La comunidad Lule de Finca Las Costas se movilizó el martes último ante la Fiscalía Penal 2, a cargo de Ramiro Ramos Osorio, para exigir respuestas, en defensa de una pareja de adultxs mayores cuyas tierras fueron usurpadas por una mujer y sostienen que estaría arrendándolas y vendiéndolas.
La comunidad indicó que la mujer, que sería oriunda de Neuquén, es una expolicía que trabajó en Salta. La denunciaron por la usurpación, daños y violación del domicilio en las tierras de una pareja de adultxs mayores de 78 y 82 años. "Esas tierras van 300 años en la familia, ahí vivieron mis abuelos y bisabuelos", explicó Marcela Suárez, la hija de la pareja.
La abogada de la comunidad Lule, Mara Puntano, explicó a Salta/12 que la mujer denunciada no es de la comunidad, tampoco vive en Finca Las Costas y tiene otro domicilio. "Está haciendo un emprendimiento inmobiliario. Está desmontando, construyendo y no tiene ningun permiso", dijo la abogada. Explicó que no es solo la comunidad la que está denunciando, ya que también hay otra denuncia hecha por el administrador de la reserva de Finca Las Costas, Enrique Clement Fernández. Además, dijo que la mujer tampoco tiene permiso de la municipalidad de San Lorenzo para llevar adelante el proyecto.
El Ministerio Público Fiscal de Salta, informó a Salta/12 que representantes de la comunidad fueron recibidos el martes por Ramos Osorio, quien derivó la situación a una mediación. "La Fiscalía volvió a proponer que se realice un relevamiento poblacional, para que se defina quiénes pertenecen a la comunidad Lule, hasta ahora no se concretó, porque la comunidad se negó a participar en su momento, al entender que el relevamiento del INAI era suficiente, pero el nuevo relevamiento les permitirá saber quiénes usurpan y quiénes no. En el espacio conviven los Lule y arrendatarios, los segundos autorizados por el Ejecutivo Provincial", señaló el área de prensa del organismo.
La pareja Suárez denunció "que vieron personas extrañas en su terreno. Uno de ellos se presentaba como agrimensor. Esta mujer está haciendo entrar a otras personas y están intentando quedarse con las tierras", sostuvo Puntano. La abogada dijo que ante la falta de respuestas la comunidad decidió hacer un escrache ante la fiscalía y que por ello el fiscal fue a atenderles, "tuvimos una reunión larga, por fin la gente pudo hablar", explicó.
Para Puntano, la Fiscalía trata las denuncias de la comunidad como "un delito común", no con la incorporación del derecho indígena y sin tener en cuenta que la situación que manifiestan es percibida como "un ataque en contra de la comunidad".
La abogada explicó que la jueza en lo Civil y Comercial María Guadalupe Villagrán impuso a la comunidad Lule la prohibición de innovar en los terrenos, haciendo lugar a un amparo interpuesto por la Administración Pública Provincial, por impacto ambiental.
Esa cautelar le impide a la comunidad la cría de ganado y la ampliación de sus viviendas. La abogada señaló que la provincia impulsó el amparo y que no explicitó contra quienes, aunque las medidas recaen sobre la comunidad originaria, a pesar de que "Sabemos mundialmente que los guardianes naturales del medio ambiente son los pueblos originarios", resaltó.
Asimismo, consideró que por la medida de no innovar la mujer denunciada tampoco debería construir ni realizar negocios con las tierras de la comunidad.
"Mi papá le prestó de palabra a un hombre que le colaboraba (con tareas de campo), por el servicio que le brindaba, una parte del terreno", relató Marcela Suárez. Este hombre tenía como pareja a la mujer que ahora la comunidad denuncia por quedarse con esas tierras. Suarez señaló que aceptarían que se quede ahí si no les generara perjuicios. "Empezó a hacer desmontes, a cortarle los alambrados a mis padres. Intimidaba a mis padres psicológicamente. Iba de noche y les alumbraba la puerta o la ventana. Personas que ella llevaba entraban a la casa y les decían a mis padres que no tenían derecho de estar, que para qué querían las tierras ellos sin eran personas grandes", sostuvo.
El Ministerio Público Fiscal explicó que la mujer denunciada estaba en pareja con un integrante de la comunidad Lule, pero se separó y lo denunció por violencia intrafamiliar entonces a él lo excluyeron y ella se quedó en el lugar. Sin embargo, el hombre fue absuelto el 7 de junio de este año y compró una casa para la mujer y un hijo en común, en otro domicilio de la ciudad de Salta.
La comunidad tiene prohibido revender las tierras. Suárez indicó que la denunciada lleva a otras personas, que continuamente están hostigando a sus padres y destacó que su papá está en silla de ruedas.
Puntano consideró que en Salta hay justicia "para un sector de la población, no para todos, menos para los pueblos originarios (...) hay una discriminación fuerte". Destacó que el relevamiento del INAI es oficial: "El censo poblacional está hecho hace muchísimo tiempo. En la comunidad Lule son muy preparados, tienen la fortaleza de que a la hora de que cuando atacan a uno están todos. Son poseedores tradicionales de la tierra y trabajadores, viven de lo que cosechan y de los animales. Son agricultores y floricultores. Piden la participación de la gestión de los recursos naturales. Viven sobre una reserva hídrica y no tienen agua para sus sembradíos, flores y animales. Pero hay desvío de agua, con cañería desde el río, para los countries (...) En El Tipal arrojan los desechos cloacales al río donde se bañan los niños lule (...) ante eso la fiscalía y recursos hídricos no dicen nada", describió.
