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Luego de dos intentos frustrados por las masivas protestas que estallaron en abril, el gobierno colombiano consiguió que el Congreso apruebe, en un trámite exprés, una nueva reforma tributaria que le permitirá al Estado recaudar más de cuatro mil millones de dólares. A diferencia de los proyectos previos, que cargaban con más impuestos a las clases trabajadoras, esta iniciativa incluye programas de ayuda social dirigidos especialmente a las familias afectadas por la pandemia. Además propone asistir las empresas que se vieron afectadas por varias jornadas de paro nacional. Sin embargo, la oposición colombiana considera que la reforma está lejos de diseñar un proyecto económico sostenible a largo plazo. No se contempló, por ejemplo, el impuesto a la riqueza y persisten las exenciones tributarias otorgadas a las multinacionales. "Hoy se aprueba este proyecto que no toca para nada los más altos patrimonios y rentas, sino que maquilla al sistema tributario para hacerle tareas de mantenimiento a la grave situación de pobreza que atraviesa el país", destaca a Página/12 el senador del partido Alianza Verde, Iván Marulanda.
Las claves de la reforma tributaria
Las dos Cámaras del Congreso colombiano aprobaron por amplia mayoría el paquete tributario con el que el gobierno de Iván Duque espera estabilizar las finanzas públicas y sostener los programas sociales en un momento delicado por la pandemia de covid-19. Con 132 votos a favor y 22 en contra, el texto de conciliación del proyecto de reforma terminó de ser aprobado este jueves por el pleno de la Cámara de Representantes. Ahora quedó en manos del presidente para convertirse finalmente en ley.
Uno de los aspectos principales de la reforma tributaria es el aumento del impuesto a las empresas, que pasó del 30 al 35 por ciento. "El problema es que no diferencia a las grandes, pequeñas y medianas empresas sino que aplica el mismo impuesto a todas, con lo cual la mayor parte del recaudo va a ser hecho por los aportes que hagan las pequeñas y medianas", destaca el director del Centro de Estudios de Trabajo (Cedetrabajo), Enrique Daza, quien agrega que se trata de otra reforma "contra la clase media y los empresarios nacionales y en beneficio de las grandes multinacionales".
Para Daza, la reforma no toca "los elementos críticos de una estructura tributaria como el impuesto a las herencias, a los dividendos y a las grandes fortunas, y mantiene las exenciones tributarias que se le han concedido en 2019 bajo este mismo gobierno a las empresas mineras, financieras y de turismo que son las grandes beneficiadas por el sistema”.
Por su parte Marulanda advierte que tampoco se avanzó con firmeza sobre la evasión impositiva, un punto sensible de la economía colombiana. "Tenemos un sistema tributario totalmente farragoso, indescifrable, y todo eso tiene una razón de ser. Y es que entre los meandros de esa complejidad jurídica se hacen todo tipo de evasiones tributarias. De hecho el propio Estado a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales estima que el fraude tributario en Colombia equivale, más o menos, a cinco puntos del PBI", remarca el senador de Alianza Verde.
El impuesto a las bebidas azucaradas, un tema que fue parte de una extensa campaña de concientización civil, tampoco fue incluido en el proyecto de ley. Según la última Encuesta de Calidad de Vida del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), más del 70 por ciento de los colombianos mayores de dos años consume bebidas azucaradas en departamentos como Magdalena, Bolívar o Sucre. Esas bebidas están asociadas a un alto riesgo de presentar enfermedades como hipertensión y diabetes tipo 2, y los impuestos saludables buscaban precisamente desalentar el consumo al aumentar su precio de venta.
Sin debate
El martes, durante la votación en el Senado, los congresistas opositores se retiraron del recinto al considerar que la reforma no se debatió como correspondía: la ponencia del proyecto fue radicada el lunes a la tarde y el debate fue programado para las ocho de la mañana del martes. Para el senador Marulanda es necesario tener en cuenta "el derecho que tiene la ciudadanía a conocer, con la más absoluta transparencia, entre qué alternativas se está definiendo el sistema tributario del país".
"El gobierno presenta el proyecto, las Cámaras en sus comisiones económicas nombran unos ponentes y esos ponentes se reúnen en privado con el ministro de Hacienda y el equipo de gobierno, y allá definen los perfiles de la reforma. Luego a los congresistas que toman la decisión final les dan a cada uno tres minutos para hablar. En esas condiciones no hay realmente un debate", cuestiona el también precandidato presidencial.
Marulanda, quien participó como constitucionalista de la actual Carta Magna de Colombia en 1991, cree que el actual proyecto de reforma tributaria fue presentado de manera tardía ya que debió presentarse un año y medio atrás, cuando empezó a desarrollarse la pandemia.
Con el coronavirus de fondo, la pobreza monetaria en Colombia subió el año pasado 6,8 puntos respecto a 2019 y ya se sitúa en el 42 por ciento, según el DANE. Además el desempleo se acerca al 20 por ciento en las grandes ciudades, y en el caso de los jóvenes asciende a casi el 30 por ciento. "Todo esto ha ocurrido con un Estado cruzado de brazos, sin intervenir, con el argumento de que no tiene recursos", remarca Marulanda.
La (fallida) reforma previa
La reforma tributaria había sido el detonante de las movilizaciones posteriores al 28 de abril en Colombia, en las que más de 60 personas murieron y miles resultaron heridas según la Defensoría del Pueblo. La presión popular consiguió que el proyecto fuera retirado por Duque y que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, renunciara al cargo.
La iniciativa impulsada por Carrasquilla establecía un IVA del 19 por ciento para los servicios públicos de electricidad, agua y gas, además de la eliminación de la exención de ese impuesto en los alimentos básicos. Sin embargo la reforma, aún reformulada, nunca llegó a ser debatida en el Congreso. "Fue derrotada y después de un tiempo y de grandes movilizaciones el gobierno presentó este nuevo proyecto. Es menos ambicioso e igualmente regresivo, porque mantiene la estructura tributaria que ya venía basada en los impuestos indirectos", plantea Daza, quien también es vocero de la organización Justicia Tributaria.
En sintonía, Marulanda asegura que Colombia tiene un sistema tributario que no distribuye riquezas ni ingresos. "El país viene haciendo una reforma cada 20 meses en los últimos 25 años, pero el coeficiente de GINI no tiene ningún cambio, es decir que las reformas no afectan para nada la distribución de ingresos. Este sistema nos ha llevado a que tengamos la economía más desigual de las Américas, siendo América latina la región más desigual del mundo", lamenta el senador verde.
