“Por eso, Alberto, no tenemos que permitir que Dow Chemical, en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, cierre esa fábrica tan importante que produce insumos plásticos para toda la industria. Es una firma muy importante”. El pedido de Cristina Fernández al propio presidente sonó como una letanía en los oídos de Mauricio Brizuela y los dirigentes del Soepu.

Todos recuerdan cuando los 28 periodistas despedidos de LT8, el grupo UNO de Vila-Manzano no acataban la conciliación del Ministerio de Trabajo de la provincia y el reclamo llegó a oídos de Cristina. Ahí dijo que si no había reincorporación inmediata no habría más pauta oficial. En 48 horas el ex Ministro de Trabajo Carlos Tomada tenía sentado al propio Daniel Vila en la audiencia y no hubo despidos. Así mismo, cuando Metrovías amenazaba con despedir a los delegados cuando se venciera el fuero sindical y dijo que “si tocan un delegado no habrá más concesión”. Benito Roggio desistió de aquella decisión. De estos dichos son testigos Beto Pianeli, los propios metrodelegados y el secretario general del Sindicato de Prensa de Rosario, Edgardo Carmona.

Las palabras de Cristina también generaron alivio en los trabajadores petroquímicos que sentían bronca e impotencia por los dichos del Ministro de la Producción de Santa Fe, Daniel Costamagna, y el propio ministro nacional Matías Kulfas, en el sentido de que una decisión que toma una multinacional para deslocalizar sus plantas es irreversible. ¿Mirada colonizada? ¿Incomprensión de la lucha del movimiento obrero en defensa de sus derechos? ¿O simplemente compulsión a no cuestionar al poder real? Eso se preguntaban los dirigentes aturdidos por esas expresiones.

En contraste, la seguidilla de declaraciones en favor de la eliminación de la indemnización por antigüedad en boca de Horacio Rodríguez Larreta, Facundo Manes, Ricardo López Murphy y Diego Santilli, responde a la demanda del poder económico concentrado.

Los proyectos en pugna marcan el contorno de la post pandemia. O vamos hacia la recuperación económica, a retomar el proyecto de reindustrializarnos salvando empresas y recuperando puestos de trabajo, con el apoyo puesto en el empresariado nacional y de pequeño y mediano tamaño, o marchamos a una mayor concentración poniendo la acción de gobierno al servicio del poder concentrado eliminando derechos individuales como la indemnización, y colectivos como son los derechos sindicales, las condiciones de trabajo, o el propio régimen de la jornada laboral.

Cristina Fernández es la líder política más importante de esta etapa. Su aparición, dosificada siempre, instala la agenda del debate. Su pedido, en medio del cierre de la campaña, no va a quedar como una frase más fuera de contexto. La estrategia del Soepu para resistir el cierre de Dow tiene todas las condiciones de transformarse en una victoria que fortalezca a los trabajadores cuando la crisis aún sigue golpeando.

El debate sobre la eliminación de las indemnizaciones o su reformulación tiene una larga historia y sigue siendo una bandera central del movimiento obrero. No pudieron reformarla desde el gobierno en la década del 90, no se animaron en el macrismo, menos lo lograrán desde la oposición en esta etapa. Hay demasiados derechos acumulados en la antigüedad en un puesto de trabajo como para llevárselos puesto con cuatro gritos.

La derecha encerrada en su lógica antiderechos compite entre sí amenazando a los sectores laborales, a las conquistas del movimiento de mujeres, a los avances logrados en materia de derechos humanos y poniendo en tela de juicio los consensos democráticos logrados tras el fracaso del terrorismo de Estado.

Algo aparece como inevitable la Argentina de la post pandemia se construirá con grandes combates donde los protagonistas serán los sectores amenazados por la política de ajuste que siempre impone el Fondo Monetario Internacional. Mauricio Macri se fue derrotado en 2019 pero el país quedó como un campo minado y lleno de cazabobos.