Un sondeo realizado por canales no oficiales con mujeres del Poder Judicial nacional y la Procuraduría General de la Nación, del que participaron más de 600 mujeres de todo el país, demostró que la gran mayoría sufrió violencia laboral en contexto de género: hostigamiento y acoso sexual fueron las situaciones más reportadas. No lo denunciaron porque lo tenían naturalizado y también para evitar una estigmatización que complicara aún más las posibilidades de ascenso, siempre frenadas por el techo de cristal que hace que más del 70 por ciento de la base de la pirámide sean mujeres, pero muy pocas lleguen a responsabilidades jerárquicas.

La fiscal en lo criminal Mónica Cuñarro ideó junto a la doctora Paula García un cuestionario que protege los datos personales y fue respondido por más de 600 mujeres, integrantes de todo el sistema de administración de Justicia, que refirieron haber sufrido acoso, hostigamiento sexual, por parte de sus superiores varones sin recibir contención y con dificultades incluso para elevar la denuncia.

Todo comenzó en un chat de género de una de las listas de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), donde participan magistradas o funcionarias de la justicia nacional federal de todo el país. Creado durante la pandemia, resultó una manera ágil de comunicarse en tiempos de aislamiento. El 8 de marzo de 2021, el “saludo” del juez Juan Carlos Gemignani por el día de la mujer, coronado por un “especialmente a las delincuentes”, junto al largo tiempo que tomó el jury al fiscal Julio Castro, prendió una catarata imparable de recuerdos de distintos abusos y violencias laborales sufridas a manos de diferentes jueces, fiscales, magistrados, directores y funcionarios a lo largo de los años de sus carreras. 

Esa profusión de relatos se convirtió también en llamadas telefónicas, algunas a la fiscala Mónica Cuñarro, que escuchó situaciones de violencia machista de toda índole. Se trata de mujeres profesionales, con trabajo estable, de más de 35 años, que sufrieron o sufren el estrés posterior sin atreverse a pedir una licencia y mucho menos por psiquiatría, para que no le quede una mancha en el legajo. 

Así fue que Cuñarro, junto a la doctora Paula García, idearon una encuesta totalmente confidencial y anónima, que contó con más de 600 respuestas, al ser transversalizado a diferentes grupos de whatsapp de mujeres de diversas listas y lugares, que tienen en común trabajar en el ámbito del Poder Judicial o la Procuraduría General de la Nación, en su mayoría. 

El resultado reveló una tendencia insoslayable: la gran mayoría sufrió situaciones de hostigamiento sexual o acoso sexual de parte de superiores o iguales y no lo denunciaron. “Muchas dijeron que no lo habían denunciado porque ahora, al responder la encuesta, se daban cuenta de que era una situación violenta laboral, pero les parecía que era natural, lo tenían naturalizado. También refirieron que no lo volverían a permitir”, dijo Cuñarro a Página/12 y señaló que también “hay situaciones de violencia política.

Fiscal Mónica Cuñarro (foto Sandra Cartasso).

“He atendido el teléfono a muchas compañeras, no voy a decir los nombres ni las situaciones en concreto, para no victimizarlas o que el victimario se dé cuenta de que es él. Me han contado que han sido víctimas de violencia física, violencia sexual, hostigamiento sexual, abuso sexual”, relata Cuñarro y cuenta que por eso tomó “la decisión de hacer algo más, al ver que increíblemente no existen encuestas de este tipo ni en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), ni en la PGN o en el Consejo de la Magistratura y mucho menos un observatorio que mida estas situaciones para prevenirlas, y como actuar. 

“Existe una negación total del tema de la violencia de género en contextos laborales dentro del sistema de administración de justicia que integran los órganos extrapoderes. A ello se suma el techo de cristal no solo en los cargos de magistrados sino en los de dirección”, sigue la funcionaria judicial.

Cuñarro reconoce que una guía fue el trabajo de la exministra de la Corte Suprema de Justicia Carmen Argibay, quien con su equipo impulsó un protocolo de actuación para denuncias de violencias por motivos de género dentro del sistema y un Observatorio. “A su muerte, se archivó y se lo invisibilizó”, dice Cuñarro, quien considera muy llamativo que ningún organismo de la Justicia Nacional haya realizado una encuesta para medir la violencia por motivos de género dentro del sistema de administración de justicia. “Hay organismos administrativos de alto rango, en muchos casos ocupados por varones, que deberían generar confianza e intervenir en estas situaciones y que no solamente no intervienen, sino que filtran lo que dice la víctima, tapan al victimario o lo encubren, actúan como cómplices y terminan trasladando a la víctima, sean hombres o mujeres”, subraya Cuñarro en abierta crítica a la Corte y a la PGN.

La encuesta se presentó en el conversatorio “Puertas adentro de nuestra casa, las mujeres de la justicia hablan”, en la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, en el que participaron la senadora nacional María de los Ángeles Sacnun, las diputadas nacionales Graciela Camaño y Vanesa Siley, que integran el Consejo de la Magistratura, como así también la jueza de la Cámara Nacional del Trabajo Gabriela Vázquez, entre otras, ante una platea de juezas, jueces, fiscalas, fiscales, defensores, y funcionarios de la justicia Nacional y Federal de todo el país.

En esa actividad, el juez de la Cámara Federal de San Martín e integrante del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, propuso una encuesta anónima sobre violencia laboral, que puso a consideración del Consejo, donde hay varios proyectos para realizar una encuesta integral y un observatorio para estas situaciones de acoso y violencia laboral en contexto de género.

Una tendencia evidente

Para hacer la encuesta, Cuñarro estudió antecedentes de otros países. El sondeo tiene una introducción donde se describen las distintas modalidades de la violencia y preguntas muy detalladas sobre la situación sufrida y cuándo sucedió.

El objetivo de esta encuesta realizada por fuera de los canales institucionales y asociativos fue “garantizar que era totalmente anónimo, que se protegía su identidad y que la única finalidad que tenía era sensibilizar, visibilizar y dar voz a todas las mujeres que hoy no la tienen dentro del servicio de administración de justicia y que no son empleadas”. De hecho, se convocó a completarla como “un deber moral y solidario con todas las compañeras que padecieron comportamientos de estas características y con nosotras mismas que fuimos víctimas”.

No se trata de una encuesta formal, sino de una tendencia. “El hostigamiento sexual es la tendencia que surge en primer lugar, el acoso sexual. Después siguen los hechos de connotación sexista, es decir el comentario para humillar o estereotipar, que, a diferencia de lo primero, es en manada”. El lugar más referido es el despacho del juez, fiscal o director seguido el acompañamiento de ida o a la salida de la facultad, según detalla Cuñarro. Esta tendencia comenzó a bajar desde la pandemia, al suspenderse la presencialidad o trabajar en burbujas.

Otro dato recogido por la encuesta es que “cuando una mujer funcionaria o magistrada del sistema de justicia se atreve a denunciar, el resultado más habitual es que la trasladen, o que deba tolerar años de trámites administrativos hacia ese juez, fiscal o director que provoca como usuaria del sistema desconfianza y stress”.

En cuanto a los efectos de las violencias machistas, “lo primero que salió es el daño psicólogico, emocional que, aunque hubiera pasado hace diez años, cinco años, dos años, la seguía perturbando hasta el día de hoy, tenía secuelas de daño emocional”. Y en ese sentido, Cuñarro considera preocupante es que “ese victimario y ese depredador sigue estando en funciones”.

Las mujeres que respondieron la encuesta no recibieron “asistencia, soporte, una red de contención interna, porque en el sistema de administración de justicia, para adentro, se niega el tema de la violencia laboral en contexto de género en todos los estamentos de todos los organismos”, plantea Cuñarro, quien resalta que la mayoría rechazaba la posibilidad de contar con un certificado médico del shock traumático producto de este acoso, porque la licencia psiquiátrica quedaría en el legajo y provocaría una “estigmatización” que no le permitiría ascender, lo que se suma “a la ya clara postergación en ascensos solo por ser mujer”.

Para la fiscala impulsora de este sondeo, otro dato revelador es que “todas” las respuestas tuvieron coincidencias en las desconfianzas tanto hacia la Procuración General, la Corte Suprema y los organismos internos. “La desconfianza es absoluta. No hubo ni una que dijo tengo confianza, o me lo solucionaron”, dijo Cuñarro.

La tendencia suponía un desafío: qué hacer. La comisión de género de la AMFJN acordó proponer un protocolo "en el cual la comisión de género de las Asociaciones de Fiscales y de Funcionarios del Poder Judicial Nacional, independientemente de las autoridades, puedan activar a partir de un grupo interdisciplinario que defina acciones concretas y eficientes”, explica Cuñarro.

Su propuesta es un equipo multidisciplinario que integren psiquiatras o profesionales de la psicología, una o un abogado con especialización en violencia laboral en contexto de género, quienes tomarán las denuncias y asegurarán la confidencialidad desde el primer contacto. Hace pocos días, esto se trató en comisión de género de la Asociación de Magistradas, y se consensuó para elevar el protocolo de intervención. También votaron realizar una encuesta, ya institucional y realizada por expertos en ciencias sociales y en este campo.

Un diagnóstico con consensos

“Puertas adentro de nuestra casa, las mujeres de la justicia hablan”, fue el nombre del conversatorio que se realizó desde la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, con la presencia de la senadora nacional por Santa Fe María de los Ángeles Sacnun, autora del proyecto de ley de adhesión al convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que luego también fue enviado por el Poder Ejecutivo y sancionado en noviembre de 2020. Consultada por Página/12, subrayó la importancia de ese instrumento legal. “Entiendo que es una herramienta fundamental para evitar cualquier tipo de violencia en el ámbito laboral. Y celebro que se haya llevado adelante esta encuesta que ha permitido conocer qué pasa puertas adentro en el ámbito de la justicia. Y cuando uno dice justicia habla no solamente del Poder Judicial sino también del Ministerio Público, donde uno presupone que aquellos que forman parte de estos poderes conocen a rajatabla cuáles son los derechos que asisten a las mujeres y la cantidad de normas en el ámbito local e internacional que defienden a las mujeres del acoso laboral”, subrayó Sacnun, quien consideró que “falta muchísimo camino por recorrer pero es indispensable que todos aquellos que tenemos responsabilidades institucionales les otorguemos nuestro total apoyo a todas las mujeres que, en los distintos ámbitos, en las distintas profesiones, en los distintos oficios, en las distintas tareas, necesitan y requieren que se visibilicen las distintas violencias que padecemos”.

Para Sacnun, “con esta encuesta ha quedado a las claras que muchas mujeres en el ámbito del Poder Judicial, en el ámbito del ministerio público, sufren acoso laboral. No solo tenemos la obligación de visibilizarlo sino también de empujar para transformar estos lugares y para democratizar los lugares de trabajo, fundamentalmente de aquellos distintos actores que conforman estos poderes del estado que tienen que servir para transformar la vida de la comunidad y no para seguir fortaleciendo posiciones patriarcales que arrasan con los derechos de las mujeres”.

También la diputada nacional Vanesa Siley, que integra del Consejo de la Magistratura, participó del conversatorio y subraya los avances que se están empujando para eliminar la violencia en la justicia. “En el plenario del 1° de julio de este año se aprobó la iniciativa presentada por el consejero (Alberto) Lugones sobre la realización de una encuesta anónima y voluntaria de violencia de género en el ámbito laboral para el Consejo de la Magistratura de la Nación. Actualmente, la Unidad de Derechos Humanos y Género del Consejo está trabajando en la confección final de la encuesta y en su ámbito de realización, ya que podría hacerse extensiva a todo el Poder Judicial. Partiendo de la base que la violencia de género es multicausal, los posibles abordajes para prevenirla, erradicarla y sancionarla, deben abarcar muchos aspectos”, dijo Siley.

La legisladora considera que “es fundamental continuar con las capacitaciones en materia de género, permanentes y periódicas, para magistrados, magistradas y trabajadores. La participación de las organizaciones sindicales en esas capacitaciones es central para generar un ambiente laboral libre de violencia. Por otra parte, lograr que más mujeres y diversidades accedan a la magistratura permite generar un esquema de paridad y propicia un Poder Judicial más representativo y cercano a la ciudadanía sobre la que imparte justicia”. Entre los avances que se vienen empujando, Siley subrayó que “desde el Consejo de la Magistratura se está trabajando para identificar e investigar las denuncias vinculadas con violencia de género, se creó un Registro Público de Denuncias contra Magistrados por Situaciones Vinculadas a Violencia de Género que se encuentra publicado en la página web del Consejo y se actualiza periódicamente”.

Por su parte, el consejero Alberto Lugones planteó que “es un tema muy complejo, que surge cuando se produce el trabajo fuera de la sede de Tribunales, en ese momento empiezan a darse cuenta las mujeres que ciertas conductas no son aceptables”. El juez nacional reconoció: “Advertimos una situación que es parte de la realidad. En un día hubo 300 respuestas. Hemos planteado un observatorio y una serie de prácticas que queremos implementar para facilitar la posibilidad de la denuncia. Creo que eso nos va a cambiar mucho porque yo hace 40 años que estoy en el Poder Judicial y no quiero esto para el futuro”.