Sandra López Ferreyra este miércoles durmió en la casa de una amiga, en Villa Yacanto. La mujer que denunció ante Página/12 que su vida estaba en riesgo luego de separarse de una expareja violenta, y con el subsidio del Programa “Acompañar” decidió comprarse una cámara de seguridad y contratar wi-fi para monitorearla por el celular por las noches, todavía espera que le otorguen un botón antipánico para dormir tranquila.
Tras la publicación de su historia en el diario el pasado domingo, ese mismo día se comunicaron con ella desde el Ministerio de Mujeres de la provincia de Córdoba y empezaron a darle respuestas, las respuestas que no había recibido en cuatro meses en los que fue haciendo seis denuncias por distintas situaciones de violencia ejercida por su expareja, de quien se separó en mayo tras cinco meses de convivencia. El lunes, finalmente, la justicia dictó una orden de restricción perimetral de 300 metros para el hombre. Además, dispuso entregarle un botón antipánico –-pero todavía no lo recibió—y ponerle una custodia policial hasta que se lo den. Ayer le comunicaron que el hombre había sido detenido y le retiraron la consigna.
“Creo que el botón lo tengo que tener igual porque el día que lo liberen no sería el primer violento que va a matar a la víctima”, dice Sandra, con preocupación. Está atardeciendo y antes de que caiga la noche prefiere dejar su precaria vivienda, que está construyendo, para buscar protección en la casa de una vecina del lugar. Con todo lo que aprendió del tema en estos meses, al deambular por dependencias policiales y judiciales esperando protección, escribió un “pequeño manual de la mujer violentada”. Se inspiró, dice, en el “Manual del pequeño detenido”, de la Correpi, que contribuyó a redactar en su juventud –cuando militaba en una agrupación estudiantil en la Facultad de Agronomía de la UBA-- sobre “todo lo que tenés que saber y hacer si te detienen a vos o alguien más”.
La restricción perimetral y la entrega del botón la firmó Sonia Pippi de la Mesa de Violencia Familiar y Género de los Tribunales de Río Tercero. La consigna la dispuso la fiscal Paula del Luján Bruera, a cargo de la Fiscalía en turno N°1, también de Río Tercero. “Siento que estoy viva porque el agresor no quiso llegar a más. Me encontré con una Justicia inoperante. Él ya me demostró que puede abrir la cerradura de mi casa cuando se le dé la gana. Me gustaría tener el botón antipánico para poder dormir. Hace semanas que de día construyo para terminar las paredes de mi casa y de noche estoy en vigilia con el machete en una mano y el celular en la otra”, contó a Página/12 en la nota que se publicó en la edición del domingo.
Vive en Villa Yacanto, en el Valle de Calamuchita, provincia de Córdoba. Tiene 50 años y se separó hace cuatro meses de Matías Renna, de 35 años. “Creí que con la separación terminaría el vínculo pero no me deja en paz”, decía, con angustia. Lo denunció seis veces, desde mayo, sin conseguir que le otorguen un botón antipánico para sentirse protegida. Su caso, como señaló este diario, muestra los agujeros de un sistema que da respuestas a medias y puede dejar a las mujeres expuestas a una escalada de violencia con riesgo para sus vidas.
Yacanto (que no es la localidad homónima de Traslasierra, con la que la suelen confundir) está cerca de Santa Rosa de Calamuchita –a unos 28 kilómetros por una ruta pavimentada—y también de Villa General Belgrano –unos 40 kilómetros por un camino de ripio--. De la capital provincial está a 130 kilómetros. Renna, dice, no tiene trabajo fijo.
Ayer, desde el destacamento policial de Villa Yacanto le comunicaron que su expareja había sido detenido y quedó alojado en una comisaría de Embalse Río Tercero, a unos 50 kilómetros. Sandra googleó y encontró varias noticias que daban cuenta de que en 2020 se habían escapado de esa sede policial un grupo de detenidos. “Voy a empezar a dormir en distintas casas de compañeras. No me quedo tranquila”, dijo a Página/12.
Sandra llegó a Yacanto a partir del vínculo con Renna. Antes vivió en otras localidades cordobesas, donde trabajó en escuelas. Es profesora de expresión corporal, egresada de la Universidad Nacional del Arte. Proviene de una familia de clase media acomodada de la Ciudad de Buenos Aires, estudió en la Universidad de El Salvador, en la UCA y en la UBA distintas carreras, que no terminó buscando su vocación, cuenta; hizo equitación y fue juez e instructora de volteo, una disciplina ecuestre –donde las personas hacen acrobacias arriba del caballo en movimiento-- y finalmente se dedicó a la danza teatro. Fue instructora de yoga y masajista. En Villa Yacanto, dice, encontró su lugar en el mundo, pero teme por su vida.
Trabajó en Villa General Belgrano en un hotel y luego cuidando a una mujer mayor, que falleció hace pocos meses.
“Cuando me separé quedé en situación de calle y me fui a vivir a la intemperie a un terreno, donde empecé a hacerme mi casita”, contó a este diario. En uno de los postes, instaló la cámara de seguridad que compró con el subsidio del “Acompañar”.