El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, tendría haber inaugurado este lunes el juicio de lesa humanidad contra dos efectivos de la Policía Federal retirados por los secuestros y las torturas aplicadas a un grupo de estudiantes secundarios durante la última dictadura cívico militar eclesiástica. Sin embargo, el debate quedó suspendido días atrás, luego de que la fiscal María de los Milagros Squivo solicitó a dos de los tres jueces del cuerpo que se aparten del debate. El argumento es que participaron en otros debates de lesa humanidad que se llevaron a cabo en la provincia. Con el precedente de la fiscal, la defensa presentó la recusación de los magistrados. El caso, ahora, está en manos de la Cámara de Casación.

El juicio trunco se conoce como “Mimeógrafo 3”, por ser el tercer tramo en la causa que investiga los hechos de la Noche del Mimeógrafo: luego de espiarlos y perseguirlos durante un tiempo, el 19 de julio de 1976, una patota secuestró a un grupo de estudiantes secundarios que integraban la UES y jóvenes militantes de la JP en Concepción del Uruguay, los mantuvo cautivos en la sede de la Policía Federal de la zona, donde funcionaba de hecho un centro clandestino y allí los torturó durante varios días. Luego los “largó”, muchos bajo libertad vigilada. El nombre del episodio se debe a que, además de pibes, la patota se llevó un mimeógrafo de la casa de Daniel Morán, uno de ellos: con ese aparato, el grupo imprimía volantes en repudio a la dictadura.

César Román es uno de aquellos jóvenes, sobreviviente e impulsor de la denuncia que derivó en la investigación judicial y los debates orales sobre el tema. En diálogo con Télam, señaló hace algunas semanas que en Concepción del Uruguay “no había organizaciones armadas” y que “se vivía en los '70 un clima de debate político parecido al que se desarrolló en el país en la década siguiente. Lo más grave que habíamos hecho los que militábamos en el Centro fue protestar contra el golpe que derrocó a Salvador Allende en Chile, en septiembre de 1973".

Los hechos fueron juzgados por primera vez en el marco de la causa que repasó la responsabilidad del exministro del Interior de la dictadura Albano Harguindeguy en crímenes de lesa humanidad cometidos en Entre Ríos. El juicio tuvo lugar en 2012 y condenó a los policías retirados Julio César Rodríguez y Francisco Crescento por la Noche del Mimeógrafo. En 2017, tras permanecer prófugo durante varios años, el policía Darío Mazzaferri también fue juzgado y penado.

Jueces inhibidos

Y aquí se presenta el nudo de la cuestión. La fiscal del juicio de lesa humanidad contra Luis Oscar Varela, alias "El Cordobés", y Jorge Alberto Rodríguez, alias "El Manchado", que debía comenzar este lunes, consideró a fines de agosto que la jueza Lilia Carnero y el juez Jorge Gallino debían apartarse del debate. Para Squivo, razón suficiente fue que el magistrado había participado en el primer juicio y la magistrada, en el segundo.

La querella de los sobrevivientes, representada por el abogado Marcelo Beykens, discutió la decisión. En primer lugar, porque los acusados hasta ahora nunca habían sido juzgados ni por estos hechos ni por ningún otro. Pero, además, sostuvo el abogado, “todos los hechos forman parte del mismo plan sistemático, con lo cual bajo el fundamento de la fiscal ningún juez que haya participado de un juicio de lesa humanidad podría hacerlo en un segundo”.

El debate cuenta, también, con la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Lucía Tejera, abogada representante, consideró que “hay un claro entorpecimiento del debate” por parte de la fiscal. En su escrito, Tejera insistió en que los testigos ya fueron citados para el debate que debía comenzar, en el hecho de que los ejes del juicio son crímenes de lesa humanidad y en la “necesidad” de que estas causas avancen con “celeridad”.

Una fiscal con pocas ganas

Ambas querellas coincidieron en que no es la primera vez. Antes de ser fiscal de juicio, Squivo fue fiscal en la instrucción de esta y de varias otras causas que investigan delitos de lesa humanidad en Entre Ríos, entre ellas la de vuelos de la muerte en la zona del delta entrerriano. “Ya en la causa Harguindeguy las víctimas mencionaron a los acusados --Varela y Rodríguez-- como parte de la patota que los secuestró y torturó. La fiscal los llamó a declarar como testigos. Enseguida solicitamos que sus testimonios no fueran válidos y que se los investigue, pero Squivo nunca avanzó. No los indagó ni los imputó”, explicó Boeykens.

La causa “Mimeógrafo 3” estuvo frenada seis años, hasta que tomó la instrucción fiscal Josefina Minatta y le dio impulso, como lo hizo con otros expedientes. Los sobrevivientes analizan, por estas horas, presentar un pedido de jury de enjuiciamiento contra Squivo.