El abogado Rambert Ríos, que querella a la médica Miranda Ruiz por haber realizado un aborto legal, está imputado por el delito abuso sexual y a la espera de que se fije fecha para la realización del juicio. 

La causa está a cargo del juez de Garantías N° 1 de Tartagal, Nelso Aramayo. La investigación penal se inició el año pasado, tras la denuncia de una joven y está en manos de la fiscala de Violencia de Género de esa ciudad del norte salteño, Lorena Martínez, quien requirió el juicio el 18 de mayo último. 

Según pudo conocer Salta/12, la joven hizo la denuncia con el acompañamiento de la Fundación Volviendo a Casa, organización a la que se acercó para hacer conocer la situación que sufría. Además de la acusación por abuso, en el expediente se relatan otras formas de maltrato hacia la víctima. 

Lorena Martínez es la fiscala que Ríos acusó anteayer ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados pidiendo que sea destituida de su cargo.

Aunque el pedido de jury de enjuiciamiento contra Martínez es en relación a la actuación de la fiscala en torno a la interrupción legal del embarazo (y alcanza también el fiscal penal Gonzalo Vega), el Ministerio Público Fiscal de Salta precisó que el abogado ya recusó en dos oportunidades a la funcionaria judicial en la causa en la que él está imputado. 

El conocimiento de la acusación por abuso sexual que pesa contra el abogado motivó especulaciones sobre un interés particular del abogado en el ataque a la fiscala, para lograr su apartamiento de la causa por abuso sexual y de esa manera ralentizar la realización del juicio oral. 

El pedido de jury contra dos fiscales

Miranda Ruiz, la única médica del norte salteño que no es objetora de conciencia, garantizó el acceso a una interrupción legal del embarazo (ILE) el 24 de agosto pasado, en el Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal. Por esa acción, que fue decidida por un equipo interdisciplinario del Hospital, la médica enfrenta una causa penal, a instancias de la familia de la joven gestante que accedió al aborto, que es representada por Rambert Ríos. 

Los denunciantes, y grupos antiderechos, vienen insistiendo con la hipótesis de un presunto “homicidio”, argumento que utilizó Ríos al momento de presentar el jury de enjuiciamiento contra los fiscales Martínez y Vega. 

Aunque la judicialización de la médica comenzó el 3 de septiembre, día en que fue detenida por pedido del fiscal Gonzalo Vega y autorización del juez de Garantías N° 2, Héctor Fernando Mariscal Astigueta, la gestante presentó la denuncia recién dos días después, el 5 de septiembre pasado. Para explicar por qué accedió al aborto primero y luego acusó a la médica, dijo que se arrepintió de la práctica y que fue obligada a seguir, a pesar de que se trató de un procedimiento con pastillas, es decir, que pudo no ingerirlas. 

La médica recuperó la libertad el mismo 3 de septiembre, ante el movimiento de mujeres que se desplegó en el país. Pero sigue encausada. “Es posible afirmar que el delito que se le imputa a la profesional es el que se encuentra tipificado en el artículo 85, párrafo 2 del Código Penal que prevé una pena muy leve, por lo que, a priori, la detención resultaría absolutamente irrazonable e injustificada", había indicado en su momento la ministra del Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta. 

Ríos considera que la médica debe ser imputada por un delito más grave y, como el fiscal Vega no lo hizo, pidió que sea sometido a un jury de enjuiciamiento, y amplió su petición contra la fiscala Lorena Martínez, a quien le reprocha una presunta inacción ante el pedido de la directora de Niñez y Familia de Salvador Mazza, Claudia Subelza, para que se impidiera la ILE. "Consintieron con su omisión grave el aborto”, aseguró el abogado en su denuncia. 

Rambert Ríos es además abogado de Marcelo Cornejo, ginecólogo del Hospital de Tartagal que fue denunciado por Miranda Ruiz por presunto abuso sexual contra una menor de edad. A esta denuncia penal, se le suma una denuncia administrativa en la que se acusa al médico de realizar abortos a cambio de sexo o dinero. En el Hospital público Cornejo es objetor de conciencia. El médico ya se encuentra suspendido y con sumario administrativo, pero no por esta denuncia, sino por haberse declarado enfermo en el hospital público mientras seguía cumpliendo funciones en el sector privado.