De enero a marzo de este año, los niveles de conflictividad laboral y social escalaron. En el trimestre fueron registradas 984 protestas, casi mil casos en 90 días. Comparado con el mismo período de 2016, la conflictividad aumentó en un 18,4 por ciento. Entre sus principales motivos están los despidos, retrasos en el pago de los sueldos -especialmente en el sector privado- e incumplimientos de acuerdos salariales, reclamos de aumentos para equiparar la inflación en las paritarias y contra la suba de las tarifas de la electricidad y el gas. Estas protestas -defensivas, que reflejan los efectos de las políticas de Cambiemos sobre los asalariados y los que viven de la economía informal- tuvieron como respuesta del gobierno una mayor represión.

Así lo señala el último informe sobre conflictividad del CEPA (Centro de Economía Política Argentina), un relevamiento complementario de los enfocados en los despidos y suspensiones. En ese sentido, el informe es un reflejo directo de la situación del empleo, pero muestra además problemas del mundo del trabajo que suelen quedar en un segundo plano, asordinados. En este caso, por ejemplo, el informe detecta el atraso en el pago de los sueldos en las empresas del ámbito privado, así como el incumplimiento de acuerdos.

El centro de estudios tituló Cuatro Dígitos a este relevamiento, subrayando el aumento en el número de las protestas, que a su vez fueron más extensas en la cantidad de manifestantes. Varias de ellas multitudinarias, como la marcha federal de los docentes y la del paro de  mujeres. Dentro del primer trimestre está incluida además la movilización del 24 de marzo, que desde hace ya mucho es la más masiva del año, y que en esta oportunidad repudió los retrocesos en materia de derechos humanos y reclamó la libertad de Milagro Sala. 

Del total de protestas del trimestre, las laborales representaron el 61 por ciento (600 casos) y las sociales el 39 (384 casos). El mes de marzo fue el más movido del verano, ya que concentró los planes de lucha docentes -en todas las provincias-, la huelga de la CGT, y la marcha de las mujeres contra la violencia machista.   

En el ámbito de los trabajadores públicos el termómetro subió a partir de la decisión del Gobierno de eliminar la paritaria nacional docente y  fijarle un techo a las negociaciones provinciales.  

Los gremios del sector apelaron a los paros y movilizaciones como principales modos de reclamo. Impulsadas por el conflicto de los maestros (y por las protestas de ATE, que nuclea a la parte sindicalmente más activa de los trabajadores del Estado), las protestas laborales de los trabajadores del sector público aumentaron un 273 por ciento de enero a marzo, pasando de 57 a 213 casos. 

En el ámbito privado, en cambio, los conflictos se mantuvieron de manera pareja a lo largo de todo el verano: el CEPA registró 81 casos en enero, 73 en febrero y 94 en marzo. Ocurrieron, mayoritariamente, por la caída del sector industrial.  

Si se mira el total de las 600 protestas originadas en reclamos laborales desglosándolas por sector, el 58 por ciento correspondieron al público, mientras que el 42 por ciento al ámbito de las empresas privadas. 

Para los trabajadores públicos, el principal motivo que los llevó a iniciar conflictos fue el reclamo de aumentos salariales en el marco de las paritarias, para recuperar lo perdido por la inflación; en cambio, señala el informe,  “en las empresas, casi la mitad de las protestas tuvieron su motivación en el proceso abierto de despidos de trabajadores, en un contexto de caída de la actividad económica en general y de la industria en particular”.  Expresado en números, de cada cien reclamos en el ámbito privado, 48 fueron causados por despidos y 30 por salarios. 

A su vez, de los reclamos por salarios, en el ámbito privado casi el 77 por ciento  se vincularon con el atraso en los pagos (43,8 por ciento) y con el incumplimiento de acuerdos (33 por ciento). 

“Los conflictos por retrasos en los sueldos se concentran en el sector privado y particularmente en la industria. Están íntimamente ligados a las dificultades que sufre la cadena de pagos en la actualidad: frente a la caída de las ventas y la retracción de la producción, el empresario busca mecanismos de ‘financiamiento’ para atender lo que no alcanza a pagar”, explicó a PáginaI12 Hernán Letcher, director del CEPA.

Si se mira según sectores productivos, encabezaron los conflictos los trabajadores industriales, seguidos por los de servicios, el transporte.  

El 28 por ciento de las 600 protestas por conflictos laborales fueron movilizaciones. Los cortes de calles y bloqueos a las fábricas representaron el 23 por ciento de los casos. Es decir que las protestas callejeras fueron el mecanismo de visibilización más usado. 

Los paros representaron, por su parte, 28 de cada 100 protestas. Los estados de alerta y movilización, y las asambleas de trabajadores, un 10 por ciento del total. Por último, las tomas alcanzaron a un 6 por ciento de los hechos relevados. 

Si se atiende en qué lugares se dieron las protestas, se observa que 3 de cada 10 fueron realizadas en la provincia de Buenos Aires, y 1,5 de cada 10 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires y CABA concentraron así el 45,8 por ciento de la conflictividad. 

Le siguieron a la ciudad de Buenos Aires, por la cantidad de protestas realizadas, tres provincias patagónicas: Neuquén (8,3 por ciento), Río Negro (6 por ciento) y Santa Cruz (5,7 por ciento). En Santa Fe se produjeron 5,3 por ciento del total de las protestas por conflictos laborales, en Córdoba 4,5 por ciento y en Mendoza 4 por ciento. El 20,4 por ciento de las protestas se distribuyeron en el resto de las 16 provincias.

Esta concentración de los conflictos en la zona AMBA y centro, se da “tanto por la concentración de habitantes como por constituir una caja de resonancia mayor para el reclamo”, apuntó Letcher. “De hecho, se produjo un aumento de la proporción de conflictos en esos ámbitos respecto del último trimestre de 2016: pasó de representar el 57,7 por ciento de los conflictos a 59,3% de ellos.”

Las protestas sociales aumentaron, a su vez, un  36,6 por ciento. Al igual que con los conflictos laborales, el mes de marzo fue el que concentró casi la mitad de las reacciones sociales de todo el trimestre (46 de cada cien).

En este marco, el Gobierno profundizó la respuesta represiva. De enero a marzo de 2017 se registraron 21 hechos de represión, un 133 por ciento más que lo que se había visto en el mismo período de 2016.

El CEPA advirtió en este sentido que “se ha observado desde inicios de 2017 una profundización en la estrategia ejemplificadora del Gobierno con los trabajadores en su conjunto, y en particular con el conflicto docente. La violencia estatal apeló tanto a la represión lisa y llana, como cuando los maestros fueron desalojados con gas pimienta para impedirles instalar la carpa itinerante, como con mecanismos de estigmatización”.