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A punto de cumplirse 500 días de la firma del decreto 267, con el que el presidente Mauricio Macri derogó artículos claves de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pasando por encima la norma votada en 2009, organizaciones de radios comunitarias y pymes de todo el país denunciaron que desde febrero el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) avanzó con el pedido de cese de emisiones a partir de una resolución que estableció en diciembre un protocolo de supuesto de interferencia de aeropuertos. Las alarmas se encendieron a partir de tres casos en los que el problema técnico concluyó con órdenes de allanamientos, intervención de la Policía Federal y la Gendarmería para decomisar los equipos de transmisión y la apertura de causas penales a los comunicadores responsables de las radios M 104.1 (La Matanza) Fórmula 87.7 (Merlo) y Milenium 97.1 (Ciudad de Formosa). La Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) denunció los procedimientos como violatorios a “lo dispuesto por el artículo 162 y otros de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual” y abrió un canal de diálogo junto a las organizaciones del sector en el Enacom, que tras las denuncias aprobó un limitado plan de regularización de licencias, aún no oficializado, y no descartó nuevos decomisos.
“Hay comunicadores con miedo, comunicadores procesados, personas que no cometieron ningún delito sino que ejercieron el derecho a la comunicación en un contexto en el que el Estado está en deuda”, advirtió Pablo Antonini, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco) que junto a la CCD, la Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines (Ucaya) y la Asociación de Radiodifusoras (Arbia) denunciaron ante los directores del organismo Alejandro Pereyra y Heber Martínez el “abuso de autoridad”, criticaron los exiguos plazos administrativos impuestos por las resoluciones, pidieron la revisión de las causas penales y recordaron que el Estado está en deuda con la puesta en marcha de un plan técnico en todo el país, como ordenan varios artículos vigentes de la Ley de Medios.
La resolución 9435, redactada por el ente dependiente del Ministerio de Comunicación, estableció en diciembre un protocolo de supuestos de interferencia de aeropuertos con mecanismos sumarísimos: intimar el cese de emisiones, dar un plazo de 3 días para el descargo, verificar la licencia, declarar ilegal a la emisora, requerir a la justicia federal el secuestro de equipos y formular la denuncia penal.
Las organizaciones de radios y comunicadores denunciaron que en los casos de las tres radios decomisadas mediante operativos de la Gendarmería y la Policía Federal y de otras que por el momento siguen sin permiso para volver al aire, a pesar de cumplir con los plazos administrativos, —FM Ocupas (Moreno), FM Sol y Verde (José C. Paz), FM La Torre (Formosa) , FM La Popular (Formosa)— se cumplió con el primero de los puntos: apagar las emisoras para verificar la interferencia para frenar el avance del protocolo.
Sin embargo, en la práctica, Enacom avanzó con “abuso de autoridad”, denunció la CCD. La radio formoseña Milenium recibió el 5 de enero un acta de constatación que indicaba que su señal no interfería con el Aeropuerto Internacional El Pucú. Sin embargo, el 18 de enero la emisora ya había sido declarada ilegal por la Enacom, según figura en el expediente de la denuncia penal, y el 16 de febrero sus equipos fueron decomisados. Ese accionar motivó una reacción de la Defensoría del Pueblo de Formosa que advirtió sobre la “vulneración de los derechos amparados por la Constitución Nacional”.
Los últimos dos casos que pusieron en alerta al sector fueron las radios del oeste del conurbano, acusadas de “interferir las comunicaciones aéreas de los aeropuertos de Ezeiza y el Palomar”. Según denunció Ucaya, el responsable de Radio M, Ariel Montes, y dos periodistas de la emisora fueron detenidos el 25 de abril y demorados desde la mañana hasta las 17 en la delegación Morón de la Policía Federal. En ese lapso, Montes fue llevado a los tribunales, donde se le abrió una causa penal por la supuesta interferencia, que había sido notificada en febrero por la Enacom. Sin el mismo procedimiento de “inusitada violencia” también fue abierta una causa penal contra el titular de la radio Fórmula. Estas tres causas penales contra comunicadores tienen otro antecendente en Capital: la judicialización en el fuero Penal de la televisora Antena Negra.
“No queremos interferir, pero tampoco que nos abran causa penal. No nos entra en la cabeza que un comunicador tenga una causa penal por tener una radio”, lamentó Guillermo Saucedo, representante de Ucaya, a PáginaI12. El titular de Farco e integrante de Radio Estación Sur de La Plata subrayó que “históricamente, cada vez que se denuncia una interferencia, el radiodifusor apaga la señal, constata la interferencia y presenta un informe técnico (avalado por el Copitec) para volver a encender” y recordó el caso de su propia emisora en 2010. “En los casos que denunciamos hubo una situación extrema de persecusión, gente llevada a una comisaría”, advirtió Antonini sobre el cambio de reglas a partir de la resolución.
El director del Enacom Heber Martínez sostuvo a este diario que los criticados plazos impuestos por el protocolo estuvieron “contemplados en base a la urgencia de la denuncia de las autoridades áreas” y que la apertura de causas penales y decomisos se debieron a que “el servicio jurídico nuestro nos aconsejó a avanzar” ante supuestas actitudes de los radiodifusores de volver a encender los equipos. Sin embargo, no informó en qué casos habían advertido tal reacción y aseguró que no se trataba de los casos denunciados por las organizaciones del sector. “Tomamos esos casos y vamos a dar una respuesta”, indicó. En cuanto al canal de diálogo abierto, Martínez señaló que sirve para “revisar puertas adentro cómo está siendo implementado el protocolo” y matizó que no se convocó de forma previa porque “urgió más el peligro de la aeronavegación que sentarnos a dialogar”.
“Nos fuimos con la promesa de revisar esos casos y presentar por escrito propuestas para modificar los protocolos. Estamos siempre predispuestos al diálogo, pero si siguen ocurriendo casos, vamos a mantener nuestra idea de que se trata de una política para acallar voces disidentes”, indicó Antonini a PáginaI12.
Mientras el protocolo de la resolución 9435 continúa vigente, con la advertencia de Martínez de que “si vuelven a encender, vamos a avanzar con decomisos”, el Enacom también puso en marcha en abril la resolución 2064, que facultó a la Dirección Nacional de Control y Fiscalización a disponer la clausura, secuestro, apercibimiento, multa y/o comiso de los equipos de radios “no autorizadas”, figura indefinida, tal como advirtió la Defensoría del Pueblo de Formosa, frente a un sector con más parches que licencias y precariedad jurídica ante el incumpliento de la norma sancionada en 2009 por el Congreso.
“El Estado tiene que garantizar las instancias de la legalidad antes de decretar la clandestinidad. Las radios no podemos sacar un papel que diga somos legales, eso lo tiene que hacer el Estado y hay una ley que dice cómo tiene que hacerlo”, sentenció Saucedo respecto del incumplimiento de un plan técnico que se arrastra desde el gobierno kirchnerista.
Las radios cuentan con permisos provisorios (denominados PPP) entregados durante los años de vigencia de la ley de la dictadura o están relevadas en el censo y el posterior empadronamiento realizado por la Afsca, tras la ley votada en democracia y derogada por el macrismo. Tras las denuncias de decomisos, el directorio del Enacom anunció el viernes un “plan de regularización de FM”, que el organismo describió como “el inicio al camino de normalización respetando los PPP y los reconocidos como comunitarios”. Aunque el texto aún no fue publicado en el Boletín Oficial se adelantó que no alcanzará la llamada “zona de conflicto”, donde existen más emisoras que espacio en el éter, por lo que, por ejemplo, las radios de matanceras que fueron decomisadas continuarán en situación de debilidad.
“Si hay un sector intentando ser legal, son las radios. El tiempo pasa y lo provisorio se hace permanente. Mientras tanto, se genera un efecto de amedrentamiento con estas resoluciones. Hay comunicadores con miedo de encender su radio”, subrayó el titular de Farco.
