"No podemos andar predicando la igualdad de la mujer y no hacer nada cuando estamos en una posición para hacerlo", responde Ricardo Nissen, titular de la Inspección General de Justicia, al fallo de la Cámara Comercial que intenta dejar sin efecto su decisión de imponer a las sociedades anónimas y otras figuras comerciales la obligación de designar igual cantidad de mujeres que de hombres en sus órganos de administración y fiscalización. En diálogo con PáginaI12, Nissen repasó el conflicto y explicó cuáles son los intereses que están detrás.
--¿Qué escenario motivó la firma de aquellas Resoluciones Generales que buscan la paridad de género en la administración y fiscalización de diversas entidades?
--Las estadísticas de la base de datos de la propia IGJ indicaban que había sólo una mujer por cada cinco varones que dirigían o fiscalizaban entidades comerciales o civiles. Y mi sensación es que eran muchas menos, no se respetaba absolutamente para nada el cupo femenino. Entonces había que realizar una acción positiva para darle cabida a estos sentimientos de igualdad que tiene gran parte de la población. No podemos andar predicando la igualdad de la mujer y no hacer nada cuando estamos en una posición para hacerlo. De cualquier manera fuimos bastante cautelosos en su aplicación. Empezamos con algunas de las sociedades, las anónimas y fundamentalmente las más importantes. No íbamos a iniciar con pequeños emprendimientos que tienen tres empleados y les costaría aplicarla.
--¿Cómo fueron recibidas estas resoluciones?
--Normalmente se cumplió. De asociaciones civiles, las que más protestaron fueron la iglesia evangélica y muchos clubes que no quieren saber absolutamente nada. Por ejemplo clubes de Rugby, o el Jockey Club, que tradicionalmente fueron de hombres. También los clubes de militares. En esos ámbitos, las mujeres no entran en las comisiones directivas. En estos casos les comunicábamos que, si por determinadas cuestiones particulares de la actividad la IGJ consideraba razonable, podía darle una prórroga para que incorporen mujeres en las comisiones directivas. Pero el organismo es inflexible en el cumplimiento de la norma.
--Usted afirmó que la Cámara Comercial lo viene persiguiendo desde que le asignaron la IGJ. ¿De qué manera?
--A la Cámara Comercial no le gusta mi participación porque yo me meto a fondo y no me dedico a calentar los asientos. Cada vez que hago algo que supera la media, critican mi competencia. Los incomodo porque me metí con temas muy sensibles: las offshore y las Sociedades por Acciones Simplificadas. Y la Cámara es corporativa, siempre falla a favor de las grandes empresas. Odian a las empresas recuperadas, a las acciones colectivas de los consumidores. Frente a cualquier innovación, la Cámara va a estar en contra y tiene el apoyo de un grupo de abogados de Puerto Madero, el establishment. La Cámara piensa que la IGJ está exclusivamente para revisar expedientes y autorizar sociedades, típico criterio liberal de que cuanto menos nos metamos, mejor. Pero nosotros hacemos un control preventivo para evitar muchísimos conflictos entre la gente y es mejor prevenir antes que ir a una justicia atrasada, desprestigiada y que básicamente funciona bajo conceptos neoliberales.
--¿Qué es lo que particularmente hizo en este caso?
--La Cámara violó absolutamente todas las leyes para dictar esa resolución del 9 de agosto y pretender dejar sin efecto la resolución de género. Cuando la IGJ saca una RG hay que cuestionarla de la misma manera que se cuestiona una ley. Es decir: ir al foro Contencioso Administrativo y pedir la inconstitucionalidad a través de la acción de amparo. La Cámara tiene a su cargo entender en todos los conflictos entre particulares donde se llevan cuestiones mercantiles, dentro de las cuales están los conflictos societarios. En cambio, desde la IGJ tenemos la facultad de reglamentar para algunas situaciones generales donde la ley hace laguna.
La Cámara Comercial hace rato que hace forum shopping y siempre toca (en el sorteo) la misma gente: los doctores Eduardo Machín y Julia Villanueva se dedican a revocar todas las resoluciones que dictamos. En este caso, no podrían haber intervenido nunca, pero se declararon competentes igual y desoyeron al fuero general de que se abstenga de intervenir ocultando el oficio electrónico. De esta manera dictaron esa resolución del 9 de agosto, desoyendo este oficio.
--¿Y cuál será la respuesta de la IGJ?
--En principio sacamos una nueva resolución detallando todas las irregularidades que cometió la Cámara Comercial y ratificando la norma original. Pero, además, vamos a iniciarle juicio político a los camaristas que la dictaron, porque violaron todas las normas de procedimiento de orden público para dictar una resolución judicial. Tenemos prácticamente redactado el juicio político contra Machin y Villanueva que son los actores intelectuales que dictaron esta resolución. Me acusan de que los estoy amenazando, pero no puede ser que los jueces sean tan dueños de la vida de todos y todas.
--¿Qué intereses hay detrás?
--En este caso no hay intereses económicos en juego, no estamos afectándolos en nada. Yo creo que acá predomina un sentimiento puramente patriarcal y conservador de no modificar nada. Estamos afectando a la concepción patriarcal del mundo. No pueden concebir que una mujer trabaje o compita con uno en un cargo.
