El fiscal Bel-Ford Claude solicitó que se investigue al primer ministro de Haití, Ariel Henry, como imputado en el caso del asesinato del presidente Jovenel Moise. Horas después de que Claude también le prohibiera a Henry la salida del país, el primer ministro anunció su destitución. El pedido del fiscal estaba basado en unas conversaciones telefónicas que Henry habría mantenido con uno de los principales sospechosos del crimen de Moise.
El sábado Henry había denunciado las "maniobras de distracción" del fiscal y este martes insistió en sus críticas al asegurar que "nada ni nadie, ni siquiera las amenazas de todo tipo" destruirán su "voluntad inquebrantable". Moise fue asesinado el pasado siete de julio por un comando armado en su vivienda de Puerto Príncipe. El magnicidio está en manos del juez Gary Orélien, la única autoridad competente para llamar a declarar a testigos o imputados, o para decidir quién es sospechoso por el crimen.
"Presunciones de asesinato"
El escrito presentado por el fiscal Bel-Ford Claude ante un tribunal de primera instancia de Puerto Príncipe fue breve pero lapidario: "Existen suficientes elementos comprometedores que forman mi convicción sobre la oportunidad de imputar al señor Henry y de pedir su inculpación pura y simple".
En una segunda nota, dirigida al director del Departamento de Inmigración y Emigración haitiano, Joseph Cianculli, el fiscal justificó la medida de prohibirle a Henry la salida del país señalando las "graves acusaciones de asesinato del presidente de la República".
La orden de prohibición de "abandonar por vía aérea, marítima y terrestre el territorio nacional" firmada por Claude se filtró este martes en las redes sociales. Las discrepancias entre los altos cargos se acrecentaron en las últimas semanas: medios de prensa haitianos aseguran que, además de pedirle la renuncia al propio Claude, había hecho lo mismo con el titular del ministerio de Justicia, Rockefeller Vincent, y el secretario del Consejo de Ministros, Rénald Lubérice.
Dos llamadas el día del magnicidio
El fiscal Claude entiende que el primer ministro Henry, apenas unas horas después del asesinato de Moise, mantuvo conversaciones telefónicas con una de las personas más requeridas por la investigación. Se trata de Joseph Félix Badio, exfuncionario de la unidad de lucha contra la corrupción, una dependencia del ministerio de Justicia, quien habría sido geolocalizado en el barrio donde se encuentra la residencia privada del presidente Moise por las llamadas realizadas a Henry a las 04:03 y luego a las 04:20 de la madrugada del día del atentado.
Badio está sospechado de ser quien coordinó la operación desde el terreno y sirvió de enlace con el comando de mercenarios colombianos que atacaron la residencia del presidente. Como un juez ya estaba a cargo de la investigación, el fiscal Claude no tiene potestad para citar a nadie a declarar, pero justificó su planteo evocando la "extrema gravedad" de este expediente "para la nación". Legalmente un primer ministro puede ser escuchado por un juez solo si el presidente de la República lo autoriza pero, tras la muerte de Moise, Haití se encuentra sin mandatario.
La semana pasada, el mismo Claude le envió una "invitación" a Henry a comparecer este martes para ser interrogado sobre las llamadas telefónicas, una citación que fue descalificada públicamente por el primer ministro. En su escrito, Claude le explicaba al jefe de Gobierno que su presentación ante la fiscalía era voluntaria "teniendo en cuenta las restricciones debidas a su condición de alto funcionario público".
La Oficina Haitiana para la Protección del Ciudadano se declaró "indignada y atónita" por la revelación de los contactos telefónicos. "Ariel Henry debe dimitir inmediatamente y ponerse a disposición de la justicia", dijo el sábado Renan Hedouville, titular de la institución pública.
"Falta administrativa grave"
Lejos de responder a las durísimas acusaciones, Henry comunicó la destitución de Claude en una carta fechada el lunes pero divulgada este martes por el gobierno, en la que se justifica la destitución por una supuesta "falta administrativa grave" cometida por el fiscal. "Tengo el placer de informarle que se decidió cesarlo del cargo", dijo el primer ministro en la escueta nota que se dio a conocer.
Su reemplazo en la fiscalía de Puerto Príncipe será Frantz Louis Juste, quien ya fue notificado. Según comentaron allegados de Henry al diario Gazette Haiti, el pedido de Claude quedaría sin efecto debido a que el fiscal ya había sido revocado al momento de pedir la imputación del primer ministro.
Este martes, desde su cuenta de Twitter, Henry salió a defenderse de las supuestas llamadas telefónicas y expresó: "Nada ni nadie, ni siquiera las amenazas de todo tipo, nos distraerán de nuestra voluntad inquebrantable e infalible de esta reconstrucción colectiva, para la felicidad de todas las niñas y todos los hijos de nuestra nación". A un mes del devastador terremoto que dejó al menos 2.248 muertos y 690 mil damnificados en Haití, el primer ministro aseguró que "ha llegado el momento de la recuperación y la reconstrucción".
"Las maniobras de distracción para crear confusión y evitar que la justicia haga su trabajo con calma no pasarán. Los verdaderos culpables, los autores intelectuales y los patrocinadores del atroz asesinato del presidente Jovenel Moise serán encontrados, llevados ante la justicia y castigados por su crimen", había dicho el propio Henry el sábado durante la firma de un acuerdo político con la oposición.
Henry continúa reuniéndose con partidos políticos en torno al acuerdo de "gobernanza pacífica y eficaz" que ya fue suscripto, según sus palabras, por 169 partidos y organizaciones de la sociedad civil. El nuevo gobierno de unidad, que deberá asumir sus funciones dentro de cinco días como máximo, mantendrá el poder hasta la celebración de las elecciones "a más tardar a finales de 2022, bajo el imperio de la nueva Constitución", según figura en el texto del acuerdo.
Henry, neurocirujano de profesión, fue nombrado primer ministro por Moise días antes de su muerte en lugar de Claude Joseph. El presidente haitiano fue asesinado el siete de julio por un comando de mercenarios colombianos contratados por una empresa de seguridad de Miami. Las autoridades haitianas informaron que 44 personas fueron detenidas, entre ellas 18 exmilitares colombianos y 12 policías del cuerpo de seguridad del mandatario que no reaccionaron ante el feroz ataque.