El ministro de Salud de Salta, Juan José Esteban, respaldó ayer la actuación de la médica Miranda Ruiz, a quien la Justicia salteña mantiene encausada por haber realizado un aborto legal a una joven de 21 años.
“Nos ajustamos a derecho acorde a como marca la Ley N° 27.610”, afirmó el ministro en respuesta a una consulta de Salta/12. Esta ley reemplaza el sistema establecido en el Código Penal desde 1921 por un sistema mixto de plazos y causales. De esta manera, la ley reconoce el derecho de las personas gestantes a interrumpir su embarazo hasta la semana catorce, inclusive, del proceso gestacional. Pero también reconoce que fuera de este plazo, la persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo si fuera resultado de una violación o si estuviera en peligro la vida o la salud de la persona gestante, tal como estaba ya previsto en la legislación.
“Tenemos la historia clínica con los pasos que se siguieron de acuerdo con el protocolo, y tenemos total tranquilidad en lo que ha hecho la médica”, continuó Esteban. Añadió que el sistema de Salud Pública de la provincia cuenta “con el consentimiento informado firmado, y la evaluación de la situación biopsicofísica de la paciente que hacía viable el aborto”. Es que una de las causales establecidas en la actual normativa es que se debe evaluar el estado de salud integral.
La práctica se llevó a cabo el 24 de agosto, por pedido de la joven gestante, una mujer de 21 años que vive en un pueblo vecino a la ciudad de Tartagal, en cuyo hospital se llevó a cabo la interrupción del embarazo.
El 3 de septiembre la médica, la única de salud pública de Tartagal que no es objetora de conciencia, fue detenida, por orden del juez de Garantías Héctor Fernando Mariscal Astigueta, que accedió a un pedido del fiscal penal Gonzalo Vega. La profesional estuvo detenida por unas cuatro horas, al cabo de las cuales fue liberada, tras la reacción de organizaciones de mujeres, que ayer realizaron una acción en su respaldo.
Oficialmente hasta aquí la médica había sumado el apoyo del gerente del Hospital de Tartagal, Santiago Payo, que afirmó que en el caso se actuó "como le corresponde actuar a una institución del Estado, respetando la ley que se cumplió tal como debe cumplirse”.
Al igual que Esteban, sostuvo que las actuaciones quedaron asentadas en la historia clínica y que con "los informes psicológicos" en el hospital entendieron que "estaba en riesgo la salud integral de la paciente.
Una autopsia inédita
Ayer se difundió información extraofiical que daba cuenta de que el fiscal Vega solicitó al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) una autopsia del feto expulsado en el aborto practicado el 24 de agosto, una práctica que para los especialistas no es habitual.
“Es inédito que se haga una autopsia”, dijo a Salta/12 la integrante del Instituto de Género del Colegio de Abogados de Salta, Gloria Cruz. Recordó que sí es de práctica conservar material genético cuando se hacen las ILE en casos con denuncias de violación, porque se usan para la investigación del hecho.
Cruz calificó al caso contra la médica de Tartagal de “inaudito”, y afirmó que solo se sostiene a través de una “pinza mediática”, solventada desde un sector de la política y la Justicia.
“La autopsia de un feto de menos de 27 semanas es inviable porque la maduración pulmonar es más adelante”, dijo por su parte Luz Díaz, de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir de Salta. En cuanto a si esto puede sentar un precedente para futuras ILE/IVE, Díaz indicó que: “Puede ser que busquen sentar un precedente. Pero hacerlo es improcedente y no creo que haya protocolos viables para su realización”.
Un motivo posible de criminalización
A pesar de que en esta interrupción de embarazo actuó un equipo interdisciplinario que evaluó a la joven gestante, la única que terminó judicializada es Ruiz. Una de las sospechas en torno a este direccionamiento de las acciones penales y públicas de grupos antiderechos, involucra una denuncia que la profesional hizo contra un médico ginecólogo del hospital tartagalense.
La médica fue una de las cuatro firmantes de una nota elevada a la gerencia del Hospital Juan Domingo Perón en marzo de este año en la que se informaba que por dos pacientes mujeres habían tomado conocimiento de que el médico ofrecía hacerles abortos a cambio de dinero o sexo. El ofrecimiento se hacía en el sector privado, pues en el hospital público el médico es objetor de conciencia.
A esto se suma una denuncia penal que la médica había realizado en octubre de 2020 y en la que se acusaba al ginecólogo de haber abusado de una chica menor de edad. A diferencia de su proceder en cuanto a la médica, a la que decidió detener pese a que se la acusa de un delito excarcelable, al Ministerio Público Fiscal de Salta le tomó seis meses llegar a la imputación del médico denunciado, lo que se hizo a través de la fiscala de Violencia Familiar y de Género Lorena Martínez.
Suspendido, pero trabajando
El jueves pasado (cuando se conoció el pedido de detención a la médica), trascendió el texto de una resolución, en el marco del expediente N° 13986/2021-0, en la cual se dispone “a partir de la fecha de su notificación, suspender preventivamente en sus funciones sin percepción de haberes” al ginecólogo denunciado. Además, se dispuso la instrucción del sumario administrativo correspondiente por “haber supuestamente transgredido las normas de los artículos 18 y 38 del decreto N° 4118/97”. El problema es que la resolución no tiene fecha.
El artículo 18 del decreto 4118/97 indica: “Las licencias que se otorgan para recuperar la salud, comprenderán todas las funciones que desempeñe el personal y se considerarán simultáneamente en todos los cargos en que revista, siendo incompatible con el desempeño de cualquier función pública o privada. Sin perjuicio de la cesantía del agente, la incompatibilidad dará lugar al descuento de los haberes devengados durante el período de licencia”.
El 38, en tanto, dice que “las licencias comprendidas en este capítulo son incompatibles con el desempeño de cualquier función pública o privada. Las incompatibilidades de este orden darán lugar al descuento de los haberes devengados durante el periodo de licencia usufructuado, sin perjuicio de las sanciones que correspondan”.
Hasta donde se pudo conocer, al ginecólogo no lo sumariaron por la denuncia respecto de sus pedidos de pago para practicar abortos, sino por trabajar en el sector privado mientras estaba con licencia médica en la salud pública.
Testigos oculares contaron a Salta/12 que ayer este médico estaba trabajando en el Hospital público de Tartagal, pese a que está vigente esta suspensión, según confirmó el gerente, Santiago Payo.
Por su parte, al ser consultado sobre esta situación, Esteban sólo afirmó que “hay una actuación que está en secreto de sumario pero ya se inició el sumario administrativo”.
