Un grupo de 49 diputados/as y senadores/as de Juntos por el Cambio, preocupados por defender los intereses de una empresa privada y de Mauricio Macri, presentó una denuncia penal contra el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y su mano derecha, Horacio Diez. Los acusan de perjudicar los intereses del Estado nacional por no haber aceptado la última oferta que hizo el Correo Argentino en miras a eludir la quiebra y que representa cerca de una sexta parte de lo que en realidad adeuda a sus acreedores. Cuando faltan cinco días para las PASO, usan el mismo mecanismo de distorsión de la información que aplica el expresidente cada vez que habla de este tema que, como es evidente, ocupa el centro de sus prioridades. Por ejemplo, le dan crédito a la afirmación de que el Correo, al ofrecer pagar 1100 millones de pesos, se hacía cargo del 100 por ciento de su deuda, lo que es una falacia. Hasta la jueza Marta Cirulli, que fue quien finalmente decretó la quiebra, dijo en su resolución que ese ofrecimiento era insuficiente, lo que se sumaba a una gran cantidad de irregularidades. 

A raíz de la denuncia, Zannini difundió un comunicado donde aclara que "la oferta expresada en ese juicio por los representantes de la concursada --hoy quebrada-- no representa el pago del 100 por ciento de las acreencias del Estado Nacional, y sólo significa una leve mejora de la que diera origen a la causa penal número 1604/2017, caratulada "denunciado: Macri, Mauricio". Se refiere al expediente que se originó cuando el Correo intentó un acuerdo con el Estado en 2016, mientras Macri era presidente, a través del cual éste aceptaba licuar el 98,87 por ciento de la deuda. Es el pacto que la fiscala Gabriela Boquin denunció como "ruinoso" y "abusivo" y que logró frenar. En la investigación penal, a cargo de Ariel Lijo, dos estudios contables de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), respaldaron aquella conclusión de Boquin. Fueron indagados el exministro de Comunicaciones Oscar Aguad, su director de Asuntos Jurídicos, Juan Mocoroa, el director de Correo Juan Cibils Robirosa y el apoderado Jaime Kleidermacher. 

La causa contra el procurador y el subprocurador quedó a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Parece orientada también a suplir a otra denuncia penal que arrastraba a Zannini junto con Boquin, en función de una denuncia de Socma --accionista del Correo--, y que fue archivada por decisión de la Cámara Federal que no encontró delito alguno. La presentación lleva la firma, entre otros, de Jorge Enríquez, Juan Manuel López, Fernando Iglesias, Laura Elena Rodríguez Machado, Esteban Bullirch, Waldo Wolff, Humberto Schiavoni y Paula Oliveto, entre otros/as. El planteo es que como la Procuración del Tesoro no quiso admitir la propuesta de la empresa en el concurso de acreedores por la que decía que estaba dispuesta a pagar 1000 millones de pesos, eso mostraría "una insoslayable motivación política de perseguir al expresidente Macri, tal como lo refieren los medios de prensa". "Zannini privilegió su interés personal y político en perjuicio de los intereses del Estado: como consecuencia del capricho de Zannini las arcas públicas han sido privadas de cobrar la totalidad del crédito verificado en el concurso preventivo", dice. 

El razonamiento es bastante extraño, porque las objeciones de la Procuración del Tesoro sobre el planteo del Correo apuntan a cuidar las arcas públicas. Además, el acreedor de la empresa es el Estado nacional, no el funcionario. En su comunicado, Zannini agregó: "La politización de un juicio comercial que el próximo 19 de septiembre cumple 20 años de engorroso trámite sin que pueda obtenerse el cobro por parte de los acreedores resulta nociva".  

¿Por qué es tramposa la afirmación de que el Correo ofreció pagar el 100 por ciento de la deuda? Cuando el expediente se inició en 2001 la empresa le debía al Estado 296.205.376,49 pesos debido a que sólo había cumplido con el pago del canon el primer año de concesión, que obtuvo en 1997. Pero por todos los años que pasaron desde entonces, por artilugios legales donde también la Justicia fue funcional, deben computarse intereses. Los Macri toman aquel monto inicial y le aplican la tasa "libor" que es la que estaba prevista en el contrato de los años 90, con la Convertibilidad. Esa tasa se tornó insignificante cuando volvieron los ciclos inflacionarios. En derecho comercial representa el "interés punitorio". Lo que no quieren pagar es el "interés moratorio" que se origina en el paso del tiempo y para el cual los tribunales aplican la "tasa activa" del Banco Nación, que sería la que impide licuar el crédito a favor del Estado. 

Esa explicación la desarrolla también la jueza Cirulli al declarar la quiebra del Correo a mediados de este año. También dice ahí que no hay razones para considerar, como decía la empresa, que el Estado es un "acreedor hostil" y apartarlo del proceso concursal. A todo eso sumó una minuciosa explicación sobre cómo la empresa intentó manipular las mayorías y utilizó algunas de 2007 para simular que tenía avales para el pago de la deuda con la fórmula que pretendía. 

Nada de esto aparece en la denuncia de los diputados/as y senadores/as, que hablan como si la declaración de quiebra --hoy apelada en la Cámara Comercial mientras el Grupo Macri sigue intentando que lo salve el Tribunal Superior de CABA-- no existiera. Parece más orientada a sumar ruido a la campaña política, generando descrédito hacia el oficialismo, a multiplicar los frentes contra actores que han participado del proceso del concurso de acreedores y ahora de la discusión por la quiebra y a generar más confusión.