La Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tomó una medida de fuerte impacto en el juicio penal de Oil Combustibles: desistió de acusar por supuesta defraudación vinculada al pago de impuestos a los dueños de la empresa, Cristóbal López y Fabián de Sousa, y al extitular del propio organismo Ricardo Echegaray. El texto del desistimiento es durísimo porque se funda “en graves hechos de corrupción administrativa, abusos de autoridad” en los que estaba presente “la persecución y el hostigamiento a determinados objetivos políticos y económicos”. En síntesis, la misma AFIP reconoce que, durante el gobierno de Mauricio Macri, el ente recaudador fue parte de un aparato de armado de causas para perseguir opositores y quedarse con sus empresas. 

El desestimiento se produce cuando la AFIP debía presentar los argumentos de acusación este mismo jueves. En las audiencias que se realizan en Comodoro Py los cargos ahora serán formulados únicamente por los fiscales Juan Patricio García Elorrio y Diego Velazco, quienes encima tienen en contra un peritaje firmado por los contadores de la Corte Suprema e incluso avalado por la contadora designada por el Ministerio Público.

Los puntos principales de la decisión

El escrito de la AFIP lleva la firma de su titular, Mercedes Marcó del Pont, y hace un resumen de una cantidad enorme de irregularidades cometidas por los funcionarios que actuaron en el organismo entre 2015 y 2019. El desistimiento se basa en “la evidencia interna (auditorías y sumarios internos) y la evidencia externa (denuncias administrativas y requerimientos judiciales) que dan cuenta de hecho graves”. El texto añade que “la matriz de lo acontecido entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 tiene como base la persecución y el hostigamiento”.

El escrito de Marcó del Pont no plantea generalidades, sino que precisa las anomalías.

  1. La designación de funcionarios distintos a los competentes. Es decir que armaron un equipo especial dedicado a perseguir.
  2. La actuación en causas judiciales de funcionarios no autorizados. O sea que armaron denuncias por fuera del equipo de jurídicos que correspondía.
  3. La creación de unidades especiales, a las que llamaron incluso “grupos de tareas”.
  4. La creación de una herramienta sistémica. Significa que armaron programas informáticos específicos para perseguir a ciertos y determinados contribuyentes, en este caso a Oil.
  5. Cuantiosos accesos indebidos a la base de datos del organismo. Es decir que se metieron al sistema funcionarios que no tenían habilitación para acceder a los datos protegidos por el secreto fiscal, que es un derecho de todos los ciudadanos. Tenían vía libre porque su función era perseguir.

Peritaje clave

En el juicio se presentó el peritaje de los contadores de la Corte Suprema, avalado de forma unánime por todos los demás peritos, en el que se consignó que Oil Combustibles accedió a planes generales --algo que era tan abierto que se podía acceder vía internet-- y planes específicos, iguales a los que se otorgaron al Consejo de la Magistratura, a la Municipalidad de Córdoba, a YPF o a Mirtha Legrand. Y que en el pago de esos planes, Oil estaba al día.

Un dato de impacto es que, en paralelo al juicio contra López, De Sousa y Echegaray, corre la instrucción de otra causa contra los funcionarios de segundo nivel que estaban a cargo de los planes de pago de la AFIP. Por supuesto, los funcionarios de carrera sostuvieron que ellos se limitaron a darles el conforme a planes que estaban de acuerdo a la normativa y, además, en los que se otorgaban por internet ni siquiera tuvieron intervención alguna ya que eran automáticos. 

La acusación del macrismo fue tan siniestra que a esos funcionarios de segunda línea los embargaron por millones y millones de pesos y les prohibieron salir del país. Con la conducción de Del Pont, la AFIP ya se había retirado de la acusación contra aquellos funcionarios y ahora es probable que tampoco la fiscalía los termine acusando.

Solo quedan los fiscales

En la audiencia que se realizará este jueves, se oficializará el escrito que la AFIP ya entregó. Era el día en que los abogados del ente recaudador debían acusar, porque ya terminaron de pasar por el juicio todos los testigos. De manera que ahora será el turno de los fiscales García Elorrio y Velázquez. Todo indica que pedirán dos o tres semanas para preparar su alegato. Los fiscales ya pasaron por un momento espinoso cuando la perito designada por el Ministerio Público, María Eleonora Fesler, se puso incondicionalmente del lado de la contadora de la Corte Suprema, Flavia Melzi. Ambas sostuvieron que Oil se acogió a planes que estaban vigentes y que estaban al día en los pagos. En el momento en que se inició la causa, no había deuda exigible. 

En el texto de Marcó del Pont se consigna que la AFIP “ha logrado avances significativos en la regularización de la deuda de la empresa”, después de que, por presión del macrismo, se encarcelara a López y De Sousa y se enviara a Oil a una quiebra de la que recién pudo salir ahora. Esto exhibe la lógica de un organismo que debe tener el objetivo de recaudar, no hundir empresas para que sus dueños, ahogados, se vean obligados a venderlas. En el caso del gobierno de Macri lo que buscaron no fue recaudar, sino mandar a la empresa a la quiebra, usar el caso políticamente contra el peronismo y, encima, que un empresario amigo de la Casa Rosada de entonces se quedara con los bienes.