El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, recibió ayer a la familia de Franco Casco, el joven que fuera golpeado, torturado y asesinado por efectivos de la policía rosarina en 2014, para transmitirles que la Secretaría volverá a asumir el rol de querellante que tuvo en 2015 y que fue abandonado durante la durante la presidencia de Mauricio Macri.

En la reunión, de la que también participó el director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski, Pietragalla expresó el compromiso de la actual gestión con los familiares de víctimas de violencia policial y con las políticas que se están llevando adelante para formar con perspectiva de derechos humanos a las fuerzas de seguridad. “Si bien la violencia institucional es transversal a todos los gobiernos, no todos reaccionamos igual. Este gobierno tiene un fuerte compromiso contra la violencia institucional y por eso acompañamos activamente los reclamos de verdad y justicia”, expresó el Secretario de Derechos Humanos.

Cabe recordar que el 6 de octubre de 2014, Franco Casco, que por entonces tenía 20 años, fue abordado por efectivos de la Ccmisaría 7° de Cafferata al 300 cuando se dirigía a la estación de trenes para regresar a Buenos Aires. Según se desprende de la investigación, Casco fue llevado a un calabozo que no reunía las condiciones apropiadas y al que eran llevados jóvenes por "averiguación de antecedentes". De acuerdo a testimonios brindados en la causa, allí fue golpeado y torturado. 

Si bien la Policía manifestó que el joven había sido liberado luego de ser apresado por atentado y resistencia a la autoridad, más tarde se supo que hubo irregularidades en su detención. Su cuerpo fue encontrado en el río Paraná el 30 de octubre de ese año por la Prefectura Naval. Luego de la autopsia correspondiente, se determinó que murió antes de ser arrojado al río, con un tiempo de inmersión compatible con la fecha de su desaparición.

El próximo 6 de diciembre comenzará el juicio que tiene a 19 efectivos de la policía provincial, varios de ellos de la comisaría 7° de Rosario, acusados por desaparición forzosa.

La causa Casco tiene profundas ramificaciones en el poder estatal porque se usaron fondos reservados para pagar la defensa de los policías de Asuntos Internos acusados por ocultar el crimen. Es más, el gobierno de Omar Perotti es querellante en esta causa que comenzó con la denuncia del entonces ministro de Seguridad, Marcelo Sain, el 4 de Agosto de 2020, ante la Unidad Fiscal de Delitos Complejos.  Sain presentó por entonces pruebas y recursos necesarios para avanzar con la pesquisa, que involucra a la gestión del ex Ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro y su ex secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad David Reinero.

La denuncia detalla también que José Manuel Alcacer y Lucas Peirone, abogados de los policías (que defendían a los cinco agentes acusados por la desaparición forzada y posterior homicidio de Casco) son socios en el mismo estudio jurídico, y fueron funcionarios políticos de la Secretaría de Control del Ministerio de Seguridad, durante las gestiones de Raúl Lamberto y Pullaro, ellos tuvieron acceso privilegiado a un cúmulo de información extraordinariamente sensible mientras se desempeñaban como defensores particulares, no solo en la ya referida causa penal “Casco”, sino también en procesos penales ligados a investigaciones de las organizaciones narcocriminales más importantes que operaban en región.

Además, Alcacer fue defensor de Luis Alberto Paz, procesado como jefe de una asociación ilícita dedicada a la venta de drogas y lavado de dinero proveniente del narcotráfico cuando era socio en su estudio jurídico del abogado Peirone (Defensor de Alvarado), quien era en ese momento asesor en la Secretaría de Control del Ministerio de Seguridad de la Provincia.