Ninguna conquista feminista es suficiente en un contexto global amenazado por el avance de una derecha cada vez más radicalizada y reaccionaria, aliada hasta su núcleo más duro con poderes eclesiásticos y de alcance mundial. En la misma semana que lxs activistas en México celebraron el fallo de la Corte Suprema que declaraba inconstitucional la criminalización del aborto, en Argentina una médica fue detenida en un hospital público e incomunicada durante seis horas por haber practicado esta intervención. Casi ese mismo día, se sancionó en Texas el invento de un nuevo vericueto legal que hace, virtualmente imposible, el acceso a esta práctica, equiparándola con un acto homicida. Mientras tanto, Capital Federal está a un paso de sumarse a las ciudades donde los discursos fascistas legitimados y sin medias tintas ocupan espacios legislativos, de la mano de figuras como Milei, que se consolidaron entre los votantes más jóvenes esgrimiendo utopías inconstitucionales de regímenes opresivos, a partir de una retórica del odio que busca dar por tierra cualquier derecho conquistado.
Sin dudas, hay muchísimo más en juego que solamente el acceso legal al aborto: estamos ante un cambio de paradigma que recrudece un discurso global de odio institucionalizado, que legitima una mirada precarizante sobre el mundo y que privilegia una lucha descarnada a favor del capital y de lo individual por sobre lo colectivo. Una visión transversal que construye como una carga la ampliación de derechos y que se disfraza de un augurio de libertad.
Si ponemos la lupa en Buenos Aires, Capital Federal está a un paso de sumarse a las ciudades con voces de ultraderecha en espacios legislativos. Además de "la sorpresa" Milei, María Eugenia Vidal, que también se posicionó como una aliada de “la familia”, “la tradición”, “las buenas costumbres” y el “niño por nacer” y, claro, la iglesia, se declaró admiradora del economista de los rugidos anti aborto y anti estado. En todo el país, por otra parte, el principal partido de oposición sumó a sus candidaturas a militantes celestes. A la vez que suman antiderechos, proponen -lo hicieron en la última semana de campaña- desmantelar la indemnización por despido. Y esos son tan solo algunos ejemplos del crecimiento de una derecha que pisa cada vez con más fuerza en estas latitudes.
Hay distintos parámetros que nos permiten dar cuenta de cómo los poderes religiosos de alcance global, aliados con figuras locales reaccionarias y conservadoras, ponen en riesgo derechos conquistados atentando, sobre todo, contra las mujeres, migrantes y el colectivo LGBTIQ. El acceso al aborto legal, cada vez más amenazado, nos puede dar pistas de cómo estas alianzas operan en distintos territorios. ¿Qué tan accesible es el aborto legal en donde los curas y los jueces cenan juntos en la misma mesa?
Santa política
Cada iglesia tiene su manual para intervenir en políticas públicas que socavan la autonomía de las personas gestantes. En Italia, la estrategia es ocupar espacios en hospitales privados y aliarse a grupos trasnacionales para impulsar campañas de comunicación agresivas en la vía pública. En Estados Unidos, el plan es dinamitar el acceso al aborto a través de la creación de leyes cada vez más complejas que lo impidan. En regiones de fuerte injerencia católica, como Salta, las fichas están puestas en acoplarse a poderes estatales para desguazar los equipos médicos que no sean objetores de conciencia, dilatar los tiempos hasta que el aborto sea inviable y amenazar a médicos y médicas, incluso a pacientes. ¿Qué ocurre en cada uno de estos casos?
Para Monique, una activista feminista salteña, el poder eclesiástico y el político están tan unidos, que es imposible distinguirlos. “No hay diferencia entre Cargnello (arzobispo salteño) y el gobernador”. Para comprobar esto, ella asegura que solo hace falta ver quiénes son elegidos para marchar al lado de la Virgen de los Milagros en las procesiones, un puesto político codiciado por el que los dirigentes más poderosos pelean.
Lo ocurrido en Salta con respecto a la médica detenida en Tartagal a principios de septiembre da cuenta de esta dinámica. Miranda Ruiz, la doctora residente del Hospital Juan Domingo Perón, fue denunciada por el tío (policía) de la paciente a la que le practicó una ILE. El juez Fernando Mariscal Astigueta es quien ordenó la detención. Él es el mismo que intervino en el caso “Juana”, en el que un grupo de ocho criollos violaron en manada a una niña Wichí de 12 años. Astigueta no solo la obligó a gestar hasta que se le practicó una cesaría, sino que tampoco se movió para buscar pruebas concretas. “Ese juez fue puesto en situación de jury de enjuiciamiento, sin embargo, la senadora provincial Silvina Abilés fue a salvarlo y no dejó que el jury prospere. Este juez sigue en su cargo y hoy toma estas decisiones, sabe muy bien cómo se tienen que proteger”, sostiene la abogada del colectivo “Católicas por el derecho a decidir”, Mónica Menini. Abilés tiene en su Instagram imágenes de crucifijos, vírgenes, altares y "marchas patrióticas”. “Fe y tradición son los pilares de nuestro pueblo”, escribió en un post.
“Las iglesias cristianas católicas y evangelistas en salta han cumplido un rol conservador político de mucha influencia en nuestra provincia. Esto traviesa cargos dentro del poder legislativo, el judicial, incluso en todo el sistema educativo. Hay un trabajo de parte del poder de las iglesias, especialmente las católicas y evangelistas, que buscan poner a sus alfiles dentro del poder, y esto se ve cuando suceden estas situaciones, con una medica detenida desde dentro de un hospital”, sostiene Menini.
Italia y el peso de las sotanas
Italia es otro ejemplo de un país donde la iglesia católica encuentra sus propios mecanismos para operar en el poder y obstaculizar el acceso al aborto. Aquí “el aborto es una práctica establecida por la ley y es posible realizarlo en estructuras públicas o privadas, que tengan un convenio con la administración regional. Cada región tiene autonomía en materia de salud, por lo que hay algunas que han establecido reglas para garantizar el acceso a este servicio, pero la mayoría no lo hizo. Por otro lado, hay instituciones donde todo el personal es objetor de conciencia”, señala Eleonora Cirant, una activista feminista italiana. “El problema con los hospitales privados afiliados es que, a menudo, son administrados por organizaciones católicas. El mundo católico en Italia ha ocupado constantemente el sector de la salud y los hospitales que están acreditados, que tienen acuerdos con las administraciones, hacen objeción de conciencia para toda la estructura”.
“Luego están los grupos católicos más radicales, implicados en una amplia coalición internacional que hace de la negación de la existencia de las personas LGBT Q y los derechos sexuales y reproductivos su principal objetivo. Ellos se mueven aquí en distintas áreas de acción específica: una son las administraciones municipales, a donde acceden instalando a su gente. En los últimos dos años, se han presentado muchas mociones para que los municipios financien organizaciones ‘pro-vida’ y campañas de información falsa”, asegura. En definitiva, “hay una matriz de pensamiento católico que opera en la cultura general, pero también hay grupos concretos organizados, que utilizan los medios que la política municipal o regional provee para financiarlos”, dice Eleonora.
Roe vs Wade en peligro
Estados Unidos, por otro lado, es un país con una mayoría cristiana evangélica, donde también abundan los grupos trasnacionales que militan globalmente para defender a “la familia” (cristiana). A principios de septiembre, en Texas se sancionó una ley que indica que cualquier sujeto individual puede iniciar un proceso penal contra quienes ayuden a proveer un aborto legal a alguien con más de seis semanas de gestación. Es decir, que hasta el chofer del UBER que lleva a una mujer a una clínica a realizarse esta intervención podría ser demandado.
Cora Fernandez Anderson es profesora de ciencias políticas, es argentina y vive en Massachussets desde hace 20 años, donde investiga los mecanismos para acceder a los derechos reproductivos en distintos países de América. Para ella, las intenciones detrás de esa ley no son algo nuevo. En 1973 se declaró la legalidad del aborto en el famoso fallo Roe Vs. Wade. Sin embargo, desde la asunción de Reagan en el poder, la derecha cristiana comenzó a ocupar un lugar de privilegio en el partido republicano. Dentro de ese marco, intentar restringir el acceso al aborto fue uno de los temas más relevantes para la agenda de ese grupo, que trató de erosionar este derecho a nivel estatal.
Para Cora, cuando un estado logra pasar una ley que dinamita la autonomía de las personas gestantes, eso inmediatamente se replica en las jurisdicciones aledañas. Por eso, es posible encontrar en EEUU territorios grandes como países, (en la zona del sur y el centro), en donde solo hay una clínica por Estado habilitada para hacer abortos. Estos fallos no pueden prohibir el aborto, pero sí pueden poner palos en la rueda y establecer nuevos criterios que elevan la vara de la dificultad para realizar esta intervención, haciéndola virtualmente imposible.
“Estas legislaciones están dirigidas específicamente a las clínicas de aborto, que es básicamente lo único que hacen, y esto es un gran limitante, porque quienes están en contra se enfocan en que estas instituciones no puedan realizar su trabajo. Por ejemplo, organizan protestas regulares afuera de las clínicas para estigmatizar a los pacientes, o hacen pasar leyes que marcan requisitos ridículos sobre cómo tienen que ser estos espacios, para que tengan que cerrarlos”, sostiene Cora. Otro método que utilizan los grupos católicos organizados es establecer normativas estatales dirigidos a lxs pacientes que hagan que abortar sea cada vez más engorroso. Por ejemplo, obligar a las personas gestantes a escuchar el “latido del corazón” del feto, tener un tiempo de espera entre que se contactan con la clínica y finalmente se realizan el aborto, y forzar a los médicos a advertir que esta práctica puede generar cáncer o traumas psicológicos, entre otros motivos sin sustento científico.
Como señala Cora, la reciente ley instaurada en Texas inaugura una nueva estrategia legal, que podría hacer peligrar Robe Vs. Wade. Esta normativa establece que es ilegal realizar un aborto después de las 6 semanas de gestación, un tiempo en el que es casi imposible darse cuenta que una persona está embarazada. Por otro lado, le otorga la autoridad para implementar la ley a cualquier ciudadano individual. Ya no es el estado quien te puede llevar a juicio, sino que cualquier persona puede empezar un proceso en contra de lx medicx, su secretarix o quien sea que haya ayudado a llevar un aborto a término, desde el equipo contable de la clínica hasta unx instrumentadorx.
Las derechas se radicalizan
En Estados Unidos, un aborto medicamentoso en el primer trimestre cuesta alrededor de 500 dólares. Sin embargo, hay muchísimos casos en los que una persona tiene que tomar un vuelo de cuatro horas o manejar durante días para llegar a una clínica: una consigna extremadamente difícil para quienes no pueden permitirse faltar a sus trabajos, ni tienen el dinero para traslados o para pagar las pastillas. Para Cora, las restricciones son tan fuertes, que la única opción sería hacer un aborto ilegal, sin embargo, muchísima gente no sabe ni de la existencia del misoprostol, y tampoco está enterada de que hay redes feministas que buscan ayudar a quienes están en esta situación. La diversidad idiomática característica de ese país también es una traba para el acceso a la información.
La derecha nos respira en la nuca y no solo en términos de aborto sí, aborto no. Estamos ante una coyuntura global atravesada por grupos católicos fanáticos y reaccionarios, organizados globalmente para atacar en simultáneo. Ahora van por los derechos reproductivos y del colectivo LGBTIQ, y saben muy bien qué hilos mover y dónde instarse para hacerlo. Mientras continúen existiendo grupos trasnacionales obsesionados con imponer una agenda reaccionaria, y mientras haya Mileis y María Eugenia Vidales dispuestos a cimentar su poder basado en mensajes de odio, los feminismos no pueden sacar el pie del acelerador. Aunque algunos triunfos tal vez nos hicieron creer que el cielo se está abriendo, los feminismos necesitan más política. Porque esto es solo el principio. ¿Qué sigue después?
