Un comunicado de distintas organizaciones sociales, gremiales y feministas de Jujuy denuncia al gobierno de Gerardo Morales como responsable de la violencia de género, política e institucional en todos los estamentos del Estado provincial.
Las organizaciones repudiaron la impunidad "machirula violenta" y elaboraron una cronología de casos en los que se incluye la absolución del expresidente del Superior Tribunal de Justicia, Pablo Baca, y la destitución de la diputada Alejandra Cejas tras denunciar a un diputado y la falta de avances en las causas por femicidios.
Anabel Yacianci, integrante de la Agrupación Verde y Blanca de ATE y secretaria de Género de la CTA Nacional, contó a Salta/12 que el comunicado, con adhesiones de distintos espacios, se lanzó ante la necesidad de visibilizar situaciones que consideraron de impunidad en Jujuy. Señaló que el jueves últimos quedaron en libertad dos detenidos por supuesta complicidad del femicidio de Cesia Reynaga (20,) cometido en Abra Pampa el año pasado y en el que se determinó que el responsable fue un adolescente de 14 años. Los hombres que fueron liberados eran padre y abuelo del señalado como como femicida.
"Los otros casos que se denunciaron de femicidio tampoco han avanzado, están congeladas las denuncias", sostuvo Yacianci, quien recordó las movilizaciones del año pasado en que más de 10 mil mujeres y disidencias salieron a protestar en San Salvador de Jujuy y otras ciudades por los femicidios y la inacción y pasividad de la provincia. Dijo que luego lograron la aprobación de una ley de emergencia por violencia de género pero tampoco ha implicado progresos porque no se asignó presupuesto, y "quedó todo concentrado en el Consejo Provincial de la Mujer".
Otra de las causas que motivó este señalamiento de impunidad en la provincia es la absolución de Pablo Baca, que fuera denunciado por abuso sexual en marzo de 2020. Hace una semana "comenzó a circular una nota firmada por Baca, exculpándose, que circuló en redes junto al peritaje psicológico (de la víctima)", se indica en el comunicado. Luego se informó oficialmente que efectivamente Baca había sido sobreseído, pero lo que las organizaciones destacaron es que el ex funcionario judicial expuso a la denunciante al difundir aspectos de su intimidad, como es el peritaje piscológico. Consultado por Salta/12, Baca prefirió no hacer declaraciones.
Además, el comunicado señala que la integrante de la comisión directiva de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP), Verónica Aramayo, recibió mensajes y una carta documento de Baca "intimándola a retractarse de sus declaraciones de respaldo a la escritora Estela Mamani, que se negaba a participar en una publicación donde estaba Baca".
Además, a fines de julio la abogada Lorena Mamani, de La Quiaca, "fue amenazada por el concejal Hugo Barro de esa ciudad, que le tiró el auto encima. No era la primera situación de violencia del concejal, sobre el que hoy sólo pesa una medida de (prohibición de) acercamiento, dictada por el Juzgado de Violencia de Genero N°4" detalló el comunicado.
Suspensión irregular
Las organizaciones también señalaron que la diputada provincial Alejandra Cejas fue suspendida irregularmente
en la Legislatura. "Denunció por violencia de género al diputado
Rivarola, a quien la jueza María Cruz Martínez le impuso una
medida de protección y una entrevista psicológica. En sesión,
resuelven solicitar un jury contra la magistrada. Al día
siguiente, Martínez levanta las medidas contra Rivarola", sostiene el comunicado.
El texto señala además que en Jujuy la criminalización de la protesta es una acción sistemática respecto de cualquier manifestación de divergencia frente a las políticas implementadas por el gobierno provincial.
"Morales continúa protegiendo a funcionarios violentos, como el diputado Rubén Rivarola y el titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, entre tantos otros. En tanto, Milagro Sala y otras compañeras tupaqueras siguen siendo víctimas de Gerardo Morales desde el 2016, al igual que muchas de las mujeres que levantamos nuestras voces para manifestarnos en contra de un Estado que nos quiere calladas y sumisas", manifestaron.
El análisis hecho para lxs firmantes es que las resoluciones de los últimos casos judiciales, en los que resultaron implicados varones con poder, evidencian la defensa corporativa que el Poder Judicial les da. También resaltaron "el reciente desistimiento" por parte del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy al pedido de jury de enjuiciamiento al juez Pablo Pullen Llermanos que había sido solicitado por la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy "por incumplimiento de sus deberes de magistrado y mal desempeño en su función en los casos de violencia de género en los que interviene".
