La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió a todos los países que tienen "sanciones sectoriales" contra Venezuela que las levanten debido a que han agravado la precaria situación económica y social de la población. Sin embargo, Bachelet no se refirió al levantamiento de sanciones personales que pesan sobre distintos miembros del Ejecutivo de Nicolás Maduro. La Cancillería de Venezuela destacó que el informe de la Alta Comisionada "reafirma los efectos devastadores de las medidas coercitivas unilaterales" y menciona directamente a las "adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos de América contra el país a partir del año 2014". Reiterando una de sus habituales críticas, Bachelet rechazó la "intimidación" y "criminalización" de activistas sociales, una denuncia que el gobierno venezolano tildó de "afirmaciones sin fundamento".
Rechazo a las sanciones contra Venezuela
Bachelet presentó un resumen del último informe de su oficina sobre Venezuela al inaugurarse la 48º sesión del Consejo de Derechos Humanos y en él destacó que las sanciones acentuaron el impacto de la pandemia en el país. "La situación humanitaria y económica preexistente se vio agravada tanto por la pandemia de covid-19 cuanto por las sanciones sectoriales, limitando aún más el acceso a los servicios básicos. Reitero mi llamado a que se levanten estas sanciones", señaló.
Las sanciones prohíben las transacciones con empresas que se cree que participan en actividades juzgadas ilícitas por cuenta de un gobierno, y en el caso de Venezuela afectan a entidades del sector petrolero y minero, principalmente. En el informe de la oficina de Bachelet se pide a los países mantener su ayuda humanitaria a Venezuela, en particular en lo referido a la pandemia, y que para ello se asegure una distribución justa de las vacunas, que han estado ampliamente disponibles en los países ricos en detrimento de los pobres.
Bachelet observó además que los programas económicos y sociales puestos en práctica en los últimos años no lograron elevar un nivel de ingreso que sigue siendo "dramáticamente bajo", "insuficiente para garantizar un nivel de vida adecuado". En ese sentido, exigió un refuerzo de los servicios básicos, "particularmente para los grupos más vulnerables", y lamentó "la ausencia de datos públicos para monitorear e informar adecuadamente las políticas públicas".
En otro tramo del documento, Bachelet se mostró confiada en que "el diálogo político en curso en México pueda conducir a soluciones significativas y se traduzca en mayores avances para la protección de los derechos humanos". Además la expresidenta chilena volvió a manifestar su preocupación ante "las restricciones adicionales y los continuos informes de intimidación y criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos y de los y las líderes sindicales por sus actividades legítimas".
Otra de las recurrentes reivindicaciones de la oficina de Derechos Humanos pasa por reformas policiales y judiciales, a la que Bachelet sumó en esta ocasión un llamamiento "a la plena liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente". La exmandataria chilena destacó que 152 personas fueron excarceladas desde junio de 2020 en el marco de los casos compartidos a través de los mecanismos de cooperación.
La reacción venezolana
"Venezuela toma nota del informe en relación con la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en el país y las relaciones de cooperación entre el Estado venezolano y dicha oficina", reza un comunicado publicado por el ministerio de Relaciones Exteriores. La cartera a cargo de Félix Plasencia asegura que, como efecto de las sanciones, se produjo "la disminución del 99 por ciento del ingreso nacional, así como la existencia de elementos para considerar que dichas medidas implican la comisión de crímenes de lesa humanidad, de conformidad con lo previsto en el Estatuto de Roma".
Por otra parte, el gobierno venezolano considera "lamentable que el referido informe" reproduzca lo que consideran "fallas metodológicas presentes en documentos previos" al incorporar "afirmaciones sin fundamento alguno que no han sido debidamente contrastadas con las autoridades del Estado". En ese sentido, Venezuela rechaza las "falsas aseveraciones del informe sobre supuestas detenciones arbitrarias o persecuciones por el ejercicio o la defensa de los derechos humanos, que enmarca "en el guión político de quienes instrumentalizan esta materia para agredir a Venezuela".
La Cancillería venezolana ratificó que el gobierno seguirá "cooperando" con la ONU "con base en el respeto a la verdad y a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos y diálogo constructivo como un mecanismo que permita elevar la verdad de Venezuela ante esta instancia". Por ese motivo, se ha "acordado la renovación por el período de un año de la Carta de Entendimiento entre Venezuela y la Oficina de la Alta Comisionada, incrementando la presencia de funcionarios de la Oficina en el país y ampliando las áreas de asistencia técnica y cooperación".
