Los gendarmes no tuvieron contacto con las 70.000 balas antitumulto que el gobierno de Mauricio Macri mandó a Bolivia para apoyar a las fuerzas que dieron el golpe contra Evo Morales ni mucho menos pidieron llevarlas. Esa información surge del sumario interno que condujo la fuerza y que está actualmente en poder de la justicia. La investigación, a la que accedió Página/12, desmiente de manera definitiva la versión de que los cartuchos habían sido usados en entrenamientos y complica, a nivel administrativo, a varios jefes de la Gendarmería. El sumario es una prueba importante que puede tener efectos en el trámite judicial que, por el momento, conduce el juez Javier López Biscayart y que tiene imputados al expresidente, a Patricia Bullrich, Oscar Aguad y Marcos Peña, entre otros.
Entre el 13 de noviembre de 2019 y junio de 2020, hubo tres contingentes de gendarmes que fueron enviados para preservar la seguridad de la embajada y la residencia argentina en La Paz. Con el primer contingente, salieron 70.000 balas antitumulto 12/70 que quedaron en poder de la Fuerza Aérea Boliviana y de la policía local. Esas municiones, cuya salida fue tramitada ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), nunca fueron declaradas en el manifiesto de vuelo del Hércules que transportó a los gendarmes ni ante las autoridades bolivianas.
Este diario consiguió los informes que hicieron los jefes de los tres contingentes de gendarmes que dan cuenta de que la maniobra para la salida de las balas se tejió desde los escalones superiores de la fuerza de seguridad más alineada con la entonces ministra Patricia Bullrich. Los tres confirman que no hubo prácticas de tiro ni entrenamientos, pero el que adquiere centralidad es el del primer comandante a cargo de los alacranes, Martín Miguel Hidalgo, que estuvo en Bolivia entre el 13 de noviembre de 2019 y el 10 de enero de 2020. La información que proporcionó Hidalgo el 21 de julio pasado da cuenta del proceso que terminó con la salida del material represivo hacia Bolivia:
Hidalgo no realizó ningún trámite aduanero al llegar al Estado plurinacional. “No había ninguna autoridad aduanera presente”, escribió. Sus descripción se condice con lo que declararon miembros de la fuerza de tarea Diablos Negros de la Fuerza Aérea Boliviana, tal como reveló Página/12. El jefe de la delegación sostuvo que hubo únicamente una persona identificada como de Migraciones que les tomó “de manera informal y expedita” el nombre, apellido y DNI a él y a los diez hombres a su cargo.
El gendarme afirmó que hizo únicamente el trámite en Bolivia para registrar el ingreso de las armas y las municiones que había solicitado llevar el 11 de noviembre de 2019. Es decir, que no tuvo contacto con las 70.000 balas que la Gendarmería pidió a la ANMaC sacar como “complemento” el 12 de noviembre de 2019, después de que se celebró una reunión en la oficina del entonces jefe de Gabinete Marcos Peña con Bullrich y los jefes de las fuerzas de seguridad.
“Era el único equipamiento que solicité a mi jefe de Agrupación”, remarcó Hidalgo, dejando en claro que los gendarmes jamás pidieron llevar 70.000 balas de goma. Esa afirmación complica al entonces jefe del Grupo Alacrán, Fabián Salas, que también justificó la salida de los 70.000 cartuchos en un fax que envió a primera hora de la tarde del 12 de noviembre de 2019 a la Fuerza Aérea Argentina, diciendo que era el armamento que comúnmente se llevaba.
Hidalgo no menciona en su informe que hayan sido escoltados por la policía de Bolivia, como surge de varias declaraciones que brindaron efectivos de esa fuerza. Sí dice que, por la situación de “conflicto social”, los gendarmes argentinos hicieron el trayecto desde el aeropuerto de El Alto hasta la residencia en La Paz con los equipos y las armas.
Una vez en Bolivia, los gendarmes se dividieron en dos equipos. Algunos resguardaron la embajada y otros la residencia argentina, de acuerdo a lo que requirió el entonces embajador Normando Álvarez García.
“Informo que no (NEGATIVO) se realizaron prácticas ni entrenamientos durante la comisión a cargo del suscripto”, escribió Hidalgo, desmintiendo que pudieran haberse gastado 70.000 balas antitumulto en prácticas de tiro --como intentó justificar uno de los jefes de la Gendarmería el año pasado--. Lo mismo sostuvieron Héctor Ricardo Sebrie, que estuvo a cargo del contingente entre el 10 de enero y el 29 de febrero de 2020, y Fernando Martín Sánchez, que quedó al mando hasta junio del año pasado.
Hidalgo también ratificó que quien los recibió a la llegada a Bolivia fue el enlace de esa fuerza en La Paz, el comandante Adolfo Caliba, señalado por el gobierno boliviano como quien tramitó la entrega de las balas a la policía local. Caliba también fue apuntado como un hombre con voz de mando por el agregado naval en Bolivia Miguel Ángel Alonso. En el sumario, Caliba se hizo el desentendido por la entrega de las balas a las fuerzas bolivianas, probablemente porque sabe que puede ser llamado a indagatoria en la causa por contrabando.
Finalizado el sumario, se están analizando las responsabilidades administrativas en las que pudieron haber incurrido cuatro de los gendarmes que fueron puestos en disponibilidad por la ministra Sabina Frederic: el propio Caliba, el exdirector de Logística Rubén Yavorski (que tramitó la salida de las balas), el exdirector de Operaciones Carlos Miguel Recalde(que dijo que las balas se habían usado en entrenamientos), el exjefe del Grupo Alacrán Salas y otros dos que intervinieron en los trámites aduaneros. La resolución interna podría conocerse en un plazo no menor a dos meses.
El sumario no contempla a quien era el jefe de la Gendarmería en ese momento, Gerardo Otero, porque ya pasó a retiro. Se sabe que Otero era hombre de confianza de Bullrich y que el 13 de noviembre de 2019 envió un sobre cerrado, a través de la embajada de Bolivia en Buenos Aires, al jefe de la policía boliviana. Allí podría haber estado el detalle del material represivo enviado.
Toda la información que surja a nivel de Gendarmería es fundamental porque desde allí salieron las balas. El sumario fue una de las preocupaciones fundamentales de Macri, que buscó -- sin éxito-- frenarlo desde los tribunales. Hasta el momento, están imputados en la causa Macri, Bullrich, el exministro de Defensa Oscar Aguad, que esta semana le tiró el fardo a la Gendarmería por el envío de las municiones. También el fiscal Claudio Navas Rial pidió investigar a Peña, al excanciller Jorge Faurie, al exsecretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo, a Otero y a otros tres gendarmes: Caliba, Recalde y Yavorski.
La lista podría ampliarse. En los últimos días, el juez López Biscayart se interesó por la existencia de un sumario en Defensa y pidió saber dónde está ubicado el Hércules que viajó a Bolivia para poder hacer una inspección ocular de la aeronave. Aún resta definirse si López Biscayart continuará al frente del expediente. La definición, que está en manos de la camarista Carolina Robiglio, debería conocerse en los primeros días de esta semana.
