Fue una extensa jornada de debate profundo, serio pero también contenido ante la gravedad de lo que se busca detener: un proceso novedoso de impunidad. El repudio generalizado al fallo de la Corte Suprema, avalado originalmente por el Gobierno y la Iglesia Católica, obligó a Cambiemos a intentar despegarse con fruición del beneficio otorgado a los genocidas. El oficialismo absorbió los golpes y así, tras algo más de seis horas de debate, los diputados le dieron media sanción con 211 votos a favor y uno solo en contra, del salteño Alfredo Olmedo. Elisa Carrió se ausentó a la hora de votar.
Aunque el oficialismo acompañó el proyecto que excluye del beneficio del 2x1 a los criminales de lesa humanidad, lo cierto es que vivieron una terrible derrota política. No importaron los discursos, algunos claramente forzados por las circunstancias, para despegar al Poder Ejecutivo del fallo de los supremos. Lo concreto es que terminaron acompañando un texto que se consensuó durante el transcurso de la sesión.
El texto acordado consta de tres artículos y modifica el artículo 7 de la Ley 24.390 -derogada en 2001- para especificar que “no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según derechos interno o internacional”. También prevé que el cómputo de las penas establecidas en su oportunidad por el derogado artículo 7 de la ley del 2x1 “será aplicable solamente a aquellos casos en los que el condenado hubiera estado privado de su libertad” durante el período que existió la norma, entre 1994 y 2001. Por último dispone que “los artículos anteriores son la interpretación auténtica del artículo 7 de la Ley 24.390”. El texto será tratado y aprobado durante la mañana de hoy por el Senado.
La marcha atrás forzada por el repudio nacional e internacional, llevó a los diputados de Cambiemos a tener que aceptar los pedidos de los bloques de la oposición para incorporar el tratamiento del tema en una sesión que, a primera vista, era una más con la que el macrismo quería mostrar que el Congreso funcionaba.
Ante ese escenario, el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, organizó una reunión con los presidentes de bloque y, sin poder de maniobra, aceptó que el tema se incorpore. Remo Carlotto, del Peronismo para la Victoria, tomó la palabra y con calma pero con firmeza dijo que se vive “un momento político de preocupación” porque entiende que el fallo de la Corte va “en contra de los pronunciamientos que tuvo la Corte en materia de violaciones a los derechos humanos”. Advirtió que ese cambio se inició a partir “del contexto político que vive el país desde la asunción del actual Poder Ejecutivo”. Al contrario de lo suele ocurrir, el oficialismo absorbió el golpe sin chistar. Pero no fue la única estocada. Carlotto aseguró que los que defienden la democracia y los derechos humanos “están ofendidos” porque en estos 40 años de lucha por la verdad han llegado a aceptar que en los juicios haya habido absoluciones y “hemos esperado con paciencia que los tribunales condenaran estos crímenes pero hoy de una manera amañada, tres miembros de la nueva conformación de la Corte emitieron un fallo que posibilita la liberación de los responsables de crímenes de lesa humanidad”.
Cuando le llegó el turno, Donda pidió un minuto de aplauso para las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, que estaban presentes y para Estela de Carlotto que ingresaba. La oposición se puso de pié y aplaudió. El oficialismo también pero algunos como el lilito Fernando Sánchez y el macrista Nicolás Massot continuaron sentados conversando como si nada ocurriese.
La diputada aclaró que hablaba en su calidad de hija de desaparecidos que compartió “el lugar y la mesa donde nacimos con Juan Cabandié”, en referencia al centro clandestino que funcionó en la Esma. Con la voz entrecortada pero segura de sí misma, indicó que era imperioso “impedir que se levante un nuevo muro de impunidad”. Un silencio total se impuso en un recinto que acostumbra a tener el rumor permanente de las conversaciones mientras un legislador hace uso de la palabra. Donda les exigió a los diputados un esfuerzo para votar por unanimidad el proyecto para que “mañana (por hoy) vayamos a la marcha y podamos decir que se le dijo no a los genocidas”. Entre aplausos y ya gritando para que la escuchen, Donda les envió un mensajes a los tres jueces de la Corte: “Desde la Cámara de Diputados les decimos: señores jueces, nunca más”.
Elisa Carrió le otorgó a su análisis una condición brutal y binaria adornada en exceso con conceptos de corrientes del pensamiento legal. Primero señalo al kirchnerismo como el responsable de haber promovido esta utilización del 2x1 a partir de un fallo del entonces supremo Raúl Zaffaroni. Incluso les endilgó la falencia de no haber tomado recaudos para este tipo de situación durante los doce años de gobierno. Luego, como si no faltara algo, aggiornó el refrán de no comerse al caníbal al sostener: “no nos podemos comportarnos como los genocidas al mostrarle a la sociedad que hay hombres de 90 años hundidos en una cárcel porque eso no responde al humanismo”. El abucheo no se hizo esperar pero ella continuó como si nada y cerró su discurso avalando la teoría de los dos demonios al sostener primero que “la justicia no es venganza” pero indicó que así como “apareció el nieto de la mayor luchadora de los derechos a la verdad, que es la señora Carlotto, les digo que también hay una parte de la sociedad que también quiere verdad como los soldados de Formosa”.
Remo Carlotto rechazó, sin perder la compostura, la existencia de cualquier ánimo de venganza entre los familiares de los desaparecidos que está demostrada en los 40 años de lucha. Pero además le recordó que en 2015 el gobierno kirchnerista sancionó la ley 27.156 “que plantea que es nulo de nulidad absoluta cualquier fallo como el que emitió la Corte”.
Hubo dos discursos más que sobresalieron de la media. El primero del diputado del FpV, Juan Cabandié y el segundo del radical Ricardo Alfonsín.
Cabandié desagregó una serie de hechos que se produjeron desde la llegada de Mauricio Macri al gobierno que terminaron generando un contexto favorable al fallo de la Corte. Todo comenzó con intento de designación de los supremos Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz a través de un decreto pero luego las reuniones del ministro de Justicia, Germán Garavano, con abogados defensores de genocidas y con Cecilia Pando. Le sumó las declaraciones del propio Macri cuando en un reportaje habló de “guerra sucia” y minimizó el número de desaparecidos. Para el legislador esto generó un contexto que permitió que se produzca tamaña acordada y afirmó que si hay que buscar un “instigador” hay que mirar a los ministros y al propio presidente “que apañaron acciones del Estado que permiten que jueces otorguen detenciones domiciliarias a genocidas a partir de la llegada de este gobierno”.
A su turno, Alfonsín caminó por el mismo camino pero valiéndose de otros recursos. Consideró primero que lo realizado por la Corte implica “un retroceso importante”, acusó a los supremos de no haber tomado en cuenta el conjunto de normas, la doctrina y la jurisprudencia internacional. Pero luego avanzó caminando sobre un filo complejo cuando dijo que no podía creer que el PEN haya “interferido” en el voto de los supremos, “no lo puedo creer pero si llegar a ser cierto seré uno de los primeros en denunciarlo”, dijo dejando a sus compañeros de bancada con rostro adusto sin saber si respaldar sus dichos o repudiarlos. Incluso criticó al ministro de Cultura, Pablo Avelluto, quien en un reportaje “frívolo” dijo que las nuevas generaciones no cargan con la mochila de la dictadura militar. “Imaginen que un dirigente de la comunidad judía que las generaciones actuales no tienen que cargar la mochila del holocausto. Esa es una mochila que cargamos toda la humanidad”, dijo subiendo el tono de voz al estilo de su padre y estallaron los aplausos, incluso los del macrismo.