocasionó y ocasiona, como consecuencias directas: dilaciones y falta de compromiso e interés” en impulsar una “investigación seria” de ese vaciamiento del Banco estimado en 500 millones de dólares.

El fallo Busaniche “debe ser declarado nulo” por la Cámara porque están “comprometidas gravemente las garantías de imparcialidad” del juez, quien no sólo tiene un “interés concreto y específico en el resultado del proceso”, sino que también “vulnera la garantía objetiva” con una “apariencia de imparcialidad ante los justiciables y la ciudadanía, que afecta la confianza en la correcta y justa administración de justicia”.

La “parcialidad” de Busaniche para cerrar la causa “es de tal gravedad y magnitud”, que “atraviesa” el resto de los “agravios”, dijo la fiscal. Y esto se “demuestra” con sólo repasar la resolución del juez, quien analizó el incidente “sólo desde la mirada de los sospechados”.

Incluso, Busaniche llegó a citar a uno de los abogados defensores, quien se quejó por sus clientes, por “la cantidad de miles de noches que habrían pasado sin conocer la suerte de su destino respecto a esta causa judicial”. Un supuesto insomnio que el juez asoció “a un estado de incertidumbre ante un proceso penal” y a “una situación fáctica que demuestra lo irracional y arbitrario de tal irregular y avasallante sometimiento estatal desmesurado respecto de individuos que paradójicamente detentan la presunción o el estado de inocencia”.

En cambio –reprochó Jiménez- “ni un solo párrafo de la resolución” de Busaniche refiere al “enorme perjuicio patrimonial” a la provincia, a la “ausencia de una investigación seria” y al “derecho de todos los santafesinos a conocer, con la certeza que brinda una sentencia como resultado de un debido proceso, qué ocurrió con el Banco”. El fallo “no trata el derecho a la verdad de las víctimas y damnificados y a su tutela judicial efectiva”, “ni el deber del Estado de investigar de qué modo la provincia perdió su instrumento financiero”.

El “afán desincriminador” de Busaniche –enfatizó la fiscal- llegó al punto de “declarar extinguida la acción penal por todos los hechos denunciados en agosto de 1990 por la comisión gremial interna del exBanco Provincial y el Banco Central de la República Argentina”. La denuncia de los trabajadores fue la que tramitó en el fuero federal y pasó en 2019 al MPA, pero la del BCRA se “presentó en un Juzgado de Instrucción 13 de Rosario”. Lo que “demuestra que el juez también se apartó de los antecedentes de la causa y se extralimitó en sus funciones”, concluyó.