“Desahucio forzoso” o “desalojo silencioso”. Estas expresiones, volcadas en una nota que Hernán Rachid, subsecretario de Programas de Desarrollo Productivo, y María José Castillo, directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la Secretaria de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCI) de la Nación, dirigieron a la ministra de Ambiente de Jujuy, Maria Inés Zigarán, resumen las posibles consecuencias de un desmonte que pretende realizar el empresario Néstor Cervera en la finca El Mistol, en el departamento jujeño de Santa Bárbara, que linda con la provincia de Salta. 

Por el pedido de autorización del desmonte presentado a la Secretaría de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable de Jujuy, el gobierno convocó a una audiencia pública que tendrá lugar hoy a las 10.30 en el Salón de Uso Múltiples ubicado al lado de la Comisión Municipal de Vinalito. Sin embargo, la mayor parte de la población campesina afectada es de la jurisdicción de Palma Sola, municipio que, mediante la ordenanza Nº 153/2016, declaró su zona rural como “Área Campesina”. Ambos municipios se encuentran dentro del departamento Santa Bárbara.

“La finca tiene dos accesos. Uno es por Vinalito y otro por Palma Sola”, explicó Castillo a Salta/12. La elección del sitio para la audiencia parece haber sido influenciada por un precedente de 2014. Aquel año, Cervera presentó un pedido para desmontar 12 mil hectáreas de la misma Finca El Mistol. La audiencia se hizo en Palma Sola y la resistencia del campesinado fue más fuerte. El desmonte le fue denegado.

En el expediente presentado por Cervera ante la Secretaría de Biodiversidad de Jujuy se indica que El Mistol (que se desmembró de una finca más grande de casi 50 mil hectáreas), cuenta con un poco más de 18.800 hectáreas. Pero “la cédula parcelaria habla de 13 mil hectáreas”, sostuvo la funcionaria nacional al detectar la primera incongruencia del expediente presentado.

El actual proyecto es para desmontar unas 2.400 hectáreas. Esto llevaría el desmonte total dentro de la finca El Mistol a más de 5.000 hectáreas efectivamente deforestadas, según surge del expediente.

Lo que no se pudo establecer es si los desmontes anteriores (de unas 3.100 hectáreas) fueron autorizados, y si los hizo Cervera desde 2011 en adelante (cuando compró la finca según la cédula parcelaria), o el anterior titular registral de la finca. No existe un monitoreo integral de todos los desmontes que se realizaron en la zona y, por lo tanto, no se pueden prever las implicancias que ello podría generar para las poblaciones de Santa Bárbara, el área de influencia del Parque Nacional Calilegua (que trabaja con proyectos productivos para el campesinado), en incluso para las zonas limítrofes de Salta, en donde también los desmontes ganaron terreno.

Un campesino que ganó el juicio

“Esos desmontes se hicieron después de 2011”, dijo Gloria Mamaní, campesina de la zona y actual coordinadora de la SAFCI en la zona. Contó que en 2014 cuando se quiso avanzar con el trámite por el desmonte de las 12 mil hectáreas, “nos enteramos un día antes de la audiencia y no nos pudimos anotar. Pero tampoco nos dejaron que participemos”. La alternativa del campesinado fue un corte de ruta para evitar el paso de quienes pretendían llegar a la audiencia.

Nunca se enteraron de otras audiencias públicas para realizar más desmontes. Sí fueron testigos, en cambio, de las recurrentes detenciones de Rolando Páez, a quien “lo metían varias veces preso para meter las topadoras con las que hacían picadas y desmontes”. Mamaní afirmó que se cansaron de realizar las denuncias ante el Ministerio de Ambiente jujeño “pero ellos (los propietarios de la finca) siguieron con los desmontes”.

Páez es uno de los campesinos que tiene su casa dentro de la finca El Mistol. Pese a los intentos de desalojarlo mediante la Justicia acusándolo de usurpación, el empresario perdió ante el Tribunal en lo Criminal Nº 2 de Jujuy el 20 de septiembre de 2018. De la nota presentada por Castillo y Rachid surge que en el fallo “se expresa claramente sobre la presencia de las familias campesinas y el uso de territorio que realizan en el lugar denominado Paraje Las Vertientes, donde se ubica la finca El Mistol, refiriendo que es una ‘zona de tipo Chaqueño, zona de chaco jujeño, zona de monte, con flora de tipo chaqueña con diversidad de árboles y animales y en ese ambiente natural se desarrollan actividades ganaderas a monte abierto, donde los animales se alimentan de forraje del monte, los frutos, las hojas naturales, y es una actividad bien diversa, en general también hacen mayormente ganado vacuno, cerdos, gallinas… El ganado se caracteriza por andar a monte abierto pastoreando por distintos sectores”. 

Páez y otras 12 familias campesinas habitan, poseen y tienen zonas de pastoreo en la finca y serían quienes sufrirán la afectación directa de los desmontes que propone hacer El Mistol.

Pero no solo esta finca genera el problema de raíz para el campesinado. Pues en la zona hay otras superficies con sembradíos de soja que han afectado sus producciones. Se calcula que hay unas 100 familias que están quedando acorralados por los desmontes y sus consecuentes monocultivos.

La deforestación no es el único problema. “Sufrimos de las fumigaciones que nos pasan por arriba de la cabeza”, sostuvo Mamaní. “Para nosotros viene siendo un gran dolor e impotencia que autoridades no tomen cartas en el asunto porque nos sacan derechos como campesinos y afectan nuestra producción. Estamos tristes porque no hay justicia para el campesino ni nuestros derechos cuando somos quienes producimos el alimento”, agregó.

Comunidades guaraníes también

Castillo afirmó que en la zona que se quiere desmontar también hay comunidades guaraníes que podrían ver afectadas sus territorios por el desmonte. Pero del expediente no surge la existencia de encuestas ni a los campesinos (algunos de ellos con sus casas dentro de la finca), ni a las comunidades originarias que, por ley, deberían haber sido consultadas de manera previa, libre e informada sobre los desmontes. 

La única referencia que se ve en parte del expediente indica que la finca “tiene su perímetro alambrado en su totalidad para evitar la destrucción de sus cultivos, pero constantemente son derribados por pastajeros vecinos que poseen muchas cabezas de ganado y poca tierra”. 

La preocupación de quienes esperan detener el desmonte es que la audiencia sea un mínimo trámite a cumplir para aprobar la deforestación y así, contribuir al desarraigo forzado del campesinado de la zona.