Acercarse a un centro de votación, ingresar al cuarto oscuro, elegir la boleta, introducirla en un sobre y echarlo en la urna habilitada es, por el momento, la única manera que les ciudadanes que viven en Argentina tienen para ejercer su derecho a votar. Quienes no pueden hacer ese desplazamiento porque están internados o porque viven con una discapacidad que les impide movilizarse no pueden votar. Desde la Cámara Nacional Electoral consuelan a que esas personas con la información de que “están eximidas” de emitir su voto y que estarán lo mismo de abonar la multa correspondiente por no asistir a un deber ciudadano contraprestación de certificado correspondiente. Pero, ¿y si alguien en esa situación quiere participar de la elección?

Guillermo Figari es un ejemplo. Tiene más de 70 años y un problema en su columna que lo obligó a transitar intervenciones quirúrgicas y acostó en una cama ortopédica desde hace algunos meses. “Siempre votó y ahora también quiere hacerlo. Está indignado por no poder”, cuenta su hija, Rosario Figari Layús, que vive en Alemania.

Para poder cumplir con su derecho, que es a la vez deber público y deseo, Guillermo debería hallar la forma de acercarse al centro de votación que le corresponde, en la Ciudad de Buenos Aires. No le será posible. En primer lugar, porque no tiene quien lo lleve. “Tienen (Guillermo vive con su esposa) que llamar a una ambulancia, cosa que varias veces fracasó, incluso perdió un turno para la vacuna de covid porque la ambulancia nunca apareció”, recordó su hija en diálogo con este diario. Además, están los impedimentos físicos: “Significa mucho dolor, es muy complicado para mi papá moverse a esta altura”.

Desde que se topó con esta realidad, la joven no cesó en intentar encontrar una alternativa no solo para su papá “porque esto no se trata solo de él sino que refleja un problema de inclusión en Argentina. Lo que le sucede a él le sucede también a quienes transitan internaciones domiciliarias, hospitalarias, permanentes o transitorias, a personas cuadripléjicas o que cuentan cuadros menos severos pero no tienen recursos para traslado”, propuso.

Se comunicó con la Cámara Nacional Electoral, la Defensoría del pueblo y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), donde después de insistir le habilitaron la radicación de una denuncia. “En todos lados me insisten con que, por su edad y su condición, mi papá está eximido de votar. Yo digo que está excluido. Él quiere ejercer su derecho y el Estado no le garantiza condiciones. “La única manera de emitir el voto en Argentina hoy es acercarse a un centro de votación. Yo, que vivo en Alemania, puedo votar y mi padre, que vive allí, no. No tiene lógica. El Estado está instalando un sistema de exclusión y está violando el derecho a votar por omisión”, completó.

Desde la Agencia Nacional de Discapacidad sostienen que el caso de Figari es “extremo” e integra “un universo más amplio de barreras que atentan contra la accesibilidad de personas con discapacidades” en el país. “La deuda del Estado y la sociedad con esta población es enorme y transversal, no afecta solo su derecho al voto, sino muchos otros derechos a los que Argentina como Estado se comprometió internacionalmente como muchos otros países que también incumplen”, postuló Fernando Galarraga, titular del área, consultado por este medio.

La Agencia Nacional de Discapacidad asesora a la Dirección Nacional Electoral y a la Cámara en “todos los procedimientos para garantizar el derecho de todos los ciudadanos” a votar, aunque, admitió Galarraga “existen aún inmensas barreras que van desde lo estructural y físico hasta la comunicación que impiden incluir al universo de personas con discapacidades diversas en este ejercicio”. Un universo que abarca a 1 millón 100 mil personas con certificado de discapacidad y que crece si se tienen en cuenta a las personas que no tramitaron tal documento.

¿Acaso las publicidades de campaña de los espacios políticos cuentan con lenguaje de señas? La respuesta, negativa, se suma a la gran cantidad de espacios de votación que no cuentan con medios de acceso para personas en silla de ruedas, o donde las urnas están colocadas en altura, incluso hay personas con discapacidades mentales que no cuentan con DNI o no figuran en los padrones, ejemplificaron desde la agencia. “El universo de barreras es amplio y diverso y derribarlas es una tarea compleja que demandará un trabajo conjunto”, remarcó Galarraga.

Por lo pronto, para estas elecciones, la agencia elaboró la campaña Derecho al voto y puso en circulación una serie de cortos animados en los que se difunden informaciones que apuntalan esta tarea de limar barreras.

Sin embargo, ninguna responde al paredón con el que se encontró Guillermo Figari. Para que él y personas en su situación puedan votar “habría que modificar la normativa” para que se admita como válido un voto emitido fuera de un centro de votación habilitado, ya sea mediante correo físico o virtual, o se establezcan otros dispositivos. “Una urna móvil podría ser”, intentó Galarraga, aunque admitió que “lo difícil allí es garantizar un cuarto oscuro en el lugar donde se encuentre cada persona imposibilitada de desplazarse hasta el centro de votación más cercano”.

“Tenemos que lograr es que la accesibilidad sea una política de Estado”, insistió el director de la agencia que funciona bajo el ala de Presidencia de la Nación y que construye estrategias de acción con diferentes ministerios y áreas, como la Secretaría de Derechos Humanos nacional.