Desde Río de Janeiro

Luego de las manifestaciones claramente golpistas encabezadas por Jair Bolsonaro el pasado martes (foto), este miéroles la tensión persistió en Brasilia y en varias provincias brasileñas.

Camioneros, obedeciendo a sus patrones, grandes empresarios del agro, cerraron carreteras en al menos seis provincias y, en Brasilia, trataron de acercarse, en una actitud claramente agresiva, tanto al Congreso como especialmente al Supremo Tribunal Federal, instancia máxima de la Justicia durísimamente atacada por el mandatario ultraderechista en sus pronunciamientos. Hasta el comienzo de la noche de  fueron contenidos por las fuerzas de seguridad.

Bolsonaristas

Como se esperaba, la reacción de políticos osciló entre pedidos de apertura de un juicio de destitución en la Cámara de Diputados y comentarios discretos de los aliados más cercanos a Bolsonaro, que reconocieron dos cosas. La primera, que en las manifestaciones hubo mucha menos gente que lo esperado. Y la segunda, que el ultraderechista estiró aún más una cuerda que está a punto de romperse.

Reconocieron también que, en definitiva, Bolsonaro no oye a nadie más allá de los demonios interiores que lo atormentan.

En el Congreso

Como se esperaba, la reacción de Artur Lira, presidente de la Cámara de Diputados, en cuyo cajón reposan más de un centenar de pedidos de apertura del tal juicio, fue tibia.

Líder de un grupo de partidos derechistas que tienen por tradición alquilarse a cualquier presidente – estuvieron con todos, Lula inclusive –, fue ambiguo. Intentó demostrar algún rigor, lanzó un “basta” a la escalada de agresiones de parte del mandatario, pero pasó a millas marítimas de distancia de presionar Bolsonaro con la posibilidad de aceptar una denuncia de crimen de responsabilidad a raíz del anuncio presidencial de que no pretende obedecer a determinaciones de la Corte Suprema.

Ya el Fiscal General de la República, a quien le toca, según la Constitución, denunciar crímenes cometidos por las autoridades, el presidente entre ellas, optó por insinuar alguna dureza en sus declaraciones, pero mantuvo su sumisión al mandatario golpista.

En tribunales

Mencionó problemas ocurridos en una “fiesta cívica” olvidándose que, en realidad, lo que hubo fue una incitación a la ruptura entre los tres poderes, o sea, un golpe de Estado.

Vino precisamente de Luiz Fux, presidente del Supremo Tribunal Federal, la reacción más dura y contundente.

Dejando a un lado su lenguaje retorcido y lleno de muestras de su altísimo saber jurídico, Fux fue claro en sus críticas.

Denunció que las amenazas del presidente a los tribunales configuran acto “antidemocrático, ilícito, intolerable”, dijo lo obvio – que no obedecer a determinaciones de un integrante de la Corte Suprema constituye “crimen de responsabilidad” –, y en tono enérgico aseguró que “nadie cerrará” la institución presidida por él.

En resumen, clasificó lo ocurrido el martes como lo que efectivamente fue: puro golpismo.

Mencionó el trágico cuadro vivido por Brasil, con inflación, desempleo, mortandad causada por la inercia gubernamental frente a la pandemia, la escasez de agua y la consecuente amenaza de un apagón en la energía eléctrica, para dejar claro que no hay gobierno.

Y terminó diciendo que, en caso de “crimen de responsabilidad”, es decir, si Bolsonaro efectivamente desobedece a alguna decisión de miembros de la Corte Suprema, le tocará a la Cámara de Diputados llevar el proceso hacia adelante.

Es lo que efectivamente dispone la Constitución. Y es lo que efectivamente el presidente de la Cámara, único autorizado a aceptar un pedido de juicio de destitución, se niega a hacer, a cambio de más y más puestos y presupuestos para distribuir entre sus aliados.

Presión

De todas formas, la presión sobre Bolsonaro aumentó mucho. Empresarios de los más distintos sectores criticaron duramente sus pronunciamientos golpistas. La Bolsa de San Pablo se derrumbó, dólar y euro engordaron substancialmente frente al real.

Nada de eso, en todo caso, será suficiente para contener la truculencia desvariada de Bolsonaro.

Se sabe que, cuando acosado con intensidad cada vez mayor, un psicópata suele reaccionar con más y más agresividad.

Es lo que se espera. Y el único antídoto contra ese cuadro sería que el presidente de la Cámara y sus aliados alquilados por Bolsonaro entendiesen finalmente que ya basta, que empiezan a perder sus bases electorales.

Derrumbe

Sería: no hay indicios de que eso ocurra a corto o mediano plazo.

Y así el país seguirá siendo machacado por Bolsonaro y el ala más fanatizada de sus seguidores, que conforman alrededor de 15 por ciento de los 210 millones de brasileños.

Todos los demás seguirán padeciendo, sin defensa, los crecientes efectos del derrumbe del país.