Dos ongs decidieron dar de baja el convenio con el Gobierno de la Ciudad por el que administraban dos Centros Integrales de la Mujer (CIM), debido a un proceso de desgaste por falta de presupuesto, conflictos con la gestión y una propuesta de bajar la calidad en la atención de las mujeres víctimas de violencia de género. Desde la Dirección General de la Mujer informaron que los CIMs no van a cerrar y van a seguir funcionando en espacios propios y gestionados por trabajadoras de la DGMuj.

Los dos CIM son el Fenia Chertkoff, ubicado en Bonpland 723, Comuna 15, y Trayectoria para una vida sin violencia, ubicado en Zapiola 4583, Comuna 12. Ambos CIM tenían un convenio con el Gobierno de la Ciudad desde hacía cuatro años y decidieron darle de baja a partir del mes de octubre. Fernanda Tarica, fundadora y directora de Shalom Bait y a la vez presidenta de Trayectoria para una vida sin violencia, explicó a Página/12 que el detonante fue el la decisión del ejecutivo porteño de que los CIM dieran respuesta al plan Nacional Acompañar (que otorga a mujeres víctimas de violencia un sueldo mínimo por seis meses y el acompañamiento integral en el proceso de salir de la violencia) porque eso generó un aumento masivo de las consultas. Estaban dando turnos para dentro de tres semanas y cuando quisieron discutirlo con las autoridades, les plantaron que tenían que reducir los tiempos de las admisiones. “Nos dijeron ‘entre paciente y paciente, mechás una admisión’”, contó Tarica, planteo que desconoce que las mujeres no son pacientes y que el tiempo que se necesita para una entrevista de primera vez es mucho mayor que para personas que ya son atendidas. Además, informó, que hubo una comunicación general en la que el Gobierno establecía que las admisiones debían ser sin turno previo. “A esto le dijimos basta, a bajar la calidad de atención, a atender rápido. Ese fue el desencadenante, una exigencia para nosotras inaceptable”, contó. Consultada por esto, Carolina Barone, directora desde hace un par de meses de la DGMuj, dijo a este diario que el área tiene sus propios protocolos de atención desde hace veinte años: “se les pide que se garantice el acceso y la celeridad al servicio integral”.

El problema de fondo es el presupuesto. En cuatro años hubo un 52 por ciento de aumento. Actualmente el convenio les otorga 340 mil pesos por mes, con lo que tienen que sostener un equipo compuesto por una coordinadora, una administrativa, una psicóloga, una trabajadora social y una abogada, además de pagar el alquiler de un espacio enorme y cubrir todos los gastos. 

Pero más allá de eso, la ong da cuenta de un gran proceso de desgaste por falta de respuesta de parte de las autoridades a sus planteos. “Durante la pandemia pedimos equipos de protección y discutimos hasta por un termómetro a distancia, que no nos lo dieron, lo compramos nosotras”, contó Tarica. “Esto también es un modelo para las mujeres. En algún momento hay que poner un límite y defender algunos ideales. Hay cosas inadmisibles. Reducir la calidad de atención, instalar prácticas revictimizantes no son cosas que se puedan aceptar”, apuntó.

Barone dijo a este diario que se sorprendió por el pedido de rescisión del convenio pero quiso transmitir tranquilidad a las mujeres de la ciudad informando que desde el 1 de octubre los CIMs comenzarán a funcionar en locaciones propias, atendidos por trabajadoras del Gobierno de la Ciudad, de carrera, y que también contratarán las que sean necesarias.

Los CIM son espacios donde las mujeres pueden denunciar situaciones de violencia, recibir acompañamiento, orientación e incluso patrocinio jurídico. Su ampliación en los últimos años viene a dar respuesta a un reclamo del movimiento de mujeres y que pudo plasmarse en ley con el impulso de la primera movilización de Ni Una Menos del 3 de junio de 2015. La ley 5466, aprobada en 2015, obligó al Ejecutivo porteño a ampliar los CIM a por lo menos uno por comuna “hasta cumplimentar el máximo de 1 cada 50.000 mujeres por comuna”. Y el Gobierno tomó como bandera la idea de compromiso cumplido porque a partir de la ley inauguraron nueve Centros Integrales de la Mujer, que se sumaron a los existentes. “Con lo que cumplimos con el compromiso, ya que contamos con 16 CIM en las 15 Comunas de la Ciudad”, se anuncia en la página web del ejecutivo. La tercerización de las obligaciones del Estado es cuestionada desde entonces por trabajadoras de la Dirección General de la Mujer (DGMuj), legisladore/as, organizaciones de mujeres y organismos públicos que ven con preocupación una política estatal sostenida en el trabajo de las ongs.

Lo que la decisión de estas ongs parece poner al descubierto es que la precarización de la DGMuj, que se denuncia hace años desde múltiples espacios, termina cayendo también sobre las ongs conveniadas. Según contó Tarica, por ejemplo, al principio el convenio les permitía contratar más profesionales pero con el paso de los años se fue depreciando en caída libre. Por otro lado, llama la atención el cambio de autoridades constante en la DGMuj, que a vistas de lo que sucedió en los últimos años, pareciera ser una política. La jerarquización del área es un reclamo que también tiene varios años. Pero el oficialismo rechazó el año pasado la creación de un Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad en la Ciudad.

“Ojalá que esto sirva para cambiar las condiciones, no para nosotras que no volvemos, pero sí para las ongs que siguen”, apuntó Tarica