"Hay una forma de hacer política en la provincia comprometida con maniobras delictivas", dijeron ayer los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada, al momento de valorar la jornada del último sábado cuando fue imputado el ex diputado provincial Darío Scataglini, por tráfico de influencias en favor del capitalista de juego ilegal Leo Peiti. En la audiencia quedo desplegado el manejo lobbista del grupo político, en cabeza del senador Armando Traferri, según los fiscales, a quien aún hoy no pueden imputarlo. En esa línea, el fiscal Luis Schiappa Pietra apuntó que "lo que hay que asumir es que esta es una investigación que viene avanzando muy fuertemente y que hay que asegurarla, resguardarla y custodiarla mucho". "Nosotros sabemos -agregó - que después de esta imputación han habido actores de peso en esta provincia que no les ha gustado que haya ocurrido esto. Esperamos que haya un apoyo serio, concreto, manifiesto, porque llegó el momento de dar cuenta de ese apoyo". De paso destaco que quien siguió de cerca toda la audiencia en primera fila fue el abogado Oscar Romera, defensor del senador Traferri.
"Es una imputación muy importante, nosotros consideramos que es la parte política de la investigación de corrupción", señaló Matías Edery en conferencia de prensa. "La jueza valoró de forma contundente toda la evidencia que teníamos. Es evidencia fundamental y parte del teléfono de José Fernández Chemes y de un par de cruces de antenas que nos permitieron ver de qué manera se gestó este negocio. Se trató de una reunión en la oficina de Armando Traferri de la que participaron Leonardo Peiti, Chemes, el senador Traferri y el mismo Scataglini, a partir de la cual se empezó a buscar de qué manera se le iba a habilitar el juego ilegal a Peiti", explicó el fiscal.
"Después, en el teléfono de Fernández Chemes, que se secuestró en un allanamiento, está esta negociación ilegal que se hizo, tratando de usar las influencias que tenían Scataglini y Traferri como funcionarios públicos para que se le habilite el juego ilegal a Peiti", agregó.
De igual modo Edery remarcó que Scataglini tuvo una participación directa en el entramado. "Incluso, entre sus antecedentes cuenta haber formado parte de la Comisión de Bingos y Casinos que funcionó hace unos años, así que tenía conocimiento de la materia y contactos con las personas que habilitaban el tema".
La audiencia imputativa a Darío Scataglini se realizó el pasado sábado por la mañana y, si bien la jueza Eleonora Verón permitió que el ex funcionario continúe el proceso en libertad, le prohibió tener cualquier tipo de comunicación, de cualquier naturaleza con las personas mencionadas en la causa, entre ellos, con el senador Armando Traferri.
Scataglini fue acusado de haber negociado para que la Lotería de Santa Fe le otorgara a la empresa Wildar Gaming S. R. L., de Leonardo Peiti, la explotación de máquinas para apuestas online en salas habilitadas.
En relación a ello, el fiscal Luis Schiappa Pietra señaló que "fue muy importante a decisión de la jueza por la valoración tan contundente de la evidencia". "A modo de hipótesis, le recordó al imputado que la pena que le corresponda podría ser de cumplimiento efectivo por la obligación que tiene el estado argentino de investigar los delitos de corrupción". "Esto esto tiene mucho que ver con todo lo que está en juego aquí, con estas imputaciones ahora del estamento político, porque son esos los compromisos que estamos tratando de cumplimentar, en pos de avanzar en estas investigaciones. Y también lo que está en juego con el fallo sobre la constitucionalidad del código procesal penal que impide investigar corrupción", señaló Schiappa Pietra
Algo que llamó la atención de los fiscales es que la única persona que asistió como público a la audiencia imputativa de Darío Scataglini fue el abogado de Armando Traferri, Oscar Romera. "Nos llamó mucho la atención verlo sentado atrás escuchando la declaración", afirmó Schiappa Pietra, a la vez que subrayó que se trata de la «primera imputación al estamento político de la organización». «Está muy en evidencia el nivel de compromiso del estamento político y demuestra que la investigación está avanzando a pasos muy firmes. Y demuestra también que hay núcleos de poder históricamente no tocados en esta provincia que ahora están comenzando a verse seriamente afectados y esto no tiene relectura».
Schiappa Pietra señaló que "este tipo de investigaciones pueden verse afectadas de un montón de maneras". "Lo importante de esto es que lo presentado es prueba objetiva y no está cuestionada por las partes y la jueza lo vio así. Se trata de toda la contratación que había por fuera de la legalidad en la provincia, esto es justamente el lobby empresarial prohibido, todo lo que la ley prohíbe. Por eso reitero que la evidencia es contundente y quedó muy claro que hay una forma de hacer política en la provincia que está comprometido con maniobras delictivas", remató el fiscal, quien insistió que ahora todos los ojos están puestos en Corte Suprema provincial que debe resolver la declaración de inconstitucionalidad.
