Brasil se prepara para uno de los momentos de mayor tensión de la Operación Lava Jato, la declaración que hoy ofrecerá el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva ante el juez Sergio Moro. Se lo juzga por supuesta corrupción vinculada a la empresa constructora OAS y un apartamento en el balneario de Guarujá.
La ciudad de Curitiba, capital del estado sureño de Paraná, tuvo un refuerzo de tropas policiales porque la declaración será también el contexto para manifestaciones a favor del ex presidente. Lula niega las acusaciones y dice ser un perseguido de la Operación Lava Jato, que descubrió la trama de corrupción en la estatal Petrobras y la financiación ilegal de la política. Miles de partidarios del ex presidente Lula, integrantes de sindicatos y movimientos sociales, comenzaron a llegar ayer a Curitiba, concentrándose en un terreno de los ferrocarriles, luego de que una jueza les impidiera acampar frente a los tribunales federales.
También asistirá, junto con decenas de parlamentarios y ex funcionarios, la ex presidenta Dilma Rousseff, para respaldar a su jefe político, dijo un allegado a la ex mandataria. “Es una jornada por la democracia, por el respeto a los derechos que quieren quitarnos con las reformas y contra la criminalización del Partido de los Trabajadores (PT) y los movimientos sociales”, dijo, en el terreno donde acampaban los campesinos del Movimiento Sin Tierra, Regina Cruz, titular de la central sindical CUT.
Partidarios del juez Sergio Moro y grupos de derecha financiaron carteles en la vía pública que muestran a Lula vestido de presidiario con traje a rayas, con lo cual el voltaje del debate en torno a Lula aumentó en la tradicionalmente tranquila Curitiba. Además, a pocos kilómetros de la manifestación de la izquierda, los grupos derechistas como Movimiento Curitiba contra la Corrupción convocaron a manifestarse llevando una vela y remera blanca para realizar oraciones para defender a la Operación Lava Jato.
Durante toda la jornada estará bloqueado un perímetro de 500 metros en torno a los tribunales, adonde Lula llegará con sus abogados proveniente de San Pablo. Lula está acusado por el Ministerio Público de haberse beneficiado con 1,1 millón de dólares a cambio de tres contratos que OAS ganó en Petrobras durante la década pasada, mediante un departamento registrado a nombre de la empresa constructora. Según la defensa de Lula, la acusación no tiene pruebas y forma parte del “lawfare”, el uso de los instrumentos jurídicos públicos para perseguir a alguna persona por cuestiones políticas.
En ese marco, la defensa de Lula pidió al Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre suspender el proceso y la indagatoria debido a que recibió unos 100 mil documentos de la fiscalía para ser analizados en el expediente, pero ayer por la tarde el pedido fue rechazado. Moro le bajó el tono a la declaración durante una conferencia que ofreció ante una entidad privada organizada por empresarios en Curitiba, ahuyentando las versiones de que podría detener al ex presidente que gobernó el país entre 2003 y 2010. Una condena en primera instancia confirmada en tribunales superiores podría alejar a Lula de su candidatura para el 2018.
Anunciado por los medios en términos de un choque Moro versus Lula como si fueran boxeadores o luchadores, el caso llega en medio de cuestionamientos del Supremo Tribunal Federal al juez Moro y su política de detenciones extensas sin sentencia, lo que facilitaría la delación premiada. La semana pasada fueron liberados tres detenidos de la Operación Lava Jato, uno de ellos el ex dirigente del PT José Dirceu, ex jefe de ministros condenado a 32 años por corrupción, quien ahora usa una tobillera electrónica a la espera de una sentencia en segunda instancia.
Un abierto rival del PT y de Lula, el juez de la corte Gilmar Mendes, fustigó las prisiones sin setencia dictadas por Moro a pedido del fiscal Deltan Dallagnol. “Existe una lucha por la opinión pública como ocurrió en Manos Limpias, en Italia. El apoyo de la opinión pública está asociado a tener rehenes. Esto es un intento de tener el apoyo popular permanente a la Lava Jato. Esto es reforzado con la existencia, de entre comillas, rehenes”, dijo Mendes, en la mayor crítica hecha hasta ahora a Moro desde la corte.
Moro, denunciado por abuso de poder ante la ONU por Lula, dijo ante empresarios en Curitiba que no hay que esperar nada más allá de lo previsto del interrogatorio, pero advirtió sobre el temor de que la corrupción no pueda disminuir pese a la gran difusión del escándalo. “Podemos estar saliendo de un escenario de gran impunidad para un escenario de menor corrupción, pero esta transición no es algo asegurado”, dijo el magistrado, quien se especializó en estudiar el caso de Manos Limpias, el proceso de investigación contra la corrupción en Italia a inicios de los años noventa que sepultó a los partidos tradicionales. “En Italia hubo una reacción fuerte del poder político y no podemos decir con seguridad que la situación ahora es mejor que antes. Brasil vive una encrucijada de este tipo. Volver atrás, como si nada ocurriera, o seguir adelante, con apoyo de la ciudadanía movilizada”, dijo.
A la espera del momento de mayor tensión, Moro tomó declaración a testigos en otra causa abierta contra el ex mandatario, la compra de un terreno en San Pablo que la constructora Odebrecht realizó y que dijo iba a donar a una nueva sede del Instituto Lula. La defensa del ex presidente pidió filmar la declaración, algo que fue calificado como un acto político por Moro, que mantendrá el control de los videos de la indagatoria. Este fue uno de los tantos embates que marcaron la antesala de la audiencia. La polarización brasileña tendrá, en Curitiba, un capítulo más, con un final más abierto que nunca, que podrá influir en las elecciones del próximo año.
