La investigación por el envío de municiones a Bolivia quedó finalmente en manos del juez Alejandro Catania. Así lo resolvió la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, que entiende que el magistrado deberá continuar con la causa por contrabando agravado que compromete a Mauricio Macri, Marcos Peña y Patricia Bullrich, entre otros funcionarios de la gestión Cambiemos, por haber enviado material represivo para apoyar a las fuerzas que consumaron el golpe de Estado contra Evo Morales.
La decisión sobre la competencia fue tomada este miércoles por la camarista Carolina Robiglio, quien coincidió con el juez Javier López Biscayart en que la causa debía tramitar ante el magistrado del fuero penal económico que recibió la primera denuncia.
En el fuero penal económico había dos expedientes sobre el envío de municiones a Bolivia: la denuncia que presentó el gobierno de Alberto Fernández -- a través de Sabina Frederic, Mercedes Marcó del Pont y Martín Soria-- y la presentación que hizo el excamarista Eduardo Freiler. Las dos ingresaron el mismo día a la Cámara en lo Penal Económico y se sortearon con una diferencia de trece minutos. La de Freiler se sorteó primero y quedó radicada en el juzgado de Catania mientras que la del gobierno cayó en el juzgado de López Biscayart. El fiscal Claudio Navas Rial interviene en ambos expedientes, pero impulsó la investigación sobre la denuncia de Soria, Frederic y Marcó del Pont.
En los primeros días de agosto, López Biscayart declinó la competencia alegando que la primera denuncia que había llegado al fuero era la de Freiler y estaba en manos de Catania. No hubo apelaciones. A la semana, Catania rechazó hacerse cargo del expediente y sostuvo que su colega fue quien estuvo al frente de la instrucción desde el primer momento, recopiló la documentación y le corrió vista al fiscal en dos oportunidades para que impulsara la acción penal.
El fiscal ante la Cámara, Gabriel Pérez Barberá, consideró que, por una mejor y más rápida administración de justicia, la causa debería seguir en manos de López Biscayart. Sin embargo, la camarista Robiglio no compartió esa lectura y sostuvo que, además de asegurar un rápido trámite, debía agregarse la premisa de velar por la garantía constitucional del juez natural. "Es necesario asegurar la transparencia en la asignación de las denuncias que ingresan", escribió la jueza.
Robiglio, además, evaluó que los dos expedientes se encuentran en la etapa inicial del sumario y que no fueron los jueces quienes le otorgaron un cauce determinado a la investigación, sino el fiscal Navas Rial, que es el mismo en las dos causas. "Tampoco puede considerarse que la mejor y más pronta administración de justicia se vincule con la calidad de funcionarios públicos, o no, de los denunciantes, toda vez que por ninguna disposición legal se prevé la preponderancia, sobre la base de aquellos parámetros -distinción que, por otra parte, carecería de respaldo constitucional-, de una denuncia por sobre otra a los fines de la determinación de la competencia", agregó.
De esta forma, la investigación debería volver en las próximas horas al juzgado de Catania. En las últimas semanas, la causa estuvo tramitando ante López Biscayart, que siguió recopilando información. El martes, pidió datos al Ministerio de Defensa sobre un sumario abierto por las autoridades para investigar el envío de municiones a Bolivia y también sobre la ubicación del Hércules C-130, que el 12 de noviembre de 2019 trasladó a los gendarmes y las armas hasta el aeropuerto de El Alto.
En la causa están imputados Macri, Peña, Bullrich, el exministro de Defensa Oscar Aguad, el excanciller Jorge Faurie y el exembajador en Bolivia Normando Álvarez García. Además, están siendo investigados el exjefe de la Gendarmería Gerardo Otero y otros tres integrantes de esa fuerza: el exdirector de Logística Rubén Yavorski, el exdirector de Operaciones Carlos Miguel Recalde y el exagregado en Bolivia Adolfo Caliba.
A todos ellos se los responsabiliza por las 70.000 balas antitumulto que salieron en la noche del 12 de noviembre de 2019 y llegaron a la madrugada del día siguiente al aeropuerto de El Alto. Las balas no fueron declaradas en el manifiesto de carga del Hércules ni ante las autoridades bolivianas. Al llegar a El Alto, se repartieron entre la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y la policía local. Tal como publicó PáginaI12, los gendarmes no tuvieron contacto con las municiones ni mucho menos las usaron en entrenamientos durante su estadía en el Estado Plurinacional, como fue la primera explicación que surgió de las filas de la fuerza.
