La Cámara Federal porteña les dio la razón a Mauricio Macri y a Darío Nieto y sostuvo que deben investigarse en los tribunales de Comodoro Py sus denuncias sobre la supuesta manipulación del teléfono del secretario privado y la presunta filtración de datos del expresidente. El juez Marcelo Martínez de Giorgi deberá seguir adelante con la investigación que motorizó la dupla Macri-Nieto como forma de contrarrestar la causa de espionaje ilegal que tramitaba en Lomas de Zamora y que tiene a Nieto como uno de los imputados.
En julio del año pasado, Nieto denunció en los tribunales de Comodoro Py que su celular había sido manipulado después de que se lo secuestraran por orden del juez Federico Villena, que llevaba adelante la investigación sobre las andanzas de los espías conocidos como Súper Mario Bros. Esos agentes aparecían como quienes le pasaban información a Nieto a través de la funcionaria Susana Martinengo. Con el correr de los meses, Nieto empezó a denunciar filtraciones en los medios y, en octubre pasado, se sumó Macri, diciendo que se habían conocido datos personales suyos a través del análisis del aparato que le habían secuestrado a su secretario privado en la causa que tramitaba en Lomas de Zamora. Macri aprovechó para denunciar a los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide por la supuesta filtración de sus claves, que incluían, entre otras, la de Netflix --según reveló Alberto Fernández, Macri le dijo que, mientras era presidente, a las 19 dejaba de trabajar y se dedicaba a ver contenidos de esa plataforma--.
Martínez de Giorgi consideró que la causa por la supuesta filtración de información de Macri debía investigarse en Lomas de Zamora, donde el exmandatario decía que se había producido. Allí también se investigaron los hechos. Sin embargo, la dupla Macri-Nieto apeló y llevó el tema a la Cámara Federal. Desde marzo, la discusión sobre la competencia estuvo trabada porque Macri buscó por todos los medios apartar al camarista Eduardo Farah. La semana pasada, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal volvió a rechazar la pretensión de Macri y Farah finalmente quedó facultado para intervenir. Para sorpresa del expresidente, el camarista le dio la razón y le ordenó a Martínez de Giorgi que investigue los dos hechos conjuntamente “en aras de optimizar recursos y lograr una eficaz tarea de instrucción”.
Macri intentó correr a Farah con el argumento de que es uno de los magistrados que declararon como testigos en la causa de la llamada “mesa judicial macrista”, en la que se investigan las presiones de funcionarios y asesores del gobierno de Cambiemos sobre el Poder Judicial y el Ministerio Público. De hecho, Farah pidió que lo trasladaran de la Cámara Federal a un tribunal penal económico, primero, y luego a uno en San Martín por la reacción política y mediática a la decisión de excarcelar a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa. Recién regresó al segundo piso de los tribunales de Comodoro Py en febrero de este año.
Farah es uno de los jueces que tiene en sus manos el destino de la causa de espionaje que tramitó inicialmente en Lomas de Zamora y se mudó a Comodoro Py. El expediente tiene dos tramos: uno que corresponde al espionaje sobre Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria y otro que se centró en el accionar de los espías conocidos como Súper Mario Bros y en el espionaje penitenciario. En la Cámara Federal están para revisar los 38 procesamientos que dictó en febrero pasado el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé por el segundo tramo. Esos procesamientos están siendo analizados por estos días por Farah junto a sus colegas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. Es improbable que la Cámara vaya a pronunciarse antes de las primarias del domingo, en las que Nieto debutará como precandidato para la Legislatura porteña. Nieto busca que la Cámara Federal confirme la falta de mérito que le había dictado Augé.
Martínez de Giorgi no sólo tiene la denuncia de Macri y Nieto sobre el teléfono del secretario, sino que también se hizo cargo de la causa que llegó de Lomas. Para avanzar con ese expediente --que fue el que mayor atención suscitó el año pasado--, espera las definiciones de la Cámara Federal. En la causa del teléfono, el juez ordenó medidas para determinar cómo se hizo la extracción de la información del aparato.