La pequeña localidad ubicada en el departamento Los Andes, en la Puna salteña, sorprendió con su decisión de cerrar sus puertas a todos los que aún no estén vacunados o no presenten un test rápido o PCR negativo, algo que no sucede en ningún otro lugar de Salta o el país, ya que de alguna manera, impediría la libre circulación de las personas en un momento en el que no existen restricciones de ese tipo.

La medida, se tomó a través de una resolución municipal avalada por el Comité Operativo de Emergencia (COE) local y el Concejo Deliberante. Y según su intendente, Sergio Villanueva, se dio aviso al COE provincial, que los autorizó.

“El COE resolvió el ingreso al pueblo con el carnet de vacunación y el DNI que certifique la identidad, o un PCR o test rápido negativo”, confirmó el jefe comunal a Salta/12, y añadió que por la distancia que hay con los hospitales más importantes, prefieren seguir cuidándose porque “con un contagiado que se pone mal es muy complicado llegar a Salta”.

Pero aclaró que la medida la tomaron “sabiendo que ya la mayoría de la gente está vacunada y no va a generar mayores complicaciones”.

Ese poblado ubicado sobre la ruta provincial 27, que creció a la vera del Ferrocarril Belgrano, en el ramal C 14 que cruza a Chile por el Paso Internacional de Socompa, tiene solo tres concejales. Dos de ellos ratificaron a este medio que la decisión se tomó en conjunto y es respaldada por todos sus habitantes.

“Nosotros somos parte del COE municipal, y todos dimos el visto bueno porque tiene que ver con el cuidado de nuestra gente”, dijo la edil Gabriela Cruz, aunque aclaró que se flexibilizó un poco la circulación “porque antes estábamos dejando pasar solo con los estudios negativos. A la entrada controla la policía y pide esos papeles, el que no los tiene no puede pasar”, detalló.

En tanto, otra concejala, Graciela Soriano, también defendió la resolución, “todos estuvimos de acuerdo, porque es la única forma de abrir el pueblo a los turistas y viajeros, para que estemos controlados”, y argumentó como lo hizo el intendente, sobre la base de que “no se pueden mantener los hisopados todo el tiempo y el hospital no tiene las condiciones" para atender casos más graves de la enfermedad.

Soriano contó que la resolución se dictó el primero de septiembre “para permitir que lleguen turistas, que vienen con la reserva y ya avisados que tienen que traer el carnet o el test negativo”, “los vecinos que alquilan le avisan al COE quiénes van a venir, qué día, y esa información la tiene la policía que está al ingreso del pueblo”, detalló.

La medida, aunque no llega a ser tan radical, recuerda a lo sucedido en Iruya en marzo de 2020, cuando se determinó que el virus SARS-CoV-2 ya había ingresado al país y se comenzaron a dictar las primeras restricciones nacionales y provinciales. En ese momento, el Concejo Deliberante de aquella localidad aprobó una ordenanza que disponía instalar un vallado e impedía el ingreso de cualquier persona. Pero la decisión más fuerte fue la de expulsar por la fuerza en camiones a los turistas que se encontraban allí.

Las imágenes recorrieron todo el país, y el enojo de las autoridades de Humahuaca, en la vecina provincia de Jujuy, se hicieron sentir, ya que los camiones dejaron a los varados en esa ciudad, que se encuentra a la salida de Iruya, emulando lo sucedido el 14 de julio de 1977, cuando el dictador e interventor tucumano, Domingo Bussi, decidió introducir en un camión a todas las personas en situación de calle y dejarlas abandonadas en los límites con la provincia de Catamarca. Esas imágenes fueron retratadas años después por el director salteño Rolando Pardo en la película La Redada. 

Meses después innovarían nuevamente al colocar un portón en medio de la ruta de ingreso, justo en un tramo angosto de cornisa, por lo que solo podían ingresar vehículos con la debida autorización y en ciertos horarios.