Un nuevo giro judicial sumó el caso del aborto realizado en Tartagal aplicando lo que estipula la ley para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), ya que la mujer que lo había solicitado denunció a la médica argumentando que “la obligó” a abortar.

El hecho ocurrió hace más de una semana, pero tomó trascendencia nacional cuando el juez Fernando Mariscal Astigueta dio curso al pedido de detención a la profesional que hizo el fiscal penal Gonzalo Vega “por presunta comisión del delito de aborto”.

La causa se inició a partir de la denuncia de una tía de la mujer y derivó en que la médica Miranda Ruiz estuviera detenida unas horas, lo que generó fuertes protestas y pronunciamientos, principalmente de movimientos feministas, pidiendo por su liberación.

La nueva denuncia ingresó a la Justicia el domingo por la mañana, allí la mujer J.P.M. reconoce que solicitó que se le practique un aborto, “pero cuando hablé con mi tío y mi tía ya no quería hacerlo. Y más todavía cuando la vi a mi hija Angie ahí decidí no hacerlo”.

La joven también señala que: “Yo le dije a la doctora Miranda el día 24 agosto que quería continuar con el embarazo, pero no me hizo caso. Y me hizo abortar. Yo me arrepentí de hacerme el aborto y quería que mi hija esté viva. Yo quería que mi hija Milagro esté con vida. Y cuando me quería ir ella me obligó a quedarme en observación".

Justamente, aunque todavía no existía la denuncia de la mujer, el argumento de que la doctora “obligó” a la paciente fue utilizado por el fiscal para solicitar su detención, tal como se consignó desde el Ministerio Público Fiscal que detalló que "la médica del Hospital Juan Domingo Perón, de la ciudad norteña de Tartagal, intervino en el procedimiento de interrupción voluntaria de un embarazo de 22 semanas y dos días realizado a una joven de 21 años, a pesar de que la mujer habría manifestado su arrepentimiento. Se indicó que eso consta en la historia clínica de la joven donde una profesional del equipo dejó sentado por escrito”.

Imposible obligarla con un tratamiento de pastillas

Miranda Ruiz, desestimó cualquier posibilidad de que se la acuse de obligar abortar a una paciente, porque el procedimiento que se utilizó es con pastillas y por lo tanto autoadministrado.

“El tratamiento para interrumpir el embarazo es autoadministrado, se pone la pastilla, Misoprostol, abajo de la lengua media hora y después hay que tragarla. Eso se hace cada tres horas hasta que se produce la expulsión, así es el tratamiento. No se hace por quirófano, no se hace por vía vaginal, porque es más incomodo, que alguien me explique cómo hago yo para obligar a una mujer para que haga ese tratamiento”, señaló la profesional en una entrevista en radio Nacional Salta.

Si bien indicó que por cuestiones de confidencialidad no iba a hablar de la historia clínica, advirtió que una jueza de Tartagal indagó sobre el procedimiento y que cuando se le dieron los causales permitió que continúe. “Además ¿Qué móvil puede llevar a un médico a obligar a abortar a una paciente?”, se preguntó Ruiz.

En cuanto al protocolo que se aplica en estos casos dijo “conocerlo de memoria” e informó que existe un consentimiento firmado, la valoración de un equipo médico y las causales justificadas”.

Al momento de evaluar el revuelo mediático que generó esta situación, la médica no dudó en apuntar a la concejala de Salvador Mazza, Claudia Subelza, que fue la que dio a conocer a los medios el tema, y a la diputada provincial Cristina Fiore, ambas conocidas por su militancia en contra del aborto.

“Es increíble como la paciente, la familia y yo, estamos siendo usados políticamente por la concejala Subelza y la diputada Fiore, que militan la ley del aborto, con argumentos espurios, expusieron a la mujer mediáticamente y quisieron encarcelar a una médica en Tartagal en donde faltan profesionales”, expresó.

Ruiz también considera que su encausamiento en la Justicia es un disciplinamiento, porque ella es la única profesional del hospital que no presentó objeción de conciencia, y por lo tanto puede garantizar que se aplique la IVE y la ILE en dicho establecimiento.

Fiore en la última sesión de Diputados hizo referencia al tema y dio una versión, que no especificó de que fuente la obtuvo, en la que describía que la joven había sido llevada al quirófano luego de que se negase a seguir tomando pastillas, y que “allí escuchó el llanto de la beba que nació viva, y luego el espantoso silencio”.

Tal como se menciona anteriormente, la médica negó terminantemente que la mujer haya pasado en algún momento por el quirófano para hacerle un aborto vía quirúrgico.

Distinta fue la postura de la diputada Gladys Paredes, también médica y que por lo tanto conoce bien la situación de Tartagal, de donde es oriunda. Para ella “se dijeron muchas mentiras. La joven que solicita la interrupción no fue solo consultada con la doctora: hay un protocolo donde se consulta a la psicóloga, a la asistente social y se hace un recorrido antes de darle la medicación”.

En declaraciones a FM Aires, Paredes expresó que “Hay una ley que más gusta a algunos, menos a otros, pero hay una ley que la doctora nunca hizo incumplimiento”. Y agregó que “la doctora Ruiz es una mujer estudiosa, no es improvisada, es formadora de profesionales en una residencia. Es un lujo tener a esta doctora y una gran pena que se permitan este tipo de atropello”.

El hecho revivió a los grupos anti abortos autodenominados “ProVida”, quienes anunciaron se congregarán hoy frente a la ciudad Judicial de Tartagal reclamando que se castigue a la médica.

En tanto militantes feministas anunciaron un pañuelazo por el aborto legal, el miércoles también frente a los tribunales de la ciudad norteña, bajo la consigna “Ganamos esta Ley y la vamos a defender”.