“Nos sentimos comprometidos a promover un estudio más completo de esos acontecimientos, a fin de seguir buscando la verdad”, dijo la Conferencia Episcopal Argentina en una carta difundida en el marco de su 104ª asamblea plenaria celebrada en noviembre de 2012 refiriéndose a la participación de la Iglesia en la dictadura militar. Dicha carta sostiene que plantear que haya habido “una suerte de connivencia es totalmente alejado de la verdad de lo que hicieron los obispos involucrados en ese momento”.

Hago memoria agradecida y fraterna del recientemente fallecido cura del tercer mundo José “Pepe” Piguillém. Cuenta María Elena Barral en su libro “Curas con los pies en la tierra” que después del secuestro de los jesuitas Orlando Yorio y Francisco Jálics detenidos en la ESMA, Pepe fue buscado por los militares en su casa del barrio Parque Gaona de Moreno. A una cuadra de su casa un soldado lo paró y le dijo que no podía pasar porque había un operativo para detenerlo ¡a él! que no fue reconocido. Dio media vuelta en su bicicleta y pedaleó como nunca en su vida. Buscó un teléfono y llamó a su Obispo Miguel Raspanti, quien al día siguiente lo mandó a buscar y lo alojó en la Catedral de Morón. La primera reacción del obispo fue de sorpresa. “Me dijeron que no iban a tocar a nadie sin avisarme”, fueron las palabras de Raspanti al enterarse de lo que había sucedido. “Casi sin quererlo, el obispo reveló un dato central: la jerarquía eclesiástica por lo menos no ignoraba lo que estaba sucediendo” afirma la autora.

El 9 de enero de 1976, cuando las Fuerzas Armadas se preparaban para extender la represión a todo el país, Victorio Bonamín –provicario castrense– dio una conferencia a los cadetes del Ejército. Esa noche escribió en su diario: “se nos presentaron preguntas y problemas con respecto a las torturas. Es necesario que nuestros capellanes ‘aúnen criterios’: Santo Tomás justificaba la pena de muerte y la tortura es menos que la muerte”. Este y otros datos se pueden leer en el libro “Profeta del Genocidio” de Ariel Lede y Lucas Bilbao.

Parece que los Obispos todavía necesitan seguir investigando qué pasó hace 41 años atrás, ignorando la multitud de datos aportados por fiscales, periodistas, historiadores, escritores, investigadores en ciencias sociales y los propios testigos sobrevivientes del genocidio que prueban la complicidad y connivencia de una buena parte de la cúpula episcopal, curas y capellanes militares con los crímenes de la dictadura. No sólo se resisten a reconocer tal complicidad, sino que niegan toda vinculación. Los pedidos de perdón realizados hasta ahora por el episcopado han sido vagos, desentendidos y sin carne. Y la aparente colaboración del presente para esclarecer las responsabilidades de la Iglesia en la dictadura carece de un impulso real. 41 años sin tener un contacto solidario y contenedor con los organismos de Derechos Humanos reconocidos en el mundo entero y sin aportar ni siquiera una presencia representativa en las marchas del 24 de marzo. 41 años sin quitarles protección a los capellanes militares que todavía viven para que se presenten a la justicia, cuenten lo que saben, sean juzgados si han tenido participación directa y entreguen pistas sobre el paradero de los desaparecidos que siguen siendo buscados. 41 años de indiferencia. Es más, aún no hubo convocatoria alguna al masivo repudio del 2x1 mañana en la Plaza de Mayo.

No se ha cerrado la herida de aquella complicidad con el brutal genocidio, cuando el episcopado vuelve a golpear sobre el cuerpo lastimado de la sociedad argentina, vuelve a agitar los dos demonios de una guerra que no fue tal, reuniendo a familiares de víctimas “de los dos bandos”. Clarín informa que el episcopado “comenzará por escuchar a familiares de desaparecidos y de víctimas del terrorismo”. En la dictadura no hubo terrorismo de Estado para el diario apropiador de Papel Prensa y parecería que para los obispos tampoco.

Intuyo que en el episcopado hay unos cuantos que no se sienten cómodos con esta situación. Y lamento que no lo expliciten públicamente, como en su momento sí lo hicieron Jorge Novak, Jaime de Nevares, Esteban, Hesayne o Enrique Angelelli. Ellos nos ayudaron a ver que, en medio de la desgracia, hubo una Iglesia profética y comprometida que denunció el genocidio sin utilizar hipérboles o palabras ambiguas, acompañó con solicitud pastoral a familiares y organismos de Derechos Humanos y exigió justicia para las víctimas.

El indulto encubierto del fallo de la Corte en el 2x1 apareció sincronizado con esta iniciativa del episcopado de reunir a los familiares para comenzar un camino de una supuesta reconciliación. Monseñor Lozano describe este tándem como “una infeliz coincidencia” subestimando la mayoría de edad de muchos cristianos comprometidos y sin registrar la pérdida de credibilidad del episcopado en estos temas. Si una encuesta que se conoció ayer afirma que el 88% de la población rechaza el fallo del 2x1, es muy probable que un altísimo porcentaje de católicos no se sientan representados por la postura del episcopado afirmada en la “teoría de los dos demonios” y que 41 años después todavía necesita saber qué pasó en una dictadura a la que muchos de sus miembros prestaron colaboración.  

En la actualidad, el prolongado silencio del episcopado legitima los estragos causados por un gobierno neoliberal e irresponsable que ha generado en 500 días daños irreparables a la industria, el trabajo, el salario, la seguridad social y que empuja a millones a la pobreza e indigencia, que degrada la calidad institucional con decretos, represión y aprietes a la justicia. Es una nueva versión de la colaboración del episcopado, en este caso con un gobierno negacionista, verdugo de los trabajadores y los pobres.

Con dolor percibo que este entramado de complicidades pasadas y presentes no admitidas, generan una profunda división. Una especie de cisma de baja intensidad. Lo que se presenta como voluntad de reconciliar es un boomerang que acrecienta las heridas y las distancias. Hay una división entre una iglesia cómplice y callada, y una Iglesia profética del lado de las víctimas que apoya en la calle la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Si de veras al episcopado le interesa la reconciliación, es necesario construir la unidad desde un compromiso público e incondicional con el camino de memoria, verdad y justicia emprendido por una parte mayoritaria de la sociedad argentina, y profundamente enlazada con el dolor de las víctimas del terrorismo de Estado. Y a la vez, deberá ser una Iglesia que se oponga con claridad a este nuevo genocidio encubierto generado por un plan de negocios y transferencia de riqueza a los ricos, disfrazado de gobierno democrático.

* Grupo de Curas en la Opción por los Pobres.