La Cámara de Casación rechazó la recusación que habían presentado el presidente de Correo Argentino S.A., Jaime Cibils Robirosa, y su representante legal, Jaime Kleidermacher, contra los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico por "temor de parcialidad" en la causa en la que se investiga el frustrado acuerdo de esa empresa del Grupo Macri con el gobierno de Mauricio Macri para lograr una quita de más del 90 por ciento en la multimillonaria deuda que tiene la compañía con el Estado.
Los directivos de Correo Argentino S.A. --controlada por SOCMA, la empresa de la familia Macri-- cuestionaron la imparcialidad de Farah porque fue uno de los jueces que denunció supuestas presiones del gobierno macrista para sacarlo de la Cámara Federal después de haber firmado las excarcelaciones de Cristóbal López y Fabián De Sousa en marzo de 2018.
A Boico, en tanto, lo cuestionaron porque antes de ser designado como camarista fue abogado de ex funcionarios kirchneristas, entre ellos la propia ex presidenta y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
La Cámara de Casación, en un fallo unipersonal del juez Javier Carbajo, ratificó el rechazo a la recusación porque "más allá de la señalada disparidad entre la pretensión incoada y la decisión en jaque, la defensa no ha conseguido demostrar que, en las particulares circunstancias que rodean la incidencia, se encuentre objetivamente sustentado el temor de parcialidad denunciado".
El fallo descarta "la argüida afectación de las garantías del bloque constitucional mencionadas" por Cibils Robirosa y Kleidermacher.
Farah y Boico quedaron así ratificados como integrantes de la Cámara que deberá revisar las decisiones del juez de primera instancia, Ariel Lijo, quien aún tiene pendiente resolver la situación procesal de ambos directivos de Correo Argentino S.A., así como las del ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y el ex titular de Asuntos Jurídicos de esa cartera Juan Manuel Mocoroa. Los cuatro están acusados por el acuerdo al que habían arribado en 2016 el gobierno por entonces a cargo de Macri y la empresa para superar la etapa de convocatoria de acreedores mediante una cancelación de deuda que incluía la aceptación por parte del Estado de licuar el 98,87 por ciento de la deuda. La fiscala Gabriela Boquin detectó la maniobra y denunció como "ruinoso" y "abusivo" el pacto, al que logró frenar. En la investigación penal, a cargo de Ariel Lijo, dos estudios contables de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), respaldaron aquella conclusión de Boquin. En julio pasado, la jueza Marta Cirulli dio por fracasado el proceso de salvataje del Correo y decretó la quiebra aunque una semana después, la misma jueza dejó el proceso en suspenso ante la apelación de la firma de los Macri.
