En una condena histórica, el cura Nicolás Parma conocido por su nombre eclesiástico como “padre Felipe”, fue sentenciado en la provincia de Santa Cruz, a 17 años de prisión por abuso sexual, cometido contra dos seminaristas cuando se encontraban a su cargo siendo menores de edad. Esta sentencia contra Parma, resulta un nuevo golpe a la red de sometimiento y abuso instalada desde la congregación “Hijos de Jesús San Juan Bautista”, fundada en 2006 por el ex cura Rubén Agustín Rosa Torino, condenado en julio de este año por los mismos delitos -abuso sexual a dos seminaristas y a una ex monja-, en la provincia de Salta.

Los cargos contra Parma se iniciaron en 2016, con la denuncia por abuso de un novicio, quien se encontraba bajo su custodia en la parroquia Exaltación de la Cruz, en la localidad de Puerto Santa Cruz, ubicada a 250 kilómetros de Río Gallegos. A ésta denuncia se sumó una segunda acusación por el mismo delito, de otro de los seminaristas a su cargo, en la misma iglesia.

El proceso del juicio, oral y privado, dadas las características de los delitos que se analizaron, concluyó este miércoles al mediodía, cuando a las 12.30 horas se leyó la condena en la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial de Río Gallegos. Allí, el presidente de la Cámara, Joaquín Cabral, leyó la condena a Parma: “a 17 años de prisión de cumplimiento efectivo”, y al pago de las costas del proceso. Se lo  consideró “autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple doblemente agravado por haber sido cometido por un ministro de culto, encargado de la educación y guarda de menor conviviente de 18 años en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante doblemente agravado por haber sido cometido en la modalidad continuada” contra otro menor, de acuerdo a varios incisos del artículo 119 del código penal.

El acusado siguió la transmisión del juicio en forma virtual desde la comisaría de Puerto Santa Cruz donde se encuentra detenido desde 2018. En tanto las víctimas, Yair Gyurkovitz y Jonatan Alustiza, lo hicieron desde sus actuales lugares de residencia: en Cafayate (Salta), y en Pergamino (Buenos Aires) respectivamente.

Conocida la sentencia, el abogado defensor Cristian Arel anticipó a la agencia Télam no acordar con la resolución del proceso. “Vamos a reiterar el pedido de absolución en Casación” sostuvo el defensor. El fiscal Iván Saldivia manifestó a medios locales santacruceños su acuerdo con la condena: “Es importante la sentencia de 17 años” señaló, aun cuando “habíamos solicitado 20 años” remarcó Saldivia.

Parma pertenecía a la Congregación “Hijos de Jesús San Juan Bautista”, fundada en Salta por el ex cura Rosa Torino, quien fue condenado en julio de este año, a 12 años de prisión en esa provincia por abuso de menores, entre ellos, los mismos que acusaron a Parma, y a una ex monja. De ahí que pueda leerse una línea de continuidad en los delitos, en lo que podría considerarse una red de abusadores eclesiásticos.

El de Rosa Torino fue el primer caso de abuso eclesiástico que llegó a juicio en la provincia de Salta por los abusos ocurridos entre 2009 y 2012, en el ámbito de la congregación “Hijos de Jesús San Juan Bautista”. Esta congregación funcionaba en la capital salteña, y en otras 19 diócesis en Argentina, más sedes en Chile, España, México e Israel. Pero en octubre de 2015 la congregación fue intervenida por decisión del Vaticano y también se desplazó a Rosa Torino de su cargo. Por indicación del Papa Francisco se cerró entonces el Instituto religioso de derecho diocesano Hermanos Discípulos de Jesús de San Juan Bautista, que el ex cura Rosa Torino fundara en 1986.

Los denunciantes de Parma, los ex seminaristas –también sometidos a los abusos de Rosa Torino-, detallaron al tribunal santacruceño los hechos por los cuales Parma está acusado de abuso simple doblemente agravado en concurso real, con abuso gravemente ultrajante doblemente agravado en concurso real con corrupción de menores agravada.

El fiscal Saldivia anticipó que la expectativa del Ministerio Público es “mantener la acusación material y formal” contra el cura, que fue detenido en Tucumán en la casa de sus padres, en 2017. Y la jueza de Puerto Santa Cruz, Noelia Ursino, quien instruyó en primera instancia la causa por delitos cometidos entre 2009 y 2012 --cuando Parma se fue de Puerto Santa Cruz--, señaló a la prensa “la valentía de cada testigo” en el reposicionamiento del “armado de rompecabezas de los abusos”. La magistrada recordó, a propósito de la importancia que reviste la Iglesia como institución para muchas familias, que, en 2012, la despedida de Parma de la ciudad fue coronada con un homenaje al cura por parte del Consejo Deliberante local.

El “padre Felipe” había logrado la confianza de la comunidad. Pero el juicio, que comenzó el martes 31 de agosto en Río Gallegos, dejó en evidencia el sometimiento al que fueron expuestas las víctimas, quienes continuaron bajo el abuso eclesiástico cuando fueron a dar aviso a Rosa Torino. Esto se evidencia en la causa iniciada por Gyurkovitz, al dejar el noviciado en Puerto Santa Cruz. La denuncia del joven, apuntaba a Parma, pero encontró en su interlocutor, Rosa Torino, el mismo sometimiento y la imposición del silencio que el joven pudo romper recién cuando la propia estructura de la iglesia acusó a Rosa Torino de malversar fondos de la institución. El marco de la duda sobre la gestión financiera permitió afianzar no solo ésta, sino varias denuncias por abuso sexual. En ámbitos eclesiásticos, se estima que llegaron a 30 casos.

Fue en este proceso que la investigación judicial detecta a las víctimas de Rosa Torino, quienes ya habían sido víctimas de Parma. Y la Iglesia imputa a Parma por “presunto comportamiento gravemente inapropiado del interesado con menores de edad”.

Rosa Torino fue detenido en diciembre de 2016 y condenado el 8 de julio de 2021. El 11 de agosto, casi un mes después, la Iglesia Católica a través del Arzobispado salteño, informó en un comunicado que dejaba “sin efecto su estado clerical”.