El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos suscribió ayer un convenio con la intendencia de Rosario para que el municipio ponga a disposición sus programas, planes y acciones sociales con el fin de colaborar con la inclusión de las personas en conflicto con la ley penal, que posean libertad condicional o condenas de cumplimiento condicional.
El acuerdo --una iniciativa de cooperación y colaboración interinstitucional-- fue suscripto por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, y la intendenta Mónica Fein, en un acto que se realizó en salón Belgrano del Palacio Municipal. Uno de los ejes del acuerdo es el de apostar por la inclusión social como herramienta para combatir la inseguridad.
Silberstein aseguró que "está probado que la persona que haya pasado por el sistema penal, si uno le consigue trabajo o los prepara para un oficio, no vuelve a delinquir". El ministro advirtió que "si no le damos esa alternativa, vamos a seguir siempre teniendo serios problemas de inseguridad". Fein resaltó la posibilidad de "poder articular acciones para generar oportunidades e involucrarnos en tener una mejor ciudad, que es lo que todos queremos".
El objetivo principal del acuerdo es otorgar nuevas oportunidades educativas, sociales y laborales a aquellas personas que se encuentren en el proceso de recuperar su libertad, para lograr su reinserción dentro de la sociedad e intentar reducir los riesgos de reincidencia en el delito. En la actualidad, en toda la provincia hay alrededor de dos mil personas formando parte del programa de asistencia y control pos penitenciario. De acuerdo a un análisis sobre las capacidades del municipio, se pondrá en ejecución de manera inmediata el convenio firmado. El municipio garantizará cupos permanentes para el cumplimiento de reglas de conducta y de tareas comunitarias.
