Docentes de Salta integrantes de la Asamblea Provincial Autoconvocada denunciaron que más de mil maestros tuvieron descuentos salariales por los días que pararon en mayo y junio. Aseguraron que se trata de una medida disciplinadora por parte del gobierno de Gustavo Sáenz, en represalia luego por el última medida de fuerza, que duró todo agosto y se extendió hasta los primeros días de septiembre. 

También señalaron que las resoluciones del Ministerio de Educación de la provincia Nº 428 y 432, que establecen la exigencia de la elaboración de un plan de devolución de horas, van en contra del derecho a huelga. La Asamblea sostuvo que el Ministerio de Educación de Salta no reconoce el respaldo legal a la medida de fuerza, y ante ello, ya analizan la presentación de una acción de inconstitucionalidad contra la cartera que dirige Matías Cánepa. 

La docente Jimena Maidana contó a Salta/12 que se dieron con los descuentos en su última liquidación de haberes. Allí se percataron que la merma tenía que ver con los paros de actividades que un sector realizó en mayo y junio. 

Para ese entonces la docencia reclamaba el incumplimiento del Plan jurisdiccional de retorno a clases presenciales aprobado por el Comité Operativo de Emergencia (COE), motivada principalmente por el incremento de fallecidos entre los maestros por la covid-19 en la provincia, lo que generaba un clima de angustia y preocupación en el sector.

Según lo que se pudo recabar, más de mil trabajadores sufrieron descuentos que van desde los $5 mil hasta los $37 mil, dependiendo del cargo de cada uno. También pudieron saber que los departamentos de Orán y Anta son los más afectados, en este último precisamente se convocó en ese período a un paro de manera independiente, a causa de la alarmante situación epidemiológica que vivían. 

Maidana explicó que en esos días "la docencia paró en defensa de la vida y pidiendo que se cumpla el plan jurisdiccional", pero "ahora el gobierno (provincial) nos está descontando en los haberes que ya están liquidados". Esta acción posterior fue caracterizada por la Asamblea como "ilegal, persecutoria, arbitraria y anticonstitucional", como reprimenda por el paro de 5 semanas que llevaron adelante hasta el viernes 6 de septiembre. 

Incluso se dieron casos de docentes que no hicieron paro e igual tuvieron descuentos en sus haberes. A otros les descontaron los días feriados. Se indicó que cada docente está haciendo el reclamo correspondiente ante su directivo, ya que es el camino administrativo que deben seguir. Luego se elevará a las supervisiones, direcciones de nivel y de ahí al área que corresponda. 

Por su parte, la cartera de Educación confirmó a Salta/12 que los descuentos se hicieron efectivamente. Se indicó que esas fechas no estuvieron contempladas en la resolución Nº 428/21, que sólo establece que no se descontarán los días de paro realizados en agosto. En esa misma disposición también se instaba a que los docentes que adhirieron a la medida de fuerza elaboraran un plan de devolución de horas hasta el 6 de septiembre, fecha que fue prorrogada hasta el próximo viernes 10 (resolución 432/21) porque el paro se extendió una semana más. 

El abogado Pablo Cisneros, asesor legal de los docentes, aseguró que estos descuentos no son una casualidad sino que representan una represalia contra la docencia que adhirió al paro en el último mes. "Tuvieron prácticamente dos meses para descontarles y recién lo hacen ahora en plena circunstancia de paro", cuestionó el letrado.

Indicó que se trata de una "acción repulsiva y revanchista" por lo que buscará "proteger los derechos de los docentes". El paro de agosto tuvo una adhesión de osciló entre el 60% y el 80% en algunas localidades de la provincia. El viernes 6 la medida de fuerza se suspendió hasta el 17 de septiembre. 

Maidana aseguró que otro agravante es que los descuentos se dieron bajo el término de "inasistencia injustificada por salud laboral", cuando en realidad fueron por paro. Explicó que en la actividad docente, ese concepto es acumulable y que de llegar a un máximo estipulado se corre el peligro de una sanción. En el caso de los interinos se aceptan hasta 5 inasistencias injustificadas y en los de planta, el tope es de 10. 

Con este criterio aplicado "hay compañeros que tienen más de 6" faltas injustificadas, aseguró la docente. "Corremos el riesgo de grandes sanciones a los docentes que luchan", denunció. 

En contra del derecho a huelga

La Asamblea Provincial Docente Autoconvocada también declaró que las resoluciones 428 y 432 van en contra del derecho a la protesta. Esas resoluciones establecen la posibilidad de devolver las horas no trabajadas para que no se descuenten los días de paro. Y sostienen que esa alternativa se otorgará "con carácter excepcional" al personal docente que no se presentó a trabajar en agosto "sin un motivo legal". 

Esa definición no es aceptada por la docencia por entender que no se reconoce el amparo legal del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Salta (Sitepsa), que adhirió al paro y fue la única entidad gremial que acompañó el reclamo de los Autoconvocados. Por ese motivo, la Asamblea también fue contra el Sindicato porque aceptó esa disposición que "no tenía por qué ser admitida si se contaba con una personería". 

Además, también criticaron que las mismas resoluciones establecen las normas a seguir "a modo de perdón" para evitar el descuento por los días de paro. Señalaron que en el artículo 4 se expresa que "no (deberán) incurrir en nuevas inasistencias injustificadas mientras dure la ejecución del mencionado Plan" de devolución de horas. 

Todo ese escrito es rechazado porque, dijeron, se priva del derecho a huelga a ser ejercido cuando la docencia lo crea conveniente. Y además, porque se vuelve a usar el concepto de "inasistencias injustificadas", una forma de "poder reprenderlos", afirmó el abogado Cisneros. 

Maidana anunció que se llamará a una medida de fuerza para este viernes. En su opinión, las resoluciones dejan "la puerta abierta para un montón de atropellos laborales". 

Contó que ya se dieron casos con directivos que exigen la presentación del plan desde el inicio de esta semana hasta hoy, sin respetar el plazo que vence el viernes 10. "Se agrava la persecución hacia la docencia y vemos una política sancionatoria al derecho a huelga", afirmó. 

Cisneros aclaró que como medida preventiva, cada maestro que presente el plan de devolución de horas deberá adjuntar una nota en la que se manifieste el rechazo al término legal de "inasistencia injustificada", y pedir su reemplazo por otro concepto que deje asentado el derecho a protesta. 

Desde la Asamblea analizan la presentación de una acción de inconstitucionalidad rn contra de estas disposiciones ministeriales. Por su parte, Cisneros sostuvo que el gobierno "tiene que tener buen criterio para hacer las cosas porque ya está dicho que de continuar con estas situaciones de hostigamiento, hay un sector que va a llevar a cabo otras medidas de fuerza".