Travestis y trans autoconvocadas se movilizaron este jueves frente a la Casa Rosada para exigir una audiencia al presidente Alberto Fernández en la que puedan narrar “en voz propia” la crítica situación de las personas mayores del colectivo y presentarle un proyecto de ley para indemnizar a las víctimas por “la violencia sufrida durante tantos años".

Durante la movilización, que incluyó una rueda de prensa en Plaza de Mayo, las travestis presentes denunciaron la situación de precariedad y vulnerabilidad en la que “viven las trans adultas mayores”.

“Es importante que nos reconozcan y se nos brinde, de manera colectiva, un resarcimiento económico a nosotras, que lamentablemente no somos tantas”, aseguró María Luisa Domínguez, de 58 años, quien agregó que son “sobrevivientes considerando que nuestro promedio de vida es de 40 años”.

Las autoconvocadas expresaron que a pesar de “las buenas intenciones”, las políticas públicas existentes son “fallidas e insuficientes”.

Al respecto, Domínguez celebró la reciente sanción de la Ley 27.636 del cupo laboral travesti-trans, pero indicó que, al igual que muchas personas de su edad o incluso mayores, no entran en el cupo.

"Tenemos compañeras que con 60 años aún están en estado de prostitución o comiendo una sola vez al día porque no alcanza”, señaló.

Las allí presentes firmaron un petitorio en el que solicitan al presidente una audiencia en la pueda escuchar “en voz propia” sus relatos sobre "todo lo que hemos padecido y el ensañamiento que tenían con nosotras”.

Además, exigieron que se avance con el proyecto de ley de reparación histórica, para que se indemnice al colectivo travesti-trans por “todo el daño que nos han hecho durante décadas y las aberraciones que sufrimos por nuestra identidad de género”.

Dana Valiente, una misionera de casi 50 años, que viajó a la Ciudad de Buenos Aires para acompañar el reclamo, resaltó la necesidad de que “las travestis mayores puedan vivir con dignidad y con derechos reales garantizados”.

Valiente relató que la pandemia fue "muy degradante" y que en Misiones, una provincia "muy conservadora", les cuesta garantizar sus derechos y que se garantice la Ley de Identidad de Género.

Respecto del proyecto de indemnización que presentarán, Marlene Wayar, referente del colectivo, indicó que si bien habría varios caminos para pedir justicia, ésta es la “mejor manera”.

“Con este proyecto queremos generar un diálogo social y que se entienda que no es solamente la policía la que ejerce violencia, aunque sea la más cruel, sino que toda la sociedad ha estado implicada al expulsarnos, patologizarnos y estigmatizarnos”, manifestó Wayar.

Este proyecto se intentó llevar a cabo en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires cuando Mauricio Macri fue jefe de Gobierno de ese distrito, pero fue vetado.

La activista afirmó que esta ley “se debería haber tratado hace mucho” y que, dentro de los parámetros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es “lo mínimo que podemos pedirle al Estado para que nos reconozcan”.

Por último, Wayar exigió que continúe la búsqueda de Tehuel de la Torre, el joven que está desaparecido desde el 11 de marzo de este año, y resaltó la necesidad de que se siga profundizando en la aplicación de la Educación Sexual Integral y el fomento de los derechos humanos para que las nuevas generaciones tengan “futuros con mayores oportunidades”.