Uso ilegal de datos personales y malversación de fondos públicos, son los delitos de los que un grupo de vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires acusa al gobierno porteño en la denuncia penal que presentaron el martes. Piden que se investigue por qué y cómo recibieron propaganda de campaña de Juntos por el Cambio desde los mismos contactos en los que dejaron información personal para diversos trámites, como el de la vacunación, que incluye información de salud que, como tal, debe ser doblemente protegida. 

Tras esa denuncia y otra que presentó el abogado Juan Pablo Chiesa, que suma la figura de extorsión --quedó a cargo del juez Luis Rodríguez--, el legislador Santiago Roberto presentó un pedido de informes al Ejecutivo porteño, en el que se solicita saber “dónde se almacenan los datos personales de los ciudadanos y ciudadanas obtenidos", y cuál es "el tratamiento que el Gobierno de la Ciudad y las empresas adjudicatarias brindan a dichos datos personales”. 

Legisladores como Claudia Neira, Matías Barroetaveña y Alejandrina Barry se sumaron a la denuncia, advirtiendo la gravedad institucional que reviste la operatoria, de comprobarse la utilización para uso proselitista de los datos dejados en la línea de atención oficial 147. Se trata de un servicio brindado por la empresa GIV SRL, que en marzo pasado obtuvo una millonaria 'ampliación del objeto del contrato', sin más trámite de por medio que la posterior publicación en el Boletín Oficial.    

Ana Guarriello, quien desde la organización Defensoría de Laburantes patrocina a los vecinos y vecinas que realizaron la denuncia --unos veinte que hicieron todos los trámites para ello, sobre más de 40 que acercaron diversas pruebas--, relató a Página/12 que presentarán el miércoles otra denuncia ante el tribunal electoral, y analizan presentar otra en la justicia provincial, por los casos de llamadas recibidas por vecinos de Tres de Febrero, a los que se invitaba a participar de un zoom o tomar un café con Diego Santilli.

Sin sorpresa 

“No nos sorprende que utilicen información de las y los porteños, porque es una práctica habitual en el gobierno de Larreta, como lo fue con Macri. No tienen ningún tipo de escrúpulos ni respeto por las instituciones y la privacidad de las y los vecinos de nuestra ciudad”, expresó Roberto. "Usan los datos públicos para hacer campaña del mismo modo que confunden, en general, todo el ámbito institucional con el electoral. Han transformado al Estado porteño en un bunker gigante de campaña donde ya no hay límites de ningún tipo, ni siquiera jurisdiccionales", denunció Neira. Barroetaveña es otro de los que no se sorprende: “Repiten el modus operandi de Marcos Peña durante todo el gobierno de Macri, y suman una nueva utilización de datos estatales, como lo fue en el caso de los aportantes truchos para la campaña de Vidal, en que se utilizaron las bases del Ministerio de desarrollo social”, compara. 

"Es algo muy grave pero que lamentablemente no sorprende, hemos visto en otras elecciones este tipo de manejos por parte del Gobierno de la Ciudad", coincide Barry. "Lo que también es importante que se sepa es la situación de precarizacion laboral de las y los trabajadores de la línea 147, hemos recibido muchas denuncias. Estas empresas privadas que hacen negocios con el gobierno precarizan sistemáticamente a trabajadores jóvenes que no tienen otra salida laboral", agrega.

"Todo lo que está mal"

Como presidente de la comisión de Trabajo en la Legislatura porteña, Roberto pidió conocer la modalidad de contratación del personal del 147 y si hay trabajadores tercerizados. Es luego de otra denuncia radicada por trabajadoras de ese call center, en la que además de revelar que tenían que hacer campaña para María Eugenia Vidal y Diego Santilli manejando información dejada en la línea de trámites --algunas jóvenes eran convocadas especialmente para la campaña, otras venían trabajando desde antes como operadoras del 147--, relataron la precarización que sufrían. "No sólo los ciudadanos y ciudadanas se ven desprotegidos frente al uso de información que les pertenece, también los empleados de la Ciudad se encuentran militando una campaña sin haberlo elegido", observa Neira.

“Este caso reúne todo lo que está mal: utilización de bienes y presupuesto público para fines electorales, vulneración del derecho al resguardo de los datos personales y su uso sin consentimiento, abuso y hostigamiento laboral, falta de publicación y trasparencia en la contratación del call center 'legal'", enumera Barroetaveña. “Hemos presentado numerosos pedidos de informes que son ignorados, esperemos que la justicia actúe y ponga fin a este tipo de prácticas”.