Si hay algo en lo que falló la Corte Suprema al habilitar el 2x1 a un represor condenado por delitos de lesa humanidad fue en los cálculos sobre los efectos que la decisión iba a despertar. “En términos de impacto, este fallo es uno de los mayormente desaprobados a nivel social porque rompió un consenso que traspasa los lineamientos políticos”, evaluó el director del Centro de Estudios Legales y Sociales, Gastón Chillier. Si bien observó que la decisión no hubiera existido “sin el clima generado por distintas discusiones negacionistas en términos del número de desaparecidos”, advirtió que, por el repudio masivo, el fallo puede convertirse en “un nuevo hito en el proceso de lucha por la memoria, la verdad y la justicia”. 

–¿Por qué? 

–De alguna manera vuelve a poner en su lugar al proceso de juzgamiento a los crímenes de la última dictadura, cuya legitimidad intentaron dañar desde algunos sectores perfectamente identificables, no solo desde los perpetradores de esos crímenes y sus familiares, también desde medios de comunicación como La Nación y sus editoriales, por ejemplo. En ese sentido, la movilización (convocada hoy), la reacción social, cuantifica la legitimidad del proceso y el altísimo consenso social que tiene. 

–¿Es el peor fallo de la Corte Suprema desde el retorno de la democracia?

–Los que confirmaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fueron más graves, pero en términos de impacto este sí puede ser uno de los más desaprobados socialmente. Rompe un consenso sobre la imposibilidad de debilitar el proceso de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad que no solo es social, sino también político y judicial. Ya vemos que hay jueces que se manifestaron en contra del fallo. La magnitud de la reacción sorprendió a los propios jueces de la Corte, además de algunas minorías que simpatizaron con esto.

–La ONU ya realizó advertencias al país sobre el apego a pactos internacionales de derechos humanos. ¿Cuáles son los riesgos que el país corre si se mantiene en esta postura?

–Si hay alguna política del Estado por la cual Argentina es reconocida en el mundo entero ésa es el tránsito que encaró la sociedad, desde las instituciones, con tribunales federales civiles, para realizar los juicios por los crímenes cometidos por el Estado. Si se quiere retroceder en esto, la comunidad internacional va a exigir que no se vuelva atrás. Como en este caso, que exigió que se revierta la situación instalada por el fallo de la semana pasada. Desde el CELS, pediremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias. De todos modos, el proyecto que la Cámara de Diputados trató sobre tablas con el consenso de todos los bloques, incluido el oficialismo, aportando una interpretación apropiada de la ley del 2x1 que no termine beneficiar de manera injusta a los responsables de los peores crímenes cometidos es una manera que tiene el país de responder a ese consenso social, político, internacional. 

–¿Es suficiente esa ley para dar respuestas ante la comunidad internacional?

–Es una primera respuesta de la política frente a la tremenda reacción que tuvo el fallo, para contribuir y mandarle una señal a la Corte y a los tribunales de que el Congreso desaprueba esta interpretación equivocada. Falta el voto del Senado, pero es un principio, el primer paso. No alcanza, porque no se va a revertir del todo el fallo hasta que la Corte no emita otra sentencia cambiando el rumbo. 

–¿Puede entenderse como un error lo planteado por el voto de mayoría de la Corte? 

–Definitivamente no. Los jueces son claramente competentes en términos de lo que estaban decidiendo. Sí pueden haber fallado en los cálculos sobre la reacción que iba a tener el fallo. 

–¿Se podría haber dado este fallo en otro contexto político?

–Todos los fallos, sobre todo los de la Corte, son políticos en algún punto. De alguna manera es difícil pensar un fallo así sin el clima generado por distintas discusiones en términos del número de desaparecidos, e incluso con una Corte cuya integración es, en gran parte, responsabilidad del Poder Ejecutivo. 

–Si bien varios funcionarios tomaron distancia del fallo, el Presidente no se refirió al tema. ¿Debería? 

–Sería deseable que se pronuncie categóricamente. El despegue gradual genera suspicacias, pero además no es suficiente. La sociedad necesita saber qué opina el Presidente sobre el fallo y si está en desacuerdo, los términos sobre ese desacuerdo.