La justicia española procesó por "terrorismo" a 13 activistas independentistas de Cataluña que supuestamente planearon acciones violentas en Cataluña. El juez de la Audiencia Nacional de España Manuel García-Castellón los procesó por "pertenencia a organización terrorista y también por delito de tenencia, depósito así como fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables o de sus componentes, de carácter terrorista".

Se trata de 13 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), el movimiento ciudadano que nació en 2017 para facilitar la celebración del referéndum de independencia, que más tarde fue prohibido por la Justicia.

Nueve de ellos fueron detenidos en septiembre de 2019 en el marco de la denominada "Operación Judas". Según informó en un comunicado, el magistrado consideró que "este grupo formaba dentro de los CDR el denominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT)", una "célula" integrada por un grupo reducido de individuos de diferentes CDR de "una gran radicalidad".

Según el juez, todos los investigados comparten "principios ideológicos favorables a la independencia y el activismo radical para conseguirla".

"Su objetivo final como organización, era conseguir la independencia de Cataluña, empleando para ello la violencia en su máxima expresión, forzando con ello, de modo coercitivo, a las instituciones a conceder por la vía de los hechos la separación de Cataluña del resto de España", expresó el juez.

Las pesquisas judiciales apuntan a que los miembros del ERT participaron en algunas de las acciones más contundentes de los CDR y habían "asumido el encargo" de planear la ocupación del Parlamento de Cataluña para "defenderlo posteriormente".

El magistrado señaló que los 13 investigados formaron "una organización terrorista paralela" a los CDR con el objetivo de "llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados" mediante explosivos y sustancias incendiarias que fabricaban en laboratorios clandestinos.

También apuntó que los procesados, antes de ser descubiertos, se habían informado sobre posibles objetivos como las sedes en Barcelona de la Comandancia Naval, el Gobierno Militar, la Delegación de Gobierno, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil.

En enero de 2020, la Audiencia Nacional puso en libertad bajo fianza a los dos últimos activistas que se encontraban en prisión y mantuvo activa la causa en su contra.