Como si se tratara de una secuela de una película de bajo presupuesto, ahora se descubrió en Formosa que aquellas mujeres que supieron mostrarse como embarazadas que huían al monte por temor a ser obligadas por el gobierno formoseño a hacer cesáreas o a separarse de sus hijos, como "informaba" con exclusividad el canal de noticias TN, militan activamente en un partido de la oposición al gobernador Gildo Insfrán. Según comunicó la provincia, trascendieron fotografías de las mujeres de aquel grupo que había sido señalada como "armadora del montaje televisivo" junto a un expolicía provincial que tuvo activa participación en el operativo que se conoció como "las embarazadas del monte".
De acuerdo a lo que informó el gobierno de Formosa, un grupo de esas mujeres apareció ahora militando para la precandidatura a diputada nacional de Gabriela Neme, quien participa de un desprendimiento del peronismo local. Neme tuvo también activa participación en la apertura de las fronteras provinciales que provocó un pico de contagio de covid-19.
Según el informe provincial el expolicía que acompaña a las mujeres fue quien llevó "a los trabajadores del canal TN hasta la localidad del oeste formoseño para reunirse con las mujeres originarias embarazadas escondidas en el monte". El gobierno local difundió las imágenes de ellas que, afirma, "se dieron en el marco de la campaña política para las elecciones de medio término a diputados nacionales por Formosa. En ellas se pudo confirmar la presencia de Miguelina Navarrete y Ercilia Agüero, quien está sindicada como una puntera en la comunidad originaria".
La denuncia ante la CIDH
Tras el informe que presentó TN a mediados de marzo pasado, el dirigente de la comunidad Qom Félix Díaz y el exfuncionario de Maria Eugenia Vidal, Santiago Cantón, realizaron la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La organización llegó a dictar medidas cautelares a favor de 7 de esas 80 mujeres, supuestamente originarias de la localidad El Potrillo, que decían ser víctimas de persecución por parte del gobierno provincial que --señalaban-- pretendía separarlas de sus hijos.
Después de estudiar el caso, la CIDH decidió levantar las medidas cautelares que había otorgado el 16 de abril. En su resolución, el organismo consideró que "las mujeres embarazadas dieron a luz y no se cuenta con elementos que indiquen que hubo hostilidad o agresiones durante el proceso de parto o situaciones similares como las que la representación (los denunciantes) informaba de manera previa al otorgamiento de las medidas cautelares".
El organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), presidido por la jurista chilena Antonia Urrejola Noguera, secundada por la peruana Julissa Mantilla Falcón y la brasileña Flávia Piovesan, valoró la respuesta del Estado argentino y criticó la dilación y las contradicciones de los peticionantes a la hora de colaborar con la investigación
La reacción de Pietragalla
"Se confirma lo que le veníamos diciendo a la CIDH, que los datos de las víctimas no estuvieron nunca. Primero la denuncia mencionaba 70 casos, que luego se redujeron a 7, y se comprobó que todas las mujeres habían parido con historia clínica en Formosa, salvo una que está en Salta y que tiene acceso al sistema público de salud", destacó el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, tras conocer la decisión de poner fin a las cautelares.
La denuncia, acompañada por un informe de TN, había sido presentada por el dirigente Qom Félix Díaz, que formó parte del gobierno de Mauricio Macri, y el exfuncionario de María Eugenia Vidal y exsecretario de la CIDH, Santiago Cantón.
En un comunicado, la secretaría de Derechos Humanos afirmó entonces que "en su resolución, la CIDH reconoce que el marco fáctico que había valorado para dictar las medidas cautelares no se verificó durante el trámite internacional. En otras palabras, que la gravísima denuncia internacional formulada por el dirigente indígena Félix Díaz y Santiago Cantón, no logró demostrar situaciones concretas de mujeres embarazadas que no contaran con la atención médica adecuada, que estuvieran escondidas en el monte por miedo, amenazas u hostigamiento en su contra, o mucho menos que existieran casos de bebés separados de sus madres al nacer".
La causa en Formosa
La causa abierta de oficio en la justicia formoseña estuvo a cargo de la Procuraduría de la provincia, encabezada por Sergio López y el fiscal Rubén Gon.
La investigación concluyó que las mujeres wichí del oeste formoseño, que aparecieron en dicho informe, no estaban embarazadas y que "les habían ofrecido 5000 pesos por sus declaraciones".
De acuerdo con la investigación de la fiscalía, la producción del informe televisivo contó con la asistencia de un expolicía de Formosa y de una mujer señalada como puntera de El Potrillo. Por su parte, el procurador general de Formosa aseguró que las pruebas de la investigación que llevó adelante el fiscal Rubén Gon "demuestran que se pudo comprobar que TN mintió y que pagó a falsas embarazadas para que declararan que estaban escondidas en el monte de la localidad formoseña El Potrillo".
