Un empleado de la embajada argentina en Bolivia presenció el preciso instante en que la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y la policía local se repartían los pallets con las municiones que acababan de llegar desde Argentina, enviadas por el gobierno de Mauricio Macri, para apoyar el golpe contra Evo Morales. El hombre declaró incluso que fue él quien recibió la carta de agradecimiento de la FAB, que dio origen a la investigación sobre el apoyo argentino a los golpistas, y negó que los gendarmes hayan realizado prácticas de tiro durante su estadía en La Paz. El ministro de Justicia Martín Soria le dijo a Página/12 que, a raíz de esta declaración, el gobierno trabaja en una ampliación de la denuncia que tramita en el fuero penal económico.

El testigo es un empleado que lleva diez años trabajando en la embajada argentina en La Paz. Durante un período extenso, fue incluso el responsable de la seguridad en la representación diplomática. Por razones de seguridad no se revela el nombre del hombre que prestó su testimonio para un documental sobre el golpe contra Morales en el que trabajan el gobierno de Alberto Fernández y el de su par boliviano, Luis Arce.

El empleado fue parte de la comitiva de la embajada argentina que en la madrugada del 13 de noviembre de 2019 fue hasta el aeropuerto de El Alto a recibir el Hércules C-130 que traía al contingente de gendarmes y en el que iban a subir los argentinos que serían repatriados. Estuvo en la pista mientras se bajaban los armamentos que habían acompañado a los efectivos de la fuerza de seguridad que estaban destinados a proteger la embajada y la residencia argentina en La Paz.

“Me fui con el oficial hasta el avión. Llegamos hasta el mismo avión que ya estaba con la puerta de atrás abierta y ahí vi que estaban bajando unas cajas muy grandes”, relató. “Lo que yo vi claramente es que habían separado estas cajas. Uno toma (una parte) del montacargas y lo mete al hangar de la Fuerza Aérea y la otra parte se carga en la camioneta de la Policía Boliviana”, añade.

Su relato coincide con las declaración que brindó Wilfredo Chura Condori, jefe de subsección de Almacén Central Material Bélico de El Alto, que afirmó que las municiones quedaron en el hangar de la Fuerza de Tarea Aérea Diablos Negros. Los efectivos de la policía boliviana que declararon en el sumario administrativo, revelado por este diario, también dieron cuenta de que el material represivo que quedó en poder de esa fuerza se trasladó en un vehículo propio.

El reparto

La llegada del Hércules a Bolivia no estuvo, según su declaración, exenta de rencillas. En la pista se dio una pelea entre el agregado de la Gendarmería, Adolfo Caliba, y el agregado naval, Miguel Ángel Alonso. “Ahí hubo un poco de conflicto. Cuánto y cuánto. Yo veía que estaban un poco discutiendo el porcentaje”, contó. Hasta ahora, el único señalado como quien coordinó la entrega de las armas es Caliba, que está imputado en la causa penal y sometido a un sumario administrativo. Parte de su situación se complicó porque uno de los que le apuntaban era el propio Alonso, que, con este testimonio, aparece como un actor clave de la repartija con las fuerzas golpistas y quien habría coordinado con la FAB, que se llevó la mayor parte de los cartuchos.

“El oficial de la Gendarmería, un poco molesto, me dice: ‘No, qué macana. Todo lo que tenía que ser para la Policía (pero) ahora quiere que le demos más a los militares. Ahora hay que separar y dividir’”, le habría comentado Caliba en el aeropuerto de El Alto. “Me dice: ‘Quiere llevarse más porcentaje la parte del ejército aéreo y no tanto la policía (...) Yo velo por la policía’. En cambio, el capitán de la Armada velaba por los militares aéreos”.

Hasta ahora se sabe que, de las 70.000 balas antitumulto 12/70 que la Gendarmería sacó del país el 12 de noviembre de 2019 --autorizadas tras una reunión en la Casa Rosada--, 40.000 quedaron en poder de la FAB y 26.900 de la policía local. Todas los cartuchos que fueron entregados a la policía boliviana --bajo gestión de Caliba-- fueron hallados en el depósito cerca de La Paz.

El escándalo sobre el envío de armas a Bolivia se desató el 8 de julio pasado cuando se halló una carta de agradecimiento del comandante de la FAB Jorge Gonzalo Terceros Lara. La misiva, fechada el mismo 13 de noviembre de 2019, agradecía al embajador Normando Álvarez García por la colaboración argentina y listaba el material recibido. Inicialmente tanto Terceros Lara, detenido en Bolivia, como Macri y Bullrich dijeron que se trataba de una nota falsificada. Sin embargo, se halló una copia en la FAB y uno de los agregados navales también certificó que era suya la firma que acreditaba la recepción en la embajada argentina.

El empleado que ahora declara dice que fue él quien recibió la nota de Terceros Lara. “Yo había recibido en su momento una carta de agradecimiento, pero yo lo recibí en sobre cerrado, o sea que yo nunca lo vi pero después descubro en el libro de entradas que yo había firmado y había recibido este sobre cerrado”, añadió.

Ni un solo tiro

El empleado de la embajada argentina en La Paz también desmintió la versión que había dado el exdirector de Operaciones de la Gendarmería Carlos Miguel Recalde, que sostenía que las 70.000 balas se habían gastado en entrenamientos por parte de los integrantes del Grupo Alacrán de esa fuerza que estaban desplegados en el Estado Plurinacional. “Sin descargar un solo tiro para nada por prácticas. Nada. Nada”, insiste el hombre. “Convengamos que dentro de la embajada o de la residencia no hay un lugar para hacer ni siquiera un disparo”, explicó.

El testimonio coincide con lo que surgió del sumario administrativo de la Gendarmería, en el que los jefes de los tres contingentes que estuvieron en Bolivia negaron haber tenido contacto con esas 70.000 balas. En ese sentido, todos los testimonios y los documentos apuntan a que el gobierno de Macri envió las municiones, no las declaró y las dejó en poder de las fuerzas golpistas. Después, desde la fuerza de seguridad, intentaron justificar la falta de los 70.000 cartuchos alegando un entrenamiento que no existió ni podría haber existido.

El testigo habló con asombro de la rapidez en la que se coordinó la entrega del material represivo entre Argentina y las fuerzas golpistas. “Yo supongo que las cosas ya estaban siendo organizadas previamente”, dijo.

Más elementos

El ministro Soria le dijo a Página/12 que, tras la revelación del testimonio, el gobierno trabajará en la presentación de una nueva ampliación de la denuncia que este miércoles quedó finalmente en manos del juez Alejandro Catania. A priori, la declaración también complica la situación de Alonso como el interlocutor con la FAB.

En la causa están imputados por contrabando agravado Macri, el exjefe de Gabinete Marcos Peña, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, el exministro de Defensa Oscar Aguad, el excanciller Jorge Faurie, el exsecretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo y el exembajador Álvarez García. También son investigados el exjefe de la Gendarmería Gerardo Otero, Caliba, Recalde y el exdirector de Logística Rubén Yavorski.