En Santiago del Estero, una fiscal pidió que se subaste un local de La Banda donde funcionaba como prostíbulo y que el dinero recaudado en ese remate se destine a indemnizar a una víctima de explotación sexual, como indica la ley que combate la trata de personas. La Fiscalía Federal General santiagueña, a cargo de Indiana Garzón, presentó la solicitud que debe ser resuelta por el Tribunal Oral Federal que instruyó la causa por explotación sexual de un grupo de mujeres captadas en Misiones.
La fiscal Garzón requirió que el inmueble donde funcionaba el prostíbulo Negro el 20 (en la ruta provincial 51, a la altura de La Banda), cuyos tres responsables fueron condenados por trata de personas en 2014, sea vendido en subasta pública. El dinero obtenido en ese remate, indicó en la requisitoria, debe destinarse a lograr una “reparación integral y resarcimiento económico” de una mujer misionera de 26 años y madre de seis hijos, que fue rescatada del lugar en 2012. La Justicia acreditó que la mujer había sido llevada desde Jardín América hasta La Banda con una falsa promesa laboral, y que una vez allí fue obligada a prostituirse durante años en Negro el 20”.
En noviembre de 2015, la Cámara Federal de Casación Penal pidió que fuera instrumentado un “procedimiento transparente” para disponer la venta del inmueble y entregar los fondos obtenidos a la víctima rescatada, como preve la ley que combate la trata de personas. En sus requisitorias, la fiscal Garzón reclamó que se cumpla esa disposición de Casación.
En 2012, Gendarmería Nacional allanó el lugar, donde rescató a un grupo de mujeres que eran explotadas sexualmente y detuvo a varios acusados de regentear el prostíbulo. En agosto de 2014, la causa llegó a debate oral, ante el Tribunal Oral Federal conformado por Alicia Noli, Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla. Al finalizar el proceso, José Luis Luna, Carlos Cancino Franco y Samuel Emiliano Calderón resultaron condenados por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en perjuicio de la joven. En su declaración, la mujer contó: “No me dejaban ni ver el sol, fui violada cuatro o cinco veces por cuatro personas para que aprendiera que estaba ahí para obedecer”.
Inicialmente, Luna fue condenado a 5 años de prisión y Franco y Calderón, a 3, lo que fue apelado por la Fiscalía General, que consideró que las penas habían sido exiguas y reclamó porque los magistrados no habían considerado el pedido de subasta del prostíbulo. En la Cámara Nacional de Casación Penal, los integrantes de la Sala II, Angela Ledesma, Pedro David y Alejandro Slokar, hicieron lugar al planteo y giraron el expediente a un nuevo tribunal, que amplió las condenas a los imputados y también ordenó embargar el inmueble donde funcionaba el prostíbulo. Tras esa resolución, Luna, que estaba en libertad porque la condena no había quedado firme, fue detenido nuevamente y quedó alojado en la Unidad Penitenciaria Federal 35, de la localidad santiagueña de Colonia Pinto, y se concretó el decomiso del local.
