El ex juez español Baltasar Garzón fue categórico al mostrar su desacuerdo con el fallo de la Corte Suprema que permite la aplicación del 2x1 a genocidas. “Es un momento muy preocupante, más leía el fallo, y más perplejo me sentía”, consideró el magistrado que en los 90 inició los juicios contra los represores argentinos, el atajo que se encontró para sortear la impunidad que reinaba en el país por las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y los indultos.
“Entiendo que la posición de la Corte es muy peligrosa, porque afectaría a casi 300 represores. Por suerte, vimos la inmediata reacción de las víctimas, la sociedad y ahora el Congreso. Por eso estoy un poco más tranquilo, porque lo que interpretan los jueces no se ajusta al derecho interno”, dijo en declaraciones al programa Te quiero a la AM 750.
Garzón estimó que el beneficio no es aplicable a responsables de crímenes de lesa humanidad. “Lo que está claro es que los tratados que la Argentina ratificó obligan a sancionar el delito, y el país cumplía las exigencias. El fallo invierte la relación, no sanciona adecuadamente, incorpora una ley derogada al amparo de la ley más benigna cuando nunca se usó para estos delitos. Que aparte no se aplicaba porque estaban vigentes las leyes de Punto Final y Obediencia Debida”. Y puntualizó: “No son crímenes comunes, y el país así lo estableció a partir de 1994, aplicando el derecho interno argentino se equivocan”.
Respecto de morigerar penas, y siempre de acuerdo a tratados internacionales suscriptos por la Argentina, no hay mayores dudas, según Garzón. “En la Corte Penal Internacional se establece la ejecución de penas, debe haber un mínimo de 25 años. Recién después de eso se puede hablar de atenuación, con algunos elementos como la colaboración, eso no se da en el caso argentino”.
También se mostró crítico del cambio de postura de los jueces respecto de fallos anteriores. “Aspiro a que haya sido un error guiados por buena fe, si no sería grave. Los dictámenes previos no avalan la posición de la Corte, espero que no sigan en el yerro. El cambio de postura se tiene que explicar muy bien, no es el caso de Highton, es incomprensible”. Y no dudo en remarcar que “la sentencia se produce después de un hecho político que fue el cambio de gobierno. Se ha visto en algunas resoluciones, y esto entra en esa dinámica, se persigue a jueces críticos, a la procuradora Gils Carbó. No se puede perder el terreno ganado a la impunidad, la consolidación de los derechos de las víctimas y su lucha, y la independencia del Poder Judicial. Si los jueces se prestan al vaivén político de turno, eso es muy peligroso”.
Finalmente, consideró que los organismos internacionales de derechos humanos pueden sentirse “alerta” por el caso argentino, en relación al fallo de la Corte y al caso de Milagro Sala. “Es inaceptable que esté privada de su libertad. Obedece a un criterio político muy grave. Ambos casos ponen en agenda sistema de protección de derechos humanos en la Argentina. De ser un paladín en defensa de los derechos humanos, puede verse cuestionada su posición”.
