En una sesión que volvió a ser virtual para permitirle a muchos de los legisladores participar de los actos de cierre de campaña con vista a las elecciones de este domingo, el tema central fue el proyecto enviado a las apuradas por el Ejecutivo para prorrogar la Ley de emergencia sanitaria (8.188), que se sancionó en el marco de la pandemia de coronavirus, hasta el 31 de diciembre de este año.

Tras un tratamiento express en la Cámara de Diputados, ayer el Ejecutivo solicitó que se trate sobre tablas, esquivando el debate en comisiones y las preguntas que podían hacer los senadores sobre su articulado, que entre otras cosas, esta vez le otorga poderes al gobierno para que, en caso de ser necesario, vuelva a prorrogar la emergencia automáticamente en enero de 2022.

Si bien la ley finalmente se sancionó, varios representantes criticaron la forma en que se había presentado y la nula posibilidad de debatir alguna modificación. De hecho, fue aprobada con el voto negativo de Javier Mónico, mientras que Carlos Rosso y Manuel Pailler votaron en contra del artículo 2, que establece “Facultar al Poder Ejecutivo a prorrogarla, desde el 1 de enero de 2.022 y hasta el 30 de junio de 2.022, en atención a la situación epidemiológica existente en la Provincia relacionada con el virus SARS-CoV-2”.

Mónico adujo que no acompañaba la prórroga en primer lugar, porque no se había respetado el procedimiento adecuado para el tratamiento de una ley, y si bien dijo entender las condiciones de pandemia y lo que sufrió la sociedad, añadió que creía que era el momento para poder debatir con más profundidad y recibir información sobre lo actuado en la materia. 

“No recibimos la información correspondiente y tampoco tuvimos la posibilidad de intercambio con el ministro de Salud para preguntarle, por ejemplo, sobre la cantidad de vacunas y vacunados, la campaña de prevención y la situación sanitaria actual”, explicó.

El representante por Rosario de la Frontera también se mostró molesto por la falta de consulta: “los 23 senadores podíamos aportar nuestras miradas y la de cada región de la provincia”, y pidió que se respete “al Senado, a Diputados y a quienes nos votaron para esto”. Objetó que ni siquiera se pueda discutir una reforma “que le otorga el poder de prorrogar la ley sin nuestra autorización”.

Otro que criticó el modo en que el Ejecutivo planteó la prórroga, pero terminó votando a favor, fue el senador por La Poma, Dani Nolasco, quien señaló que todo el procedimiento “fue muy desprolijo”, y expresó que se sentía “muy decepcionado por la manera de actuar de los funcionarios provinciales” por no respetar los tiempos ni las instituciones.

“Lo siento como una falta de respeto”, manifestó, pero agregó que no era la única vez que eso sucedía, “aún seguimos esperando la presencia del Ministerio de Educación”, recordó. Y exigió que “no vuelvan a suceder estas situaciones”. Para finalizar, pidió escucha por parte de las autoridades a las voces y solicitudes del interior provincial, “necesitamos un gobierno presente, y vemos que este gobierno está mirando para otro lado”.

Jorge Soto, en cambio, defendió el proyecto al argumentar que no se podía dejar a Salta sin un marco de amparo ante la pandemia. Y refutó los dichos de Mónico ya que para él, no era un tema de trascendencia para la ciudadanía y consideró que no debían involucrarla en “los problemas entre el Ejecutivo y los legisladores”. Pero además entendió que “no es un obstáculo darle el poder y la facultad al gobernador para prorrogar la ley”.

Silvina Abilés recordó que la ley vence el 13 de septiembre, “por lo que había que tratarla con urgencia a los fines de no dejarla sin este marco normativo tan importante, y menos con esta incertidumbre que tenemos en estos tiempos de pandemia”. Y reconoció el descontento “porque hubiésemos preferido que la ley llegue mucho antes para reunirnos con el ministro y que nos informe de la situación sanitaria”. Aunque aclaró que en plena sesión Juan José Esteban se comunicó para confirmar su presencia la semana que viene y contestar todos los requerimientos.

Emergencia agropecuaria

La Cámara alta también le dio media sanción al proyecto de ley del senador Roberto Vásquez, que declara el estado de emergencia agropecuaria por sequía en los departamentos de Cafayate, San Carlos, Molinos, Cachi y La Poma por el plazo de 360 días.

El representante por el departamento San Carlos, y ex trabajador de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación en Salta, informó que el pedido surgió por parte de las familias que integran la Federación de Organizaciones Nucleadas en la Agricultura Familiar (FONAF) y las organizaciones indígenas, que manifestaron los graves problemas que enfrentan por la falta de precipitaciones que hubo en el último período de lluvias, provocando “que se reduzcan las pasturas en los valles”, así como la cantidad de agua utilizable para riego y los animales.

Vásquez explicó que con la ley se pretende que tanto la provincia como la Nación “articulen ayudas para mitigar los efectos negativos de la sequía”, y se tomen medidas económicas tendientes a acompañar las pérdidas que están sufriendo las familias campesinas.

Pero a su vez, solicitó que se avance en obras de mayor profundidad, como estudios de la cuenca del Río Calchaqui y mejorar los métodos y formas de captación del agua de este curso.